Distr.
General
A/CONF.183/9
17 de
julio de 1998
ORIGINAL: ÁRABE/CHINO/
ESPAÑOL/FRANCÉS/ INGLÉS/RUSO
ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una co=
rte
penal internacional.
PREÁMBULO
Conscientes de que todos los pueblos
están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrim=
onio
común y observando con preocupación que este delicado mosaico
puede romperse en cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo,
millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de
atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundam=
ente
la conciencia de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crí=
menes
constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la
humanidad,
Afirmando que los crímenes m&aac=
ute;s
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no d=
eben
quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano
nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar q=
ue
sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de=
los
autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevenci&oac=
ute;n
de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado
ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crím=
enes
internacionales,
Reafirmando los Propósitos y
Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Est=
ados
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra =
la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Esta=
do o
en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Nacio=
nes
Unidas,
Destacando, en este contexto, que nada =
de lo
dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de=
que
autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto
armado en los asuntos internos de otro Estado,
Decididos, a los efectos de la
consecución de esos fines y en interés de las generaciones
presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de
carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las
Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,
Destacando que la Corte Penal Internaci=
onal
establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de l=
as
jurisdicciones penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia
internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera, =
Han convenido en lo siguiente: <= o:p>
PARTE
I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE
Artículo
1
La
Corte
Se instituye por el presente una Corte =
Penal
Internacional ("la Corte"). La Corte será una instituci&oa=
cute;n
permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sob=
re
personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá
carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La
competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las
disposiciones del presente Estatuto.
Artículo
2
Relación
de la Corte con las Naciones Unidas
La Corte estará vinculada con las
Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los
Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la
Corte en nombre de ésta.
Artículo
3
Sede
de la Corte
1. La sede de la Corte estará en=
La
Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión"). =
2. La Corte concertará con el Es=
tado
anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la
Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en
nombre de ésta.
3. La Corte podrá celebrar sesio=
nes en
otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto=
en
el presente Estatuto.
Artículo
4
Condición
jurídica y atribuciones de la Corte
1. La Corte tendrá personalidad
jurídica internacional. Tendrá también la capacidad
jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones=
y
la realización de sus propósitos.
2. La Corte podrá ejercer sus
funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente
Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial=
, en
el territorio de cualquier otro Estado.
PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE <= o:p>
Artículo
5
Crímenes
de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se
limitará a los crímenes más graves de trascendencia pa=
ra
la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competenc=
ia,
de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes
crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanida=
d;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
2. La Corte ejercerá competencia
respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una
disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que=
se
defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.
Esa disposición será compatible con las disposiciones pertine=
ntes
de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo
6
Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se
entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos menciona=
dos
a continuación, perpetrados con la intención de destruir tota=
l o
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como ta=
l:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad
física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a=
condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, to=
tal
o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimie=
ntos
en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niñ=
os del
grupo a otro grupo.
Artículo
7
Crímenes
de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto,=
se
entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los
actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzos=
o de
población;
e) Encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzad=
a u
otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de gén=
ero
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos
como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión =
con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier cri=
men
de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de perso=
nas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de cará=
cter
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemen=
te
contra la integridad física o la salud mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1: =
a) Por "ataque contra una
población civil" se entenderá una línea de conduc=
ta
que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la
política de un Estado o de una organización de cometer esos a=
ctos
o para promover esa política;
b) El "exterminio"
comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida,=
la
privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminada=
s a
causar la destrucción de parte de una población;
c) Por "esclavitud" se
entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sob=
re
una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos=
en
el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por "deportación o trasl=
ado
forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de =
las
personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zon=
a en
que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados po=
r el
derecho internacional;
e) Por "tortura" se
entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya se=
an
físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custo=
dia
o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o=
que
sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por "embarazo forzado" se
entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha
dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la
composición étnica de una población o de cometer otras
violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se
entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho
interno relativas al embarazo;
g) Por "persecución" se
entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional en raz&oacu=
te;n
de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por "el crimen de apartheid&quo=
t; se
entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los
mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un
régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos racial=
es y
con la intención de mantener ese régimen;
i) Por "desaparición forzad=
a de
personas" se entenderá la aprehensión, la detenció=
;n o
el secuestro de personas por un Estado o una organización
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguid=
o de
la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la
intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un perío=
do
prolongado.
3. A los efectos del presente Estatuto =
se
entenderá que el término "género" se refiere=
a
los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El
término "género" no tendrá más
acepción que la que antecede.
Artículo
8
Crímenes
de guerra
1. La Corte tendrá competencia
respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan c=
omo
parte de un plan o política o como parte de la comisión en gr=
an
escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto,=
se
entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones graves =
de
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los
siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones =
del
Convenio de Ginebra pertinente:
i) Matar intencionalmente;
ii) Someter a tortura o a otros tratos
inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
iii) Infligir deliberadamente grandes
sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la
salud;
iv) Destruir bienes y apropiarse de ell=
os de
manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilíc=
ita
y arbitrariamente;
v) Obligar a un prisionero de guerra o =
a otra
persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga=
;
vi) Privar deliberadamente a un prision=
ero de
guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;
vii) Someter a deportación, tras=
lado o
confinamiento ilegales;
viii) Tomar rehenes;
b) Otras violaciones graves de las leye=
s y
usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco =
del
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: =
i) Dirigir intencionalmente ataques con=
tra la
población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen
directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques co= ntra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares; <= o:p>
iii) Dirigir intencionalmente ataques c=
ontra
personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participante=
s en
una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho=
a
la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al
derecho internacional de los conflictos armados;
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a
sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civile=
s o
daños a objetos de carácter civil o daños extensos,
duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en
relación con la ventaja militar general concreta y directa que se
prevea;
v) Atacar o bombardear, por cualquier m=
edio,
ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que =
no
sean objetivos militares;
vi) Causar la muerte o lesiones a un en=
emigo
que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se h=
aya
rendido a discreción;
vii) Utilizar de modo indebido la bande=
ra blanca,
la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de
las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Conven=
ios
de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
viii) El traslado, directa o indirectam=
ente,
por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio
que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de =
la
población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; =
ix) Los ataques dirigidos intencionalme=
nte contra
edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la
beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa=
a
enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
x) Someter a personas que estén =
en
poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos
médicos o científicos de cualquier tipo que no estén
justificados en razón de un tratamiento médico, dental u
hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la mue=
rte
o pongan gravemente en peligro su salud;
xi) Matar o herir a traición a
personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;
xii) Declarar que no se dará cua=
rtel;
xiii) Destruir o confiscar bienes del
enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o
inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de =
la
parte enemiga;
xv) Obligar a los nacionales de la parte
enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su prop=
io
país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la
guerra;
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, in=
cluso
cuando es tomada por asalto;
xvii) Veneno o armas envenenadas;
xviii) Gases asfixiantes, tóxico=
s o
similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo=
;
xix) Balas que se abran o aplasten
fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no rec=
ubra
totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
xx) Emplear armas, proyectiles, materia=
les y
métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños
superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en
violación del derecho humanitario internacional de los conflictos
armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiale=
s o
métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y
estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una
enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el
particular, figuran en los artículos 121 y 123;
xxi) Cometer ultrajes contra la dignida=
d de
la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido = en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra; <= o:p>
xxiii) Aprovechar la presencia de civil=
es u
otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares
determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques =
contra
edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra perso=
nal
habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Gineb=
ra
de conformidad con el derecho internacional;
xxv) Provocar intencionalmente la
inanición de la población civil como método de hacer la
guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivenc=
ia,
incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socor=
ro
de conformidad con los Convenios de Ginebra;
xxvi) Reclutar o alistar a niños
menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos p=
ara
participar activamente en las hostilidades;
c) En caso de conflicto armado que no s=
ea de
índole internacional, las violaciones graves del artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a
saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera =
de
combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra cau=
sa:
i) Actos de violencia contra la vida y =
la persona,
en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos
crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad per=
sonal,
en particular los tratos humillantes y degradantes;
iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuci=
ones
efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido
regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales
generalmente reconocidas como indispensables.
d) El párrafo 2 c) del presente
artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índ=
ole
internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o
tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos=
de
violencia u otros actos de carácter similar.
e) Otras violaciones graves de las leye=
s y
los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole
internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a sab=
er,
cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques con=
tra la
población civil como tal o contra civiles que no participen directam=
ente
en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques co=
ntra
edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el
personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios=
de
Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
iii) Dirigir intencionalmente ataques c=
ontra
personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participante=
s en
una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho=
a
la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al
derecho de los conflictos armados;
iv) Dirigir intencionalmente ataques co=
ntra
edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las
ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares =
en
que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objet=
ivos
militares;
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso =
cuando
es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido =
en
el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual qu=
e constituya
también una violación grave del artículo 3 comú=
n a
los cuatro Convenios de Ginebra;
vii) Reclutar o alistar niños me=
nores
de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar
activamente en hostilidades;
viii) Ordenar el desplazamiento de la p=
oblación
civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo
exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares
imperativas;
ix) Matar o herir a traición a un
combatiente enemigo;
x) Declarar que no se dará cuart=
el;
xi) Someter a las personas que est&eacu=
te;n
en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a
experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no
estén justificados en razón del tratamiento médico, de=
ntal
u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su
interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su
salud;
xii) Destruir o confiscar bienes del en=
emigo,
a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
f) El párrafo 2 e) del presente =
artículo
se aplica a los conflictos armados que no son de índole internaciona=
l,
y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones
internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u
otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados =
que
tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado
prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizad=
os o
entre tales grupos.
3. Nada de lo dispuesto en los
párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a
todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estad=
o y
de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier med=
io
legítimo.
Artículo
9
Elementos
del crimen
1. Los Elementos del crimen, que
ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, =
7 y
8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de d=
os
tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2. Podrán proponer enmiendas a l=
os
Elementos del crimen:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría
absoluta;
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor =
cuando
hayan sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros =
de
la Asamblea de los Estados Partes.
3. Los Elementos del crimen y sus enmie= ndas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto. <= o:p>
Artículo
10
Nada de lo dispuesto en la presente par=
te se
interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera
las normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines
distintos del presente Estatuto.
Artículo
11
Competencia
temporal
1. La Corte tendrá competencia
únicamente respecto de crímenes cometidos después de la
entrada en vigor del presente Estatuto.
2. Si un Estado se hace Parte en el pre=
sente
Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejerc=
er
su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometid=
os
después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese
Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.
Artículo
12
Condiciones
previas para el ejercicio de la competencia
1. El Estado que pase a ser Parte en el
presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los
crímenes a que se refiere el artículo 5.
2. En el caso de los apartados a) o c) =
del
artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o
varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han
aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:=
a) El Estado en cuyo territorio haya te=
nido
lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bor=
do
de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la
aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el ac=
usado
del crimen.
3. Si la aceptación de un Estado=
que
no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el
párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración
depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su
competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante
cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad=
con
la Parte IX.
Artículo
13
Ejercicio
de la competencia
La Corte podrá ejercer su compet=
encia
respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el
artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto
si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de
conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca
haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometi=
do
uno o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una
investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.
Artículo
14
Remisión
de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remit=
ir al
Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios
crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investi=
gue
la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la
comisión de tales crímenes a una o varias personas determinad=
as.
2. En la medida de lo posible, en la
remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se
adjuntará la documentación justificativa de que disponga el
Estado denunciante.
Artículo
15
El
Fiscal
1. El Fiscal podrá iniciar de of=
icio
una investigación sobre la base de información acerca de un
crimen de la competencia de la Corte.
2. El Fiscal analizará la veraci=
dad de
la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más
información de los Estados, los órganos de las Naciones Unida=
s,
las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes
fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escr=
itos
u orales en la sede de la Corte.
3. El Fiscal, si llegare a la
conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una
investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares
una petición de autorización para ello, junto con la
documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas
podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares,=
de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. Si, tras haber examinado la
petición y la documentación que la justifique, la Sala de
Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir
una investigación y que el asunto parece corresponder a la competenc=
ia
de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin
perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con
respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.
5. La negativa de la Sala de Cuestiones
Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el
Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o
pruebas relacionados con la misma situación.
6. Si, después del examen prelim=
inar a
que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la
conclusión de que la información presentada no constituye
fundamento suficiente para una investigación, informará de el=
lo a
quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal exami=
ne a
la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en
relación con la misma situación.
Artículo
16
Suspensión
de la investigación o el enjuiciamiento
En caso de que el Consejo de Seguridad,=
de
conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto e=
n el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que
suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la
investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte
procederá a esa suspensión; la petición podrá s=
er
renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.
Artículo
17
Cuestiones
de admisibilidad
1. La Corte teniendo en cuenta el
décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1,
resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una
investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene
jurisdicción sobre él salvo que éste no esté
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no
pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de
investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre
él y éste haya decidido no incoar acción penal contra =
la
persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que =
no
esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente
hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido=
ya
enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda
incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 20;
d) El asunto no sea de gravedad suficie=
nte
para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.
2. A fin de determinar si hay o no
disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte
examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las
debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da=
una
o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o est&e=
acute;
en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el
propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabil=
idad
penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo
dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustifi=
cada
en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la
intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la
justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no
esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya s=
ido
o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias,=
sea
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de qu=
e se
trate ante la justicia.
3. A fin de determinar la incapacidad p=
ara
investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará =
si
el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración
nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer
comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesari=
os o
no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.=
Artículo
18
Dictámenes
preliminares relativos a la admisibilidad
1. Cuando se haya remitido a la Corte u=
na
situación en virtud del artículo 13 a) y el Fiscal haya
determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una
investigación e inicie esa investigación en virtud de los art=
ículos
13 c) y 15, lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos
Estados que, teniendo en cuenta la información disponible,
ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los críme=
nes
de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos
Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a=
fin
de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la
fuga de personas, podrá limitar el alcance de la información
proporcionada a los Estados.
2. Dentro del mes siguiente a la recepc=
ión
de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte de=
que
está llevando o ha llevado a cabo una investigación en
relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicci&oacu=
te;n
respecto de actos criminales que puedan constituir los crímenes a qu=
e se
refiere el artículo 5 y a los que se refiera la información
proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de
dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del
Estado en relación con la investigación sobre las personas an=
tes
mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a
petición del Fiscal autorizar la investigación.
3. El Fiscal podrá volver a exam=
inar
la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis
meses a partir de la fecha de la remisión o cuando se haya producido=
un
cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no est&aac=
ute;
dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hace=
rlo.
4. El Estado de que se trate o el Fiscal
podrán apelar ante la Sala de Apelaciones del dictamen de la Sala de
Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La
apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de=
su
competencia en relación con la investigación con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se tr=
ate
que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y =
del
juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin
dilaciones indebidas.
6. El Fiscal podrá, hasta que la=
Sala
de Cuestiones Preliminares haya emitido su dictamen, o en cualquier momento=
si
se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pe=
dir
a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que =
le
autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando ex=
ista
una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un rie=
sgo
significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente=
.
7. El Estado que haya apelado de un dic=
tamen
de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo
podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del
artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio si=
gnificativo
de las circunstancias.
Artículo
19
Impugnación
de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa =
1. La Corte se cerciorará de ser
competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podrá
determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el
artículo 17.
2. Podrán impugnar la admisibili=
dad de
la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o
impugnar la competencia de la Corte:
a) El acusado o la persona contra la cu=
al se
haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con
arreglo al artículo 58;
b) El Estado que tenga jurisdicci&oacut=
e;n en
la causa porque está investigándola o enjuiciándola o =
lo
ha hecho antes; o
c) El Estado cuya aceptación se
requiera de conformidad con el artículo 12.
3. El Fiscal podrá pedir a la Co=
rte
que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilida=
d.
En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podr&aacu=
te;n
presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la
situación de conformidad con el artículo 13 y las
víctimas.
4. La admisibilidad de una causa o la
competencia de la Corte sólo podrán ser impugnadas una sola v=
ez
por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el
párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a=
su
inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar qu=
e la
impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del
juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio =
del
juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo
podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.
5. El Estado a que se hace referencia e=
n los
apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo har&aac=
ute;
la impugnación lo antes posible.
6. Antes de la confirmación de l=
os
cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la
competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones
Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignad=
a a
la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la
admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de
conformidad con el artículo 82.
7. Si la impugnación es hecha po=
r el
Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo=
2,
el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la Corte resu=
elva
de conformidad con el artículo 17.
8. Hasta que la Corte se pronuncie, el =
Fiscal
podrá pedirle autorización para:
a) Practicar las indagaciones necesaria=
s de
la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18; =
b) Tomar declaración a un testig=
o o
recibir su testimonio, o completar la reunión y el examen de las pru=
ebas
que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
c) Impedir, en cooperación con l=
os
Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas
respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detenció=
;n
en virtud del artículo 58.
9. La impugnación no afectar&aac=
ute; a
la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna ord=
en o
mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.
10. Si la Corte hubiere declarado inadm=
isible
una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá
pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalment=
e de
que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la
causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho
artículo.
11. El Fiscal, si habida cuenta de las
cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una
investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate le
comunique información sobre las actuaciones. A petición de ese
Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si de=
cide
posteriormente abrir una investigación, notificará su
decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la
suspensión.
Artículo
20
Cosa
juzgada
1. Salvo que en el presente Estatuto se
disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razó=
n de
conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido
condenado o absuelto por la Corte.
2. Nadie será procesado por otro
tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el
artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto. =
3. La Corte no procesará a nadie=
que
haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos tambi&eacut=
e;n
prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proces=
o en
el otro tribunal:
a) Obedeciera al propósito de su=
straer
al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competenci=
a de
la Corte; o
b) No hubiere sido instruida en forma i=
ndependiente
o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales
reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera
que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intenci&oacu=
te;n
de someter a la persona a la acción de la justicia.
Artículo
21
Derecho
aplicable
1. La Corte aplicará:
a) En primer lugar, el presente Estatut=
o, los
Elementos del Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los
tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables,
incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los
conflictos armados;
c) En su defecto, los principios genera=
les
del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas
jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de=
los
Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crim=
en,
siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto =
ni
con el derecho internacional ni las normas y principios internacionalmente
reconocidos.
2. La Corte podrá aplicar princi=
pios y
normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una
interpretación en decisiones anteriores.
3. La aplicación e
interpretación del derecho de conformidad con el presente
artículo deberá ser compatible con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en moti=
vos
como el género, definido en el párrafo 3 del artículo =
7,
la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, el nacimiento u otra
condición.
PARTE
III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL
Artículo
22
Nullum crimen sine lege
1. Nadie será penalmente respons=
able
de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se t=
rate
constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia d=
e la
Corte.
2. La definición de crimen ser&a=
acute;
interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogí=
a.
En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona
objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo afectará a la tipificación de una conducta co=
mo
crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto. <=
/span>
Artículo
23
Nulla
poena sine lege
Quien sea declarado culpable por la Cor=
te
únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente
Estatuto.
Artículo
24
Irretroactividad
ratione personae
1. Nadie será penalmente respons=
able
de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entr=
ada
en vigor.
2. De modificarse el derecho aplicable =
a una
causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las
disposiciones más favorables a la persona objeto de la
investigación, el enjuiciamiento o la condena.
Artículo
25
Responsabilidad
penal individual
1. De conformidad con el presente Estat=
uto,
la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
1. Quien cometa un crimen de la compete=
ncia
de la Corte será responsable individualmente y podrá ser pena=
do
de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estat=
uto,
será penalmente responsable y podrá ser penado por la
comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:
a) Cometa ese crimen por sí solo=
, con
otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; <=
/span>
b) Ordene, proponga o induzca la
comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
c) Con el propósito de facilitar=
la
comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore =
de
algún modo en la comisión o la tentativa de comisión d=
el
crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
d) Contribuya de algún otro modo=
en la
comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de
personas que tengan una finalidad común. La contribución
deberá ser intencional y se hará:
i) Con el propósito de llevar a =
cabo
la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro
entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Cort=
e; o
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la
intención de cometer el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio, ha=
ga una
instigación directa y pública a que se cometa;
f) Intente cometer ese crimen mediante =
actos
que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen =
no
se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien
desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se cons=
uma
no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la
tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito
delictivo.
4. Nada de lo dispuesto en el presente
Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales
afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho
internacional.
Artículo
26
Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte <= o:p>
La Corte no será competente resp=
ecto
de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta
comisión del crimen.
Artículo
27
Improcedencia
del cargo oficial
1. El presente Estatuto será apl=
icable
por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. =
En
particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobier=
no,
miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de
gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal =
ni
constituirá per se motivo para reducir la pena.
2. Las inmunidades y las normas de
procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con
arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán p=
ara
que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Artículo
28
Responsabilidad
de los jefes y otros superiores
Además de otras causales de
responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por
crímenes de la competencia de la Corte:
1. El jefe militar o el que actúe
efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los
crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos p=
or
fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo,
según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control
apropiado sobre esas fuerzas cuando:
a) Hubiere sabido o, en razón de=
las
circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y =
b) No hubiere adoptado todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisi&oac=
ute;n
o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los
efectos de su investigación y enjuiciamiento.
2. En lo que respecta a las relaciones =
entre
superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a),=
el
superior será penalmente responsable por los crímenes de la
competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su
autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un contr=
ol
apropiado sobre esos subordinados, cuando:
a) Hubiere tenido conocimiento o
deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase
claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se
proponían cometerlos;
b) Los crímenes guardaren
relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo;=
y
c) No hubiere adoptado todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su
comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades
competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Artículo
29
Imprescriptibilidad
Los crímenes de la competencia d=
e la
Corte no prescribirán.
Artículo
30
Elemento
de intencionalidad
1. Salvo disposición en contrari=
o, una
persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un
crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con
intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
2. A los efectos del presente
artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta,=
se
propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuen=
cia,
se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso
normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente
artículo, por "conocimiento" se entiende la conciencia de =
que
existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso no=
rmal
de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con
conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.
Artículo
31
Circunstancias
eximentes de responsabilidad penal
1. Sin perjuicio de las demás
circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presen=
te
Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de
incurrir en una conducta:
a) Padeciere de una enfermedad o defici=
encia
mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza =
de
su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no
transgredir la ley;
b) Estuviere en un estado de
intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o
naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a =
fin
de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sa=
biendas
de que, como resultado de la intoxicación, probablemente
incurriría en una conducta tipificada como crimen de la competencia =
de
la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere; =
c) Actuare razonablemente en defensa pr=
opia o
de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que
fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fu=
ese
esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e
ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para
él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una
fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para
constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de
conformidad con el presente apartado;
d) Hubiere incurrido en una conducta que
presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como
consecuencia de coacción dimanante de una amenaza inminente de muert=
e o
lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea
compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siem=
pre
que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el qu=
e se
proponía evitar. Esa amenaza podrá:
i) Haber sido hecha por otras personas;=
o
ii) Estar constituida por otras circuns=
tancias
ajenas a su control.
2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo. <= o:p>
3. En el juicio, la Corte podrá =
tener
en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de l=
as
indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se despren=
da
del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El
procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecer&aac=
ute;
en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Artículo
32
Error
de hecho o error de derecho
1. El error de hecho eximirá de
responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de
intencionalidad requerido por el crimen.
2. El error de derecho acerca de si un
determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la C=
orte
no se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podr&aacut=
e;
considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad re=
querido
por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo=
33
del presente Estatuto.
Artículo
33
Órdenes
superiores y disposiciones legales
1. Quien hubiere cometido un crimen de =
la
competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobiern=
o o
un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad
penal a menos que:
a) Estuviere obligado por ley a obedecer
órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;
b) No supiera que la orden era
ilícita; y
c) La orden no fuera manifiestamente
ilícita.
2. A los efectos del presente
artículo, se entenderá que las órdenes de cometer
genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente
ilícitas.
PARTE
IV. DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE
Artículo
34
Órganos
de la Corte
La Corte estará compuesta de los
órganos siguientes:
a) La Presidencia;
b) Una Sección de Apelaciones, u=
na
Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones
Preliminares;
c) La Fiscalía;
d) La Secretaría.
Artículo
35
Desempeño
del cargo de magistrado
1. Todos los magistrados serán
elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclus=
iva
y estarán disponibles para desempeñar su cargo en ese
régimen desde que comience su mandato.
2. Los magistrados que constituyan la
Presidencia desempeñarán sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.
3. La Presidencia podrá, en
función del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los
miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será neces=
ario
que los demás magistrados desempeñen sus cargos en rég=
imen
de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentid=
o se
entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49. <=
/span>
4. Las disposiciones financieras relati=
vas a
los magistrados que no deban desempeñar sus cargos en régimen=
de
dedicación exclusiva serán adoptadas de conformidad con el
artículo 49.
Artículo
36
Condiciones
que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los
magistrados
1. Con sujeción a lo dispuesto e=
n el
párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18 magistrados.
2. a) La Presidencia, actuando en nombr=
e de
la Corte, podrá proponer que aumente el número de magistrados
indicado en el párrafo 1 y señalará las razones por las
cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario
distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;
b) La propuesta será examinada e=
n una
sesión de la Asamblea de los Estados Partes que habrá de
convocarse de conformidad con el artículo 112. La propuesta, que
deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que
decida la Asamblea;
c) i) Una vez que se haya aprobado una
propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo al apar=
tado
b), la elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo e=
n el
siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, =
de
conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente artículo y co=
n el
párrafo 2 del artículo 37;
ii) Una vez que se haya aprobado y haya
entrado en vigor una propuesta para aumentar el número de magistrados
con arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en
cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, propo=
ner
que se reduzca el número de magistrados, siempre que ese núme=
ro
no sea inferior al indicado en el párrafo 1. La propuesta será
examinada de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados =
a) y
b). De ser aprobada, el número de magistrados se reducirá pro=
gresivamente
a medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al número
debido.
3. a) Los magistrados serán eleg=
idos
entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integrid=
ad
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las
más altas funciones judiciales en sus respectivos países;
b) Los candidatos a magistrados
deberán tener:
i) Reconocida competencia en derecho y
procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calid=
ad
de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o
ii) Reconocida competencia en materias
pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional
humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experien=
cia
en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con =
la
labor judicial de la Corte;
c) Los candidatos a magistrado deber&aa=
cute;n
tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idioma=
s de
trabajo de la Corte.
4. a) Cualquier Estado Parte en el pres=
ente
Estatuto podrá proponer candidatos en las elecciones para magistrado=
de
la Corte mediante:
i) El procedimiento previsto para propo=
ner
candidatos a los más altos cargos judiciales del país; o
ii) El procedimiento previsto en el Est=
atuto
de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.=
Las propuestas deberán ir
acompañadas de una exposición detallada acerca del grado en q=
ue
el candidato cumple los requisitos enunciados en el párrafo 3;
b) Un Estado Parte podrá propone=
r un
candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso
sea nacional de un Estado Parte;
c) La Asamblea de los Estados Partes
podrá decidir que se establezca un comité asesor para las
candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes determinar&aac=
ute;
la composición y el mandato del comité.
5. A los efectos de la elección =
se
harán dos listas de candidatos:
La lista A, con los nombres de los cand=
idatos
que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del
párrafo 3; y
La lista B, con los nombres de los cand=
idatos
que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del
párrafo 3.
El candidato que reúna los requi=
sitos
requeridos para ambas listas podrá elegir en cuál desea figur=
ar.
En la primera elección de miembros de la Corte, por lo menos nueve
magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista A y por =
lo
menos cinco serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones
subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte u=
na
proporción equivalente de magistrados de ambas listas.
6. a) Los magistrados serán eleg=
idos
por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Esta=
dos
Partes convocada con ese fin con arreglo al artículo 112. Con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos
los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes; <=
/span>
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número suficiente de magistrad= os, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimient= os establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes. <= o:p>
7. No podrá haber dos magistrado=
s que
sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magist=
rado,
pudiera ser considerada nacional de más de un Estado, será
considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civ=
iles
y políticos. 8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Par=
tes
tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la
Corte haya:
i) Representación de los princip=
ales
sistemas jurídicos del mundo;
ii) Distribución geográfi=
ca
equitativa; y
iii) Representación equilibrada =
de
magistrados mujeres y hombres;
b) Los Estados Partes tendrán
también en cuenta la necesidad de que haya en la Corte magistrados q=
ue
sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, =
la
violencia contra las mujeres o los niños.
9. a) Con sujeción a lo dispuest=
o en
el apartado b), los magistrados serán elegidos por un mandato de nue=
ve
años y, con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del
artículo 37, no podrán ser reelegidos;
b) En la primera elección, un te=
rcio
de los magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para
desempeñar un mandato de tres años, un tercio de los magistra=
dos
será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de se=
is
años y el resto desempeñará un mandato de nueve
años;
c) Un magistrado seleccionado para
desempeñar un mandato de tres años de conformidad con el apar=
tado
b) podrá ser reelegido por un mandato completo.
10. No obstante lo dispuesto en el
párrafo 9, un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o =
una
Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 39 seguirá=
en
funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación =
de
los que haya comenzado a conocer en esa Sala.
Artículo
37
Vacantes
1. En caso de producirse una vacante se
celebrará una elección de conformidad con el artículo =
36
para cubrirla.
2. El magistrado elegido para cubrir una
vacante desempeñará el cargo por el resto del mandato de su
predecesor y, si éste fuera de tres años o menos, podrá
ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.
Artículo
38
Presidencia
1. El Presidente, el Vicepresidente pri=
mero y
el Vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta=
de
los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un
período de tres años o hasta el término de su mandato =
como
magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos=
una
vez.
2. El Vicepresidente primero
sustituirá al Presidente cuando éste se halle en la imposibil=
idad
de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo
sustituirá al Presidente cuando éste y el Vicepresidente prim=
ero
se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusad=
os.
3. El Presidente, el Vicepresidente pri=
mero y
el Vicepresidente segundo constituirán la Presidencia, que estar&aac=
ute;
encargada de:
a) La correcta administración de=
la
Corte, con excepción de la Fiscalía; y
b) Las demás funciones que se le
confieren de conformidad con el presente Estatuto.
4. En el desempeño de sus funcio=
nes
enunciadas en el párrafo 3 a), la Presidencia actuará en
coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en
todos los asuntos de interés mutuo.
Artículo
39
Las
Salas
1. Tan pronto como sea posible despu&ea=
cute;s
de la elección de los magistrados, la Corte se organizará en =
las
secciones indicadas en el artículo 34 b). La Sección de
Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro magistrados, =
la
Sección de Primera de Instancia de no menos de seis magistrados y la
Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. =
Los
magistrados serán asignados a las secciones según la naturale=
za
de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas
calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una
combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento
penales y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia =
y la
Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas
predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento
penal.
2. a) Las funciones judiciales de la Co=
rte
serán realizadas en cada sección por las Salas;
b) i) La Sala de Apelaciones se
compondrá de todos los magistrados de la Sección de Apelacion=
es;
ii) Las funciones de la Sala de Primera
Instancia serán realizadas por tres magistrados de la Sección=
de
Primera Instancia;
iii) Las funciones de la Sala de Cuesti=
ones
Preliminares serán realizadas por tres magistrados de la Secci&oacut=
e;n
de Cuestiones Preliminares o por un solo magistrado de dicha Sección=
, de
conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba=
;
c) Nada de lo dispuesto en el presente
párrafo obstará a que se constituyan simultáneamente
más de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminar=
es
cuando la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo
requiera.
3. a) Los magistrados asignados a las
Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñ=
arán
el cargo en esas Secciones por un período de tres años, y
posteriormente hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan
empezado a conocer en la sección de que se trate;
b) Los magistrados asignados a la
Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo en esa
Sección durante todo su mandato.
4. Los magistrados asignados a la
Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo
únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente
magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de
Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la
gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pe=
ro
en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera Insta=
ncia
que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa
preliminar.
Artículo
40
Independencia
de los magistrados
1. Los magistrados serán
independientes en el desempeño de sus funciones.
2. Los magistrados no realizarán=
actividad
alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judicia=
les
o menoscabar la confianza en su independencia.
3. Los magistrados que tengan que
desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusi=
va
en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra
ocupación de carácter profesional.
4. Las cuestiones relativas a la
aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por
mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera=
una
de estas cuestiones no participará en la adopción de la
decisión.
Artículo
41
Dispensa
y recusación de los magistrados
1. La Presidencia podrá, a
petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las
funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Regl=
as
de Procedimiento y Prueba.
2. a) Un magistrado no participar&aacut=
e; en
ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en
duda su imparcialidad. Un magistrado será recusado de conformidad co=
n lo
dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese
intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la
Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel
nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigac=
ión
o enjuiciamiento. Un magistrado será también recusado por los
demás motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y
Prueba;
b) El Fiscal o la persona objeto de
investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusació=
;n
de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo; =
c) Las cuestiones relativas a la
recusación de un magistrado serán dirimidas por mayoría
absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusación se pida
tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero =
no
tomará parte en la decisión.
Artículo
42
La
Fiscalía
1. La Fiscalía actuará en=
forma
independiente como órgano separado de la Corte. Estará encarg=
ada
de recibir remisiones e información corroborada sobre crímene=
s de
la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o
ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la
Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de
fuentes ajenas a la Corte.
2. La Fiscalía estará dir=
igida
por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y
administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las
instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de un=
o o
más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquier=
a de
las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. =
El
Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de
dedicación exclusiva.
3. El Fiscal y los fiscales adjuntos
serán personas que gocen de alta consideración moral, que pos=
ean
un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica e=
n el
ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas
penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al men=
os
uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. El Fiscal será elegido en
votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos=
en
la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fisc=
al propondrá
tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo=
que
en el momento de la elección se fije un período más br=
eve,
el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por u=
n período
de nueve años y no podrán ser reelegidos.
5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no
realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de =
sus
funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán
desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesio=
nal.
6. La Presidencia podrá, a
petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de interven=
ir
en una causa determinada.
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no
participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, p=
ueda
razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de
conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras
razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una
causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa
sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona
objeto de investigación o enjuiciamiento.
8. Las cuestiones relativas a la
recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas =
por
la Sala de Apelaciones:
a) La persona objeto de investigaci&oac=
ute;n
o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusació=
;n
del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presen=
te
artículo;
b) El Fiscal o el fiscal adjunto,
según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la=
cuestión.
9. El Fiscal nombrará asesores
jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo,
violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra=
los
niños.
Artículo
43
La
Secretaría
1. La Secretaría, sin perjuicio =
de las
funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42, estará encargada de los aspectos no judiciales d=
e la
administración de la Corte y de prestarle servicios.
2. La Secretaría será dir=
igida
por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo =
de
la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del
Presidente de la Corte.
3. El Secretario y el Secretario Adjunto
deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener=
un
alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos=
uno
de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. Los magistrados elegirán al
Secretario en votación secreta por mayoría absoluta y teniend=
o en
cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser
necesario elegirán, por recomendación del Secretario y con
arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
5. El Secretario será elegido po=
r un
período de cinco años en régimen de dedicación
exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto
será elegido por un período de cinco años, o por uno
más breve, si así lo deciden los magistrados por mayorí=
;a
absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios seg&uacu=
te;n
sea necesario.
6. El Secretario establecerá una=
Dependencia
de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependen=
cia,
en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de
protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramien=
to y
otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la
Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del
testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializa=
do
para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados c=
on
delitos de violencia sexual.
Artículo
44
El
personal
1. El Fiscal y el Secretario nombrar&aa=
cute;n
los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficina=
s.
En el caso del Fiscal, ello incluirá el nombramiento de investigador=
es.
2. En el nombramiento de los funcionari=
os, el
Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de
eficiencia, competencia e integridad y tendrán en cuenta, mutatis
mutandis, los criterios establecidos en el párrafo 8 del artí=
culo
36.
3. El Secretario, con la anuencia de la
Presidencia y del Fiscal, propondrá un reglamento del personal que
establecerá las condiciones en que el personal de la Corte ser&aacut=
e;
designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal
estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados P=
artes.
4. La Corte podrá, en circunstan=
cias
excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente
por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no
gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los
órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa
índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado
gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que ha de
establecer la Asamblea de los Estados Partes.
Artículo
45
Promesa
solemne
Antes de asumir las obligaciones del ca=
rgo de
conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fisca=
les
adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán solemneme=
nte
y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con
toda imparcialidad y conciencia.
Artículo
46
Separación
del cargo
1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal
adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del car=
go
si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispues=
to
en el párrafo 2 cuando se determine que:
a) Ha incurrido en falta grave o en
incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y
según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba; o
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente Estatuto. <= o:p>
2. La decisión de separar del ca=
rgo a
un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad con el
párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los Estados Partes=
en
votación secreta:
a) En el caso de un magistrado, por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes y previa
recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los
demás magistrados;
b) En el caso del fiscal, por mayor&iac=
ute;a
absoluta de los Estados Partes;
c) En el caso de un fiscal adjunto, por=
mayoría
absoluta de los Estados Partes y previa recomendación del fiscal.
3. La decisión de separar del ca=
rgo al
secretario o a un secretario adjunto será adoptada por mayoría
absoluta de los magistrados.
4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunt=
o,
secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el
ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto
haya sido impugnada en virtud del presente artículo podrá
presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reg=
las
de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar por
ningún otro concepto en el examen de la cuestión.
Artículo
47
Medidas
disciplinarias
El magistrado, fiscal, fiscal adjunto,
secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave=
que
la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será ob=
jeto
de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
Artículo
48
Privilegios
e inmunidades
1. La Corte gozará en el territo=
rio de
cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para=
el
cumplimiento de sus funciones.
2. Los magistrados, el fiscal, los fisc=
ales
adjuntos y los secretarios gozarán, cuando actúen en el
desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mi=
smos
privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones
diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando=
de
absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o por
escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones
oficiales.
3. El Secretario Adjunto, el personal d=
e la
Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los
privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimie=
nto
de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e
inmunidades de la Corte.
4. Los abogados, peritos, testigos u ot=
ras
personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán obj=
eto
del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Cor=
te,
de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Cor=
te.
5. Se podrá renunciar a los
privilegios e inmunidades:
a) En el caso de un magistrado o el Fis=
cal,
por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados;
b) En el caso del Secretario, por la
Presidencia;
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos =
y el
personal de la Fiscalía, por el Fiscal;
d) En el caso del Secretario Adjunto y =
el
personal de la Secretaría, por el Secretario.
Artículo
49
Sueldos,
estipendios y dietas
Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los sueld= os, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sue= ldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato. <= o:p>
Artículo
50
Idiomas
oficiales y de trabajo
1. Los idiomas oficiales de la Corte
serán el árabe, el chino, el español, el francé=
s,
el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las=
otras
decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte,
serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de
conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y
Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven
cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo. =
2. Los idiomas de trabajo de la Corte
serán el francés y el inglés. En las Reglas de
Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podr&aacut=
e;
utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.
3. La Corte autorizará a cualqui=
era de
las partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir e=
n un
procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del
francés o el inglés, siempre que considere que esta
autorización está adecuadamente justificada.
Artículo
51
Reglas
de Procedimiento y Prueba
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba
entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos
tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2. Podrán proponer enmiendas a l=
as
Reglas de Procedimiento y Prueba:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría
absoluta; o
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor =
tras
su aprobación en la Asamblea de los Estados Partes por mayorí=
a de
dos tercios.
3. Una vez aprobadas las Reglas de
Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan
una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados
podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas
provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados
Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordin=
ario
o extraordinario de sesiones.
4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba=
, las
enmiendas a ellas y las reglas provisionales deberán estar en
consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de
Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales aprobadas =
de
conformidad con el párrafo 3, no se aplicarán retroactivament=
e en
detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el
enjuiciamiento o que haya sido condenada.
5. En caso de conflicto entre las
disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba,
prevalecerá el Estatuto.
Artículo
52
Reglamento
de la Corte
1. Los magistrados, de conformidad con =
el
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán =
por
mayoría absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su
funcionamiento ordinario.
2. Se consultará al Fiscal y al
Secretario en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a
él.
3. El Reglamento y sus enmiendas
entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los
magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su
aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para reca=
bar
sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis mes=
es
no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes. =
PARTE
V. DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO
Artículo
53
Inicio
de una investigación
1. El Fiscal, después de evaluar=
la
información de que disponga, iniciará una investigació=
n a
menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella=
con
arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una
investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:
a) La información de que dispone
constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se est&aacu=
te;
cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o sería admisible=
de
conformidad con el artículo 17;
c) Existen razones sustanciales para cr=
eer
que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las
víctimas, una investigación no redundaría en
interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fu=
ndamento
razonable para proceder a la investigación y la determinación=
se
basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala =
de
Cuestiones Preliminares.
2. Si, tras la investigación, el
Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente par=
a el
enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hec=
ho o
de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de
conformidad con el artículo 58;
b) La causa es inadmisible de conformid=
ad con
el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundarí=
;a en
interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias,
entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y =
la
edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presun=
to
crimen.
Notificará su conclusión
motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido=
el
asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad s=
i se
trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13. <=
/span>
3. a) A petición del Estado que =
haya
remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Segur=
idad
de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de
Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal=
de
no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo =
1 o
el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión; =
b) Además, la Sala de Cuestiones
Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fisca=
l de
no proceder a la investigación si dicha decisión se basare
únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese
caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto=
si
es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
4. El Fiscal podrá reconsiderar =
en
cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o =
enjuiciamiento
sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Artículo
54
Funciones
y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones
1. El Fiscal:
a) A fin de establecer la veracidad de =
los
hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y l=
as
pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de
conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará
tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;
b) Adoptará medidas adecuadas pa=
ra
asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los
crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetar&aac=
ute;
los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos,
entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 31 del
artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de l=
os
crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razon=
es
de género y violencia contra los niños; y
c) Respetará plenamente los dere=
chos
que confiere a las personas el presente Estatuto.
2. El Fiscal podrá realizar
investigaciones en el territorio de un Estado:
a) De conformidad con las disposiciones=
de la
Parte IX; o
b) Según lo autorice la Sala de
Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del
artículo 57.
3. El Fiscal podrá:
a) Reunir y examinar pruebas;
b) Hacer comparecer e interrogar a las
personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos=
;
c) Solicitar la cooperación de un
Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad co=
n su
respectiva competencia o mandato;
d) Concertar las disposiciones o los ac=
uerdos
compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la
cooperación de un Estado, una organización intergubernamental=
o
una persona;
e) Convenir en que no divulgará =
en
ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que
obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y
únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acu=
erdo
de quien haya facilitado la información; y
f) Adoptar o pedir que se adopten las m=
edidas
necesarias para asegurar el carácter confidencial de la
información, la protección de una persona o la
preservación de las pruebas.
Artículo
55
Derechos
de las personas durante la investigación
1. En las investigaciones realizadas de
conformidad con el presente Estatuto:
a) Nadie será obligado a declarar
contra sí mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie será sometido a forma a=
lguna
de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tr=
atos
o castigos crueles, inhumanos o degradantes; y
c) Quien haya de ser interrogado en un =
idioma
que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo
alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducci=
ones
que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
d) Nadie será sometido a arresto=
o
detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por
los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los
procedimientos establecidos en él.
2. Cuando haya motivos para creer que u=
na
persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona h=
aya
de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumpl=
imiento
de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX,
tendrá además los derechos siguientes, de los que será
informada antes del interrogatorio:
a) A ser informada de que existen motiv=
os
para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; =
b) A guardar silencio, sin que ello pue=
da
tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia; =
c) A ser asistida por un abogado defens=
or de
su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de
oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, en
cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes;
d) A ser interrogada en presencia de su
abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asisten=
cia
letrada.
Artículo
56
Disposiciones
que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se prese=
nte
una oportunidad única de proceder a una investigación =
1. a) El Fiscal, cuando considere que se
presenta una oportunidad única de proceder a una investigació=
n,
que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio=
o
la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar prueb=
as,
lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;
b) La Sala, a petición del Fisca=
l,
podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la
eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger =
los
derechos de la defensa;
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la informaci&= oacute;n correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigació= n a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída. <= o:p>
2. Las medidas a que se hace referencia=
en el
apartado a) del párrafo 1 podrán consistir en:
a) Formular recomendaciones o dictar
ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse; =
b) Ordenar que quede constancia de las
actuaciones;
c) Nombrar a un experto para que preste
asistencia;
d) Autorizar al abogado defensor del de=
tenido
o de quien haya comparecido ante el Tribunal en virtud de una citació=
;n a
que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa
detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar =
otro
para que comparezca y represente los intereses de la defensa;
e) Encomendar a uno de sus miembros o, =
de ser
necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminare=
s o
la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte
ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las prueb=
as o
del interrogatorio de personas;
f) Adoptar todas las medidas que sean
necesarias para reunir o preservar las pruebas.
3. a) La Sala de Cuestiones Preliminare=
s, cuando
considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente
artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio=
, le
consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala
podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a=
la
conclusión de que no había justificación para no
solicitarlas.
b) El Fiscal podrá apelar de la
decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio c=
on
arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciar&aacut=
e; en
un procedimiento sumario.
4. La admisibilidad o la forma en que
quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el jui=
cio
de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio
por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia
decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.
Artículo
57
Funciones
y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares
1. A menos que el presente Estatuto dis=
ponga
otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones=
de
conformidad con las disposiciones del presente artículo.
2. a) Las providencias u órdenes=
que
la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de los artículos =
15,
18 ó 19, el párrafo 2 del artículo 54, el párra=
fo 7
del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas=
por
la mayoría de los magistrados que la componen;
b) En todos los demás casos, un
magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ejercer las
funciones establecidas en el presente Estatuto, a menos que las Reglas de
Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por
mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.
3. Además de otras funciones que=
le
confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podr&aacu=
te;:
a) A petición del Fiscal, dictar=
las
providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una
investigación;
b) A petición de quien haya sido
detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparencia expedida =
con
arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas
tales como las indicadas en el artículo 56 o solicitar con arreglo a=
la
Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su
defensa;
c) Cuando sea necesario, asegurar la
protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigo=
s,
la preservación de pruebas, la protección de personas detenid=
as o
que hayan comparecido en virtud de una orden de comparencia, así com=
o la
protección de información que afecte a la seguridad nacional;=
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determ=
inadas
medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin hab=
er
obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en =
el
caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las
opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no e=
stá
en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que =
no
existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente p=
ara
cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.
e) Cuando se haya dictado una orden de =
detención
o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del v=
alor
de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformi=
dad
con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y
Prueba, recabar la cooperación de los Estados con arreglo al
párrafo 1 j) del artículo 93 para adoptar medidas cautelares a
los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última
instancia a las víctimas.
Artículo
58
Orden
de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestio=
nes
Preliminares
1. En cualquier momento después =
de
iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares
dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra
una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra
información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: =
a) Hay motivo razonable para creer que =
ha
cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
b) La detención parece necesaria=
para:
i) Asegurar que la persona comparezca e=
n juicio;
ii) Asegurar que la persona no obstruya=
ni
ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o =
iii) En su caso, impedir que la persona=
siga
cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Co=
rte
y tenga su origen en las mismas circunstancias.
2. La solicitud del Fiscal consignar&aa=
cute;:
a) El nombre de la persona y cualquier =
otro
dato que sirva para su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de =
la
competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;
c) Una descripción concisa de los
hechos que presuntamente constituyan esos crímenes;
d) Un resumen de las pruebas y cualquie=
r otra
información que constituya motivo razonable para creer que la persona
cometió esos crímenes; y
e) La razón por la cual el Fisca=
l crea
necesaria la detención.
3. La orden de detención
consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier =
otro
dato que sirva para su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de =
la
competencia de la Corte por el que se pide su detención; y
c) Una descripción concisa de los
hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.
4. La orden de detención
seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario. =
5. La Corte, sobre la base de la orden =
de
detención, podrá solicitar la detención provisional o =
la
detención y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del
presente Estatuto.
6. El Fiscal podrá pedir a la Sa=
la de
Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para
modificar la referencia al crimen indicado en ésta o agregar otros. =
La
Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere
convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometi&oac=
ute;
los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o =
adición.
7. El Fiscal podrá pedir a la Sa=
la de
Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, dic=
te
una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo
razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y
que bastará con una orden de comparecencia para asegurar que compare=
zca
efectivamente, dictará, con o sin las condiciones limitativas de la
libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, =
una
orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia
consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier =
otro
dato que sirva para su identificación;
b) La fecha de la comparecencia;
c) Una referencia expresa al crimen de =
la
competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y
d) Una descripción concisa de los
hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.
La notificación de la orden
será personal.
Artículo
59
Procedimiento
de detención en el Estado de detención
1. El Estado Parte que haya recibido una
solicitud de detención provisional o de detención y entrega
tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detenció=
n de
conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del
presente Estatuto.
2. El detenido será llevado sin =
demora
ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que
determinará si, de conformidad con el derecho de ese Estado: =
a) La orden le es aplicable;
b) La detención se llevó =
a cabo
conforme a derecho; y
c) Se han respetado los derechos del de=
tenido.
3. El detenido tendrá derecho a
solicitar de la autoridad competente del Estado de detención la libe=
rtad
provisional antes de su entrega.
4. Al decidir la solicitud, la autoridad
competente del Estado de detención examinará si, dada la grav=
edad
de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcional=
es
que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias
necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su
obligación de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no
podrá examinar si la orden de detención fue dictada conforme a
derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del
artículo 58.
5. La solicitud de libertad provisional
será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará
recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detención. A=
ntes
de adoptar su decisión, la autoridad competente del Estado de
detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones,
incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la pers=
ona.
6. De concederse la libertad provisiona=
l, la
Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes
periódicos al respecto.
7. Una vez que el Estado de detenci&oac=
ute;n
haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposició=
;n
de la Corte tan pronto como sea posible.
Artículo
60
Primeras
diligencias en la Corte
1. Una vez que el imputado haya sido
entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de
una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurar&=
aacute;
de que ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de l=
os
derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libe=
rtad
provisional.
2. Quien sea objeto de una orden de
detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de
Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones
enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendr&aacut=
e;
la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares
pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.
3. La Sala de Cuestiones Preliminares
revisará periódicamente su decisión en cuanto a la pue=
sta
en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier mome=
nto
en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la
revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuant=
o a
la detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta=
, si
está convencida de que es necesario en razón de un cambio en =
las
circunstancias.
4. La Sala de Cuestiones Preliminares se
asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolo=
ngue
excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere
dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libert=
ad
al detenido, con o sin condiciones.
5. De ser necesario, la Sala de Cuestio=
nes
Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer
comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.
Artículo
61
Confirmación
de los cargos antes del juicio
1. Con sujeción a lo dispuesto e=
n el párrafo
2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o=
su
comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminar=
es
celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de l=
os
cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La
audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado,
así como de su defensor.
2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a
solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en
ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se b=
asa
para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
a) Haya renunciado a su derecho a estar
presente; o
b) Haya huido o no sea posible encontra=
rlo y
se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia
ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una
audiencia para confirmarlos,
En este caso, el imputado estará
representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resu=
elva
que ello redunda en interés de la justicia.
3. Dentro de un plazo razonable antes d=
e la
audiencia:
a) Se proporcionará al imputado =
un
ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fisc=
al
se proponga enjuiciarlo; y
b) Se le informará de las prueba=
s que
el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares
podrá dictar providencias respecto de la revelación de
información a los efectos de la audiencia.
4. Antes de la audiencia, el Fiscal
podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los
cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a =
la
audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En
caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala=
de
Cuestiones Preliminares.
5. En la audiencia, el Fiscal
presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay mot=
ivos
fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le impu=
ta.
El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las
pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de decl=
arar
en el juicio.
6. En la audiencia, el imputado podr&aa=
cute;:
a) Impugnar los cargos;
b) Impugnar las pruebas presentadas por=
el
Fiscal; y
c) Presentar pruebas.
7. La Sala de Cuestiones Preliminares d=
eterminará,
sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay
motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que =
se
le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de
Cuestiones Preliminares:
a) Confirmará los cargos respect=
o de
los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignar&aacut=
e;
al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los
cargos confirmados;
b) No confirmará los cargos resp=
ecto
de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
c) Levantará la audiencia y
pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de: i) Presentar nuevas
pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un
determinado cargo; o
ii) Modificar un cargo en razón =
de que
las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen
distinto que sea de la competencia de la Corte.
8. La no confirmación de un carg=
o por
parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el
Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas
adicionales.
9. Una vez confirmados los cargos y ant=
es de
comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuesti=
ones
Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar
los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituir=
los
por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformid=
ad
con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el jui=
cio,
el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia,
podrá retirar los cargos.
10. Toda orden ya dictada dejará=
de
tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la
Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.
11. Una vez confirmados los cargos de
conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituir&aacu=
te;
una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el
párrafo 8 del presente artículo y en el párrafo 4 del
artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimie=
nto
y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares =
que
sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.
PARTE
VI. DEL JUICIO
Artículo
62
Lugar
del juicio
A menos que se decida otra cosa, el jui=
cio se
celebrará en la sede de la Corte.
Artículo
63
Presencia
del acusado en el juicio
1. El acusado estará presente du=
rante
el juicio.
2. Si el acusado, estando presente en la
Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia
podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé
instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario,
tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán
únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se
haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y
únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.
Artículo
64
Funciones
y atribuciones de la Sala de Primera Instancia
1. Las funciones y atribuciones de la S=
ala de
Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán
ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimi=
ento
y Prueba.
2. La Sala de Primera Instancia velar&a=
acute;
por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de =
los
derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección =
de
las víctimas y de los testigos.
3. La Sala de Primera Instancia a la qu=
e se
asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:
a) Celebrará consultas con las p=
artes
y adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio=
se
sustancie de manera justa y expedita;
b) Determinará el idioma o los i=
diomas
que habrán de utilizarse en el juicio; y
c) Con sujeción a cualesquiera o=
tras
disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondrá la
divulgación de los documentos o de la información que no se h=
ayan
divulgado anteriormente, con suficiente antelación al comienzo del
juicio como para permitir su preparación adecuada.
4. La Sala de Primera Instancia podr&aa=
cute;,
en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir
cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser
necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares
que esté disponible.
5. Al notificar a las partes, la Sala de
Primera Instancia podrá, según proceda, indicar que se
deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un
acusado.
6. Al desempeñar sus funciones a=
ntes
del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia
podrá, de ser necesario:
a) Ejercer cualquiera de las funciones =
de la
Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del
artículo 61;
b) Ordenar la comparecencia y la
declaración de testigos y la presentación de documentos y otr=
as
pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreg=
lo a
lo dispuesto en el presente Estatuto;
c) Adoptar medidas para la protecci&oac=
ute;n
de la información confidencial;
d) Ordenar la presentación de pr=
uebas
adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las prese=
ntadas
durante el juicio por las partes; e) Adoptar medidas para la protecci&oacut=
e;n
del acusado, de los testigos y de las víctimas; y
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones
pertinentes.
7. El juicio será público=
. Sin
embargo, la Sala de Primera Instancia podrá decidir que determinadas
diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el
artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la
información de carácter confidencial o restringida que haya de
presentarse en la práctica de la prueba.
8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de
Primera Instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirm=
ados
anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera
Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de=
los
cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de
conformidad con el artículo 65 o de declararse inocente;
b) Durante el juicio, el magistrado
presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del
juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con
sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente, las
partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones=
del
presente Estatuto.
9. La Sala de Primera Instancia podr&aa=
cute;,
a petición de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:
a) Decidir sobre la admisibilidad o
pertinencia de las pruebas;
b) Tomar todas las medidas necesarias p=
ara
mantener el orden en las audiencias.
10. La Sala de Primera Instancia har&aa=
cute;
que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el=
que
se consignen fielmente las diligencias practicadas.
Artículo
65
Procedimiento
en caso de declaración de culpabilidad
1. Si el acusado se declara culpable en=
las
condiciones indicadas en el párrafo 8 a) del artículo 64, la =
Sala
de Primera Instancia determinará:
a) Si el acusado comprende la naturalez=
a y
las consecuencias de la declaración de culpabilidad;
b) Si esa declaración ha sido
formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor;=
y
c) Si la declaración de culpabil=
idad
está corroborada por los hechos de la causa conforme a:
i) Los cargos presentados por el Fiscal=
y
aceptados por el acusado;
ii) Las piezas complementarias de los c=
argos
presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y
iii) Otras pruebas, como declaraciones =
de
testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.
2. La Sala de Primera Instancia, de con=
statar
que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párraf=
o 1,
considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las
pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los
hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpabl=
e el
acusado y podrá condenarlo por ese crimen.
3. La Sala de Primera Instancia, de con=
statar
que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el pár=
rafo
1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, =
en
ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento
ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la caus=
a a
otra Sala de Primera Instancia.
4. La Sala de Primera Instancia, cuando
considere necesaria en interés de la justicia y en particular en
interés de las víctimas, una presentación más
completa de los hechos de la causa, podrá:
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas
adicionales, inclusive declaraciones de testigos; u
b) Ordenar que prosiga el juicio con ar=
reglo
al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso
tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y
podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
5. Las consultas que celebren el Fiscal=
y la
defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaraci&oacu=
te;n
de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán
obligatorias para la Corte.
Artículo
66
Presunción
de inocencia
1. Se presumirá que toda persona=
es
inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad=
con
el derecho aplicable.
2. Incumbirá al Fiscal probar la
culpabilidad del acusado.
3. Para dictar sentencia condenatoria, =
la
Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado m&aacut=
e;s
allá de toda duda razonable.
Artículo
67
Derechos
del acusado
1. En la determinación de cualqu=
ier
cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamen=
te,
habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia
justa e imparcial, así como a las siguientes garantías
mínimas en pie de plena igualdad:
a) A ser informado sin demora y en forma
detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturale=
za,
la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;
b) A disponer del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y
confidencialmente con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebid=
as;
d) Con sujeción a lo dispuesto e=
n el
párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a
hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido=
por
un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor,=
del
derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la just=
icia
lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere=
de
medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los
testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y
que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testig=
os
de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepcio=
nes
y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente
Estatuto;
f) A ser asistido gratuitamente por un
intérprete competente y a obtener las traducciones necesarias para s=
atisfacer
los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los
documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no
habla;
g) A no ser obligado a declarar contra
sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello
pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o
inocencia;
h) A declarar de palabra o por escrito =
en su
defensa sin prestar juramento; y
i) A que no se invierta la carga de la =
prueba
ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.
2. Además de cualquier otra
divulgación de información estipulada en el presente Estatuto=
, el
Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las prue=
bas
que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio,
indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su
culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de carg=
o.
En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la C=
orte
decidirá.
Artículo
68
Protección
de las víctimas y los testigos y su participación en las
actuaciones
1. La Corte adoptará las medidas
adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y
psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y =
los
testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el pár=
rafo
3 del artículo 2, y la salud, así como la índole del c=
rimen,
en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razo=
nes
de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal
adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el
enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán
redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e
imparcial ni serán incompatibles con éstos.
2. Como excepción al principio d=
el
carácter público de las audiencias establecido en el
artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a
las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte d=
el
juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pru=
ebas
por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se
aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresi&o=
acute;n
sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo
decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las
circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el
testigo.
3. La Corte permitirá, en las fa=
ses
del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta l=
as
opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus
intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible c=
on
éstos. Los representantes legales de las víctimas podrá=
;n
presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere
conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. La Dependencia de Víctimas y
Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas
adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesorami=
ento
y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo 6 del
artículo 43.
5. Cuando la divulgación de prue=
bas o
información de conformidad con el presente Estatuto entrañare=
un
peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal
podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no
presentan dichas pruebas o información y presentar en cambio un resu=
men
de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redunda=
r en
perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni
serán incompatibles con éstos.
6. Todo Estado podrá solicitar q=
ue se
adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus
funcionarios o agentes, así como de la protección de
información de carácter confidencial o restringido.
Artículo
69
Práctica
de las pruebas
1. Antes de declarar, cada testigo se
comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueb=
a, a
decir verdad en su testimonio.
2. La prueba testimonial deberá
rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas
establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y
Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste
testimonio oralmente o por medio de una grabación de vídeo o
audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escrit=
as,
con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuici=
o de
los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.
3. Las partes podrán presentar p=
ruebas
pertinentes a la causa, de conformidad con el artículo 64. La Corte
estará facultada para pedir todas las pruebas que considere necesari=
as
para determinar la veracidad de los hechos.
4. La Corte podrá decidir sobre =
la
pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre
otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer pa=
ra
un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un test=
igo,
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
5. La Corte respetará los privil=
egios
de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba. <=
/span>
6. La Corte no exigirá prueba de=
los
hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos.=
7. No serán admisibles las prueb=
as
obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de=
las
normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:
a) Esa violación suscite serias =
dudas
sobre la fiabilidad de las pruebas; o
b) Su admisión atente contra la
integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.
8. La Corte, al decidir sobre la pertin=
encia
o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá
pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado. =
Artículo
70
Delitos
contra la administración de justicia
1. La Corte tendrá competencia p=
ara
conocer de los siguientes delitos contra la administración de justic=
ia,
siempre y cuando se cometan intencionalmente:
a) Dar falso testimonio cuando se est&e=
acute;
obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 69;
b) Presentar pruebas a sabiendas de que=
son
falsas o han sido falsificadas;
c) Corromper a un testigo, obstruir su
comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra =
un
testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir =
en
las diligencias de prueba;
d) Poner trabas, intimidar o corromper =
a un
funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus
funciones o a que lo haga de manera indebida;
e) Tomar represalias contra un funciona=
rio de
la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él=
u
otro funcionario; y
f) Solicitar o aceptar un soborno en ca=
lidad
de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales=
.
2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba
establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio
por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia e=
n el
presente artículo. Las condiciones de la cooperación
internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de
conformidad con el presente artículo se regirán por el derech=
o interno
del Estado requerido.
3. En caso de decisión condenato=
ria,
la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior a ci=
nco
años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
4. a) Todo Estado Parte hará
extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad=
de
su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los deli=
tos
contra la administración de justicia a que se hace referencia en el
presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus=
nacionales;
b) A solicitud de la Corte, el Estado P=
arte,
siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autorid=
ades
competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocer&aacu=
te;n
de tales asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para =
que
las causas se sustancien en forma eficaz.
Artículo
71
Sanciones
por faltas de conducta en la Corte
1. En caso de faltas de conducta de per=
sonas
presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse
deliberadamente a cumplir sus órdenes, la Corte podrá imponer
sanciones administrativas, que no entrañen privación de la
libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala, multa u o=
tra
medida similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. El procedimiento para imponer las me=
didas
a que se refiere el párrafo 1 se regirá por las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
Artículo
72
Protección
de información que afecte a la seguridad nacional
1. El presente artículo ser&aacu=
te;
aplicable en todos los casos en que la divulgación de informaci&oacu=
te;n
o documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a los
intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el
ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el
párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del
artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el
párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del
artículo 87 y el artículo 93, así como los que se
presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa
divulgación.
2. El presente artículo se
aplicará también cuando una persona a quien se haya solicitado
información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un
pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a =
los
intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate
confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los
intereses de su seguridad nacional.
3. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que=
se
refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 =
ni
la aplicación del artículo 73.
4. Si un Estado tiene conocimiento de q=
ue
información o documentos suyos están siendo divulgados o pued=
en
serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgació=
;n
afectaría a sus intereses de seguridad nacional, tendrá derec=
ho a
pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente
artículo.
5. El Estado a cuyo juicio la
divulgación de información afectara a sus intereses de seguri=
dad
nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la
Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según=
sea
el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por
medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras,
las siguientes:
a) La modificación o aclaraci&oa=
cute;n
de la solicitud;
b) Una decisión de la Corte resp=
ecto
de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o =
una
decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obteners=
e o
se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
c) La obtención de la
información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma
diferente; o
d) Un acuerdo sobre las condiciones en =
que se
preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentació=
n de
resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la
utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras
medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Regla=
s.
6. Una vez que se hayan adoptado todas =
las
medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la
cooperación, el Estado, si considera que la información o los
documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo
ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacion=
al,
notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su
decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones
perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado. <=
/span>
7. Posteriormente, si la Corte decide q=
ue la
prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inoce=
ncia
del acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes:
a) Cuando se solicite la divulgaci&oacu=
te;n
de la información o del documento de conformidad con una solicitud de
cooperación con arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las
circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicad=
o en
el párrafo 4 del artículo 93:
i) La Corte podrá, antes de adop=
tar
una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del
párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las
razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará las
consultas a puerta cerrada y ex parte;
ii) Si la Corte llega a la conclusi&oac=
ute;n
de que, al hacer valer el motivo de denegación indicado en el
párrafo 4 del artículo 93, dadas las circunstancias del caso,=
el
Estado requerido no está actuando de conformidad con las obligaciones
que le impone el presente Estatuto, podrá remitir la cuestión=
de
conformidad con el párrafo 7 del artículo 87, especificando l=
as
razones de su conclusión; y
iii) La Corte, en el juicio del acusado,
podrá establecer las presunciones respecto de la existencia o
inexistencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las
circunstancias; o
b) En todas las demás circunstan=
cias:
i) Ordenar la divulgación; o
ii) Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en razón de las circunstancias. <= o:p>
Artículo
73
Información
o documentos de terceros
La Corte, si pide a un Estado Parte que=
le
proporcione información o un documento que esté bajo su custo=
dia,
posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una
organización intergubernamental o una organización internacio=
nal
a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor
para divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado
Parte, podrá consentir en divulgar dicha información o docume=
nto
o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeci&oacu=
te;n
a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte =
y no
consiente en divulgar la información o el documento, el Estado reque=
rido
comunicará a la Corte que no puede proporcionar la informació=
n o
el documento de que se trate en razón de la obligación
contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.=
Artículo
74
Requisitos
para el fallo
1. Todos los magistrados de la Sala de
Primera Instancia estarán presentes en cada fase del juicio y en tod=
as
sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar para cada causa y
según estén disponibles uno o varios magistrados suplentes pa=
ra
que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro d=
e la
Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participand=
o en
el juicio.
2. La Sala de Primera Instancia
fundamentará su fallo en su evaluación de las pruebas y de la
totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los
hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a =
los
cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo
únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el
juicio.
3. Los magistrados procurarán ad=
optar
su fallo por unanimidad, pero, de no ser posible, éste será
adoptado por mayoría.
4. Las deliberaciones de la Sala de Pri=
mera
Instancia serán secretas.
5. El fallo constará por escrito=
e
incluirá una exposición fundada y completa de la
evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera
Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la
Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayorí=
a y
de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se
hará en sesión pública.
Artículo
75
Reparación
a las víctimas
1. La Corte establecerá principi=
os
aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la
indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa
solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determi=
nar
en su decisión el alcance y la magnitud de los daños,
pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus
causahabientes, indicando los principios en que se funda.
2. La Corte podrá dictar directa=
mente
una decisión contra el condenado en la que indique la reparaci&oacut=
e;n
adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cua=
ndo
proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada=
a
título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciar=
io
previsto en el artículo 79.
3. La Corte, antes de tomar una
decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta=
las
observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras perso=
nas
o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.=
4. Al ejercer sus atribuciones de confo=
rmidad
con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea
declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar =
si,
a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este
artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 90.
5. Los Estados Partes darán efec=
to a
la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las
disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artíc=
ulo.
6. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de =
las
víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional. =
Artículo
76
Fallo
condenatorio
1. En caso de que se dicte un fallo
condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que proceda
imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las
presentaciones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.
2. Salvo en el caso en que sea aplicabl=
e el
artículo 65, la Sala de Primera Instancia podrá convocar de
oficio una nueva audiencia, y tendrá que hacerlo si lo solicitan el
Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar
diligencias de prueba o escuchar presentaciones adicionales relativas a la
pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. En el caso en que sea aplicable el
párrafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese pá=
rrafo
o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escucharán las
presentaciones que se hagan en virtud del artículo 75.
4. La pena será impuesta en audi=
encia
pública y, de ser posible, en presencia del acusado.
PARTE
VII. DE LAS PENAS
Artículo
77
Penas
aplicables
1. La Corte podrá, con sujeci&oa=
cute;n
a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada
culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el
artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:
a) La reclusión por un nú=
mero
determinado de años que no exceda de 30 años; o
b) La reclusión a perpetuidad cu=
ando
lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personal=
es
del condenado.
2. Además de la reclusión=
, la
Corte podrá imponer:
a) Una multa con arreglo a los criterios
enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El decomiso del producto, los bienes=
y los
haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio=
de
los derechos de terceros de buena fe.
Artículo
78
Imposición
de la pena
1. Al imponer una pena, la Corte
tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias
personales del condenado.
2. La Corte, al imponer una pena de
reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado
detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro
período de detención cumplido en relación con la condu=
cta
constitutiva del delito.
3. Cuando una persona haya sido declara=
da
culpable de más de un crimen, la Corte impondrá una pena para
cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la
duración total de la reclusión. La pena no será inferi=
or a
la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá =
de 30
años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetu=
idad
de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.
Artículo
79
Fondo
fiduciario
1. Por decisión de la Asamblea d=
e los
Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las
víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus
familias.
2. La Corte podrá ordenar que las
sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean
transferidos al Fondo Fiduciario.
3. El Fondo Fiduciario será
administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados
Partes.
Artículo
80
El
Estatuto, la aplicación de penas por los países y la
legislación nacional
Nada de lo dispuesto en la presente par=
te se
entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las
penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislaci&oacu=
te;n
de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.=
PARTE
VIII. DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN
Artículo
81
Apelación
del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena
1. Los fallos dictados de conformidad c=
on el
artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:
a) El Fiscal podrá apelar por al=
guno
de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho; o
iii) Error de derecho;
b) El condenado, o el Fiscal en su nomb=
re,
podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho;
iii) Error de derecho;
iv) Cualquier otro motivo que afecte a =
la
justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.
1. a) El Fiscal o el condenado podr&aac=
ute;n
apelar de una sentencia, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la
condena;
b) La Corte, si al conocer de la
apelación de una sentencia, considerase que hay fundamentos para rev=
ocar
la condena en todo o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a=
que
presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del
párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una
decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo
83;
c) Este procedimiento también
será aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelación
contra la sentencia únicamente, considere que hay fundamentos para
reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).
3. a) Salvo que la Sala de Primera Inst=
ancia
ordene otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad mient=
ras
se falla la apelación;
b) Cuando la duración de la
detención fuese mayor que la de la pena de prisión impuesta, =
el
condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal
también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las
condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el
acusado será puesto en libertad de inmediato, con sujeción a =
las
normas siguientes:
i) En circunstancias excepcionales y te=
niendo
en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del de=
lito
y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sa=
la
de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga
privado de la libertad mientras dure la apelación;
ii) Las decisiones dictadas por la Sala=
de
Apelaciones en virtud del inciso precedente serán apelables de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. Con sujeción a lo dispuesto e=
n los
apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución de la
decisión o sentencia será suspendida durante el plazo fijado =
para
la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación. <=
/span>
Artículo
82
Apelación
de otras decisiones
1. Cualquiera de las partes podrá
apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las
siguientes decisiones:
a) Una decisión relativa a la
competencia o la admisibilidad;
b) Una decisión por la que se au=
torice
o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o
enjuiciamiento;
c) Una decisión de la Sala de
Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 56;
d) Una decisión relativa a una
cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la
prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la
cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de
Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones pueda
acelerar materialmente el proceso.
2. El Estado de que se trate o el Fisca=
l, con
la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá
apelar de una decisión adoptada por esta Sala de conformidad con el
párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será
sustanciada en procedimiento sumario.
3. La apelación no suspender&aac=
ute;
por sí misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones lo
dictamine, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimient=
o y
Prueba.
4. El representante legal de las v&iacu=
te;ctimas,
el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una
providencia dictada en virtud del artículo 73 podrán apelar, =
de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión=
por
la cual se conceda reparación.
Artículo
83
Procedimiento
de apelación
1. A los efectos del procedimiento
establecido en el artículo 81 y en el presente artículo, la S=
ala
de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera
Instancia.
2. La Sala de Apelaciones, si decide qu=
e las
actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del
fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de
errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá: <=
/span>
a) Revocar o enmendar el fallo o la pen=
a; o
b) Decretar la celebración de un=
nuevo
juicio en otra Sala de Primera Instancia.
A estos efectos, la Sala de Apelaciones
podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera
Instancia original para que la examine y le informe según correspond=
a, o
podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena
apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de
éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.
3. La Sala de Apelaciones, si al conoce=
r de
una apelación contra la pena, considera que hay una desproporci&oacu=
te;n
entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad
con lo dispuesto en la Parte VII.
4. La sentencia de la Sala de Apelacion=
es
será aprobada por mayoría de los magistrados que la componen y
anunciada en audiencia pública. La sentencia enunciará las
razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las
opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un magistrado
podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una
cuestión de derecho.
5. La Sala de Apelaciones podrá =
dictar
sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada.
Artículo
84
Revisión
del fallo condenatorio o de la pena
1. El condenado o, después de su
fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera v=
ivo
al momento de la muerte del acusado y tuviera instrucciones escritas del
acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala =
de
Apelaciones que revise la sentencia definitiva condenatoria o la pena por l=
as
siguientes causas:
a) Se hubieren descubierto nuevas prueb=
as
que:
i) No se hallaban disponibles a la
época del juicio por motivos que no cabría imputar total o
parcialmente a la parte que formula la solicitud; y
ii) Son suficientemente importantes com=
o para
que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a =
otro
veredicto;
b) Se acabare de descubrir que un eleme=
nto de
prueba decisivo, apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era
falso o habría sido objeto de adulteración o
falsificación;
c) Uno o varios de los jueces que
intervinieron en la sentencia condenatoria o en la confirmación de l=
os
cargos han incurrido, en esa causa, en una falta o un incumplimiento de sus
funciones de gravedad suficiente para justificar su separación del c=
argo
de conformidad con el artículo 46.
2. La Sala de Apelaciones rechazar&aacu=
te; la
solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es
atendible, podrá, según corresponda:
a) Convocar nuevamente a la Sala de Pri=
mera
Instancia original;
b) Constituir una nueva Sala de Primera
Instancia; o
c) Mantener su competencia respecto del
asunto,
para, tras oír a las partes en la
manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si h=
a de
revisarse la sentencia.
Artículo
85
Indemnización
del detenido o condenado
1. El que haya sido ilegalmente detenid=
o o
recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.
2. El que por decisión final hub=
iera
sido condenado por un crimen y hubiere cumplido la pena correspondiente
será indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su
condena en razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que
hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos
hechos le fuera total o parcialmente imputable.
3. En circunstancias excepcionales, la =
Corte,
si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un
error judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de
otorgar una indemnización, de conformidad con los criterios establec=
idos
en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en
libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un
sobreseimiento de la causa por esa razón.
PARTE
IX. DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL =
Artículo
86
Obligación
general de cooperar
Los Estados Partes, de conformidad con =
lo
dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Cort=
e en
relación con la investigación y el enjuiciamiento de
crímenes de su competencia.
Artículo
87
Solicitudes
de cooperación: disposiciones generales
1. a) La Corte estará facultada =
para
formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Ést=
as
se transmitirán por vía diplomática o por cualquier ot=
ro
conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión=
.
Cada Estado Parte podrá cambiar
posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado a), las solicitudes podrán transmitirse
también por conducto de la Organización Internacional de
Policía Criminal o de cualquier organización regional compete=
nte.
2. Las solicitudes de cooperació=
n y
los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma
oficial del Estado requerido, o acompañados de una traducción=
a
ese idioma, o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte, según la
elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificació=
;n,
aceptación, aprobación o adhesión.
El Estado Parte podrá cambiar
posteriormente esa elección de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
3. El Estado requerido preservará=
; el
carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de l=
os
documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgaci&oacu=
te;n
sea necesaria para tramitarla.
4. Con respecto a las solicitudes de
asistencia presentadas de conformidad con la presente parte, la Corte
podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la
protección de la información, que sean necesarias para proteg=
er
la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las
víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podr&aacu=
te;
solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente p=
arte
sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el
bienestar físico o psicológico de las víctimas, los
posibles testigos y sus familiares.
5. La Corte podrá invitar a cual=
quier
Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia
prevista en la presente parte sobre la base de un arreglo especial, un acue=
rdo
con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.
Cuando un Estado que no sea parte en el
presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con=
la
Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que =
se
refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la
Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le
hubiese remitido el asunto.
6. La Corte podrá solicitar de
cualquier organización intergubernamental que le proporcione
información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar
otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con
cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mand=
ato.
7. Cuando, en contravención de lo
dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a =
una
solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole
ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatut=
o,
ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y rem=
itir
la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de
Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.
Artículo
88
Procedimientos
aplicables en el derecho interno
Los Estados Partes se asegurarán=
de
que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las for=
mas
de cooperación especificadas en la presente parte.
Artículo
89
Entrega
de personas a la Corte
1. La Corte podrá transmitir, ju=
nto
con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artícu=
lo
91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estad=
o en
cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de=
ese
Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detenci&oacu=
te;n
y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el
procedimiento establecido en su derecho interno.
2. Cuando la persona cuya entrega se pi=
da la
impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juz=
gada
de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrar&aacu=
te;
de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una
decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisibl=
e,
el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente =
la
decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá
aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte
adopte esa decisión.
3. a) El Estado Parte autorizará=
de
conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de=
una
persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito
por ese Estado obstaculice o demore la entrega;
b) La solicitud de la Corte de que se
autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el
artículo 87 y contendrá:
i) Una descripción de la persona=
que
será transportada;
ii) Una breve exposición de los =
hechos
de la causa y su tipificación; y
iii) La orden de detención y ent=
rega;
c) La persona transportada permanecer&a=
acute;
detenida durante el tránsito;
d) No se requerirá autorizaci&oa=
cute;n
alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no =
se
prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;
e) En caso de aterrizaje imprevisto en =
el
territorio del Estado de tránsito, éste podrá pedir a =
la
Corte que presente una solicitud de tránsito con arreglo a lo dispue=
sto
en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona
transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efectú=
a el
tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongar=
se
más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solici=
tud
no es recibida dentro de ese plazo.
4. Si la persona buscada está si=
endo
enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de
aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido,
después de haber decidido conceder la entrega, celebrará
consultas con la Corte.
Artículo
90
Solicitudes
concurrentes
1. El Estado Parte que haya recibido una
solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad c=
on
el artículo 89, y reciba además una solicitud de cualquier ot=
ro
Estado relativa a la extradición de la misma persona por la misma
conducta que constituya la base del crimen en razón del cual la Cort=
e ha
pedido la entrega, notificará a la Corte y al Estado requirente ese
hecho.
2. Si el Estado requirente es un Estado
Parte, el Estado requerido dará prioridad a la solicitud de la Corte
cuando:
a) Haya determinado, de conformidad con=
lo
dispuesto en los artículos 18 y 19, que la causa respecto de la cual=
se
solicita la entrega es admisible y en su decisión haya tenido en cue=
nta
la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado
requirente con respecto a la solicitud de extradición que ést=
e ha
presentado; o
b) Adopte la decisión a que se r=
efiere
el apartado a) con arreglo a la notificación efectuada por el Estado
requerido de conformidad con el párrafo 1.
3. Cuando no se haya adoptado la
decisión a que se hace referencia en el párrafo 2 a), el Esta=
do
requerido tendrá la facultad discrecional, hasta que se dicte la
decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar curs=
o a
la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, per=
o no
la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es in=
admisible.
La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.
4. Si el Estado requirente no es parte = en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no esté oblig= ado por alguna norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud de entrega que le haya hec= ho la Corte si ésta ha determinado que la causa era admisible. <= o:p>
5. Cuando la Corte no haya determinado =
la
admisibilidad de una causa de conformidad con el párrafo 4, el Estado
requerido tendrá la facultad discrecional de dar curso a la solicitu=
d de
extradición que le haya hecho el Estado requirente.
6. En los casos en que sea aplicable el
párrafo 4, y salvo que el Estado requerido esté obligado por
alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado requirente que=
no
sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidirá si h=
ace
la entrega a la Corte o concede la extradición al Estado requirente.
Para tomar esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta
todos los factores pertinentes, entre otros:
a) Las fechas respectivas de las solici=
tudes;
b) Los intereses del Estado requirente =
y,
cuando proceda, si el crimen se cometió en su territorio y cuá=
;l
es la nacionalidad de las víctimas y de la persona cuya entrega o
extradición se ha solicitado; y c) La posibilidad de que la Corte y =
el
Estado requirente lleguen posteriormente a un acuerdo respecto de la entreg=
a.
7. Cuando el Estado Parte que reciba una
solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba también una
solicitud de otro Estado relativa a la extradición de la misma perso=
na
por una conducta distinta de la que constituye el crimen en razón del
cual la Corte solicita la entrega:
a) El Estado requerido, si no est&aacut=
e;
obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradición al
Estado Parte requirente, dará preferencia a la solicitud de la Corte=
;
b) El Estado requerido, si está
obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Es=
tado
Parte requirente, decidirá si la entrega a la Corte o la extradita al
Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido tendr&aacut=
e;
en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en =
el
párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza =
y la
gravedad relativas de la conducta de que se trate.
8. Cuando, de conformidad con una
notificación efectuada con arreglo al presente artículo, la C=
orte
haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se denieg=
ue
la extradición al Estado requirente, el Estado requerido
notificará su decisión a la Corte.
Artículo
91
Contenido
de la solicitud de detención y entrega
1. La solicitud de detención y e=
ntrega
deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá
hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a
condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en=
el
párrafo 1 a) del artículo 87.
2. La solicitud de detención y e=
ntrega
de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya
dictado una orden de detención de conformidad con el artículo=
58
deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de: =
a) Información suficiente para la
identificación de la persona buscada y datos sobre su probable parad=
ero;
b) Una copia de la orden de detenci&oac=
ute;n;
y
c) Los documentos, las declaraciones o =
la
información que sean necesarios para cumplir los requisitos de
procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos
requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las
solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados=
por
el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos
onerosos, habida cuenta del carácter específico de la Corte. =
3. La solicitud de detención y e=
ntrega
del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir
acompañada de: a) Copia de la orden de detención dictada en su
contra;
b) Copia de la sentencia condenatoria; =
c) Datos que demuestren que la persona
buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y =
d) Si la persona que se busca ha sido ya
condenada, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusi&oacut=
e;n,
una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que
queda por cumplir.
4. A solicitud de la Corte, el Estado P=
arte
consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto
concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser
aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del prese=
nte
artículo. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la =
Corte
las disposiciones específicas de su derecho interno.
Artículo
92
Detención
provisional
1. En caso de urgencia, la Corte podr&a=
acute;
solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se
presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de
conformidad con el artículo 91.
2. La solicitud de detención
provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar
constancia escrita y contendrá:
a) Información suficiente para
identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
b) Una exposición concisa de los
crímenes por los que se pida la detención y de los hechos que
presuntamente serían constitutivos de esos crímenes, inclusiv=
e,
de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar en que se
cometieron;
c) Una declaración de que existe=
una
orden de detención o una decisión final condenatoria respecto=
de
la persona buscada; y
d) Una declaración de que se
presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.
3. La persona sometida a detenció=
;n
provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado requerido no
hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifique=
n,
de conformidad con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Re=
glas
de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir =
en
la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el der=
echo
interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido proceder&aac=
ute;
a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.
4. El hecho de que la persona buscada h=
aya
sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no
obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el
Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la
justifiquen.
Artículo
93
Otras
formas de cooperación
1. Los Estados Partes, de conformidad c=
on lo
dispuesto en la presente parte y con los procedimientos de su derecho inter=
no,
deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Cort=
e en
relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
a) Identificar y buscar personas u obje=
tos;
b) Practicar pruebas, incluidos los
testimonios bajo juramento, y presentar pruebas, incluidos los
dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;
c) Interrogar a una persona objeto de
investigación o enjuiciamiento;
d) Notificar documentos, inclusive los
documentos judiciales;
e) Facilitar la comparecencia voluntari=
a ante
la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de
personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7;
g) Realizar inspecciones oculares, incl=
usive
la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;=
i) Transmitir registros y documentos,
inclusive registros y documentos oficiales;
j) Proteger a víctimas y testigo=
s y
preservar pruebas;
k) Identificar, determinar el paradero o
congelar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los
instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso
ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y =
l) Cualquier otro tipo de asistencia no
prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a
facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de=
la
competencia de la Corte.
2. La Corte podrá dar seguridade=
s a
los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no serán
enjuiciados o detenidos ni se restringirá su libertad personal por un
acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido.
3. Cuando la ejecución de una
determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de
conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requer=
ido
por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación
general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas con la C=
orte
para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se deber&iacut=
e;a
considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con
sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no=
se
pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud
según sea necesario.
4. El Estado Parte podrá no dar =
lugar
a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad c=
on el
artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la
presentación de documentos o la divulgación de pruebas que
afecten a su seguridad nacional.
5. Antes de denegar una solicitud de
asistencia de conformidad con el párrafo 1 l), el Estado requerido
considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a
ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de ot=
ra
manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones,
tendrán que cumplirlas.
6. Si no se da lugar a una solicitud de
asistencia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin demora los
motivos a la Corte o al Fiscal.
7. a) La Corte podrá solicitar el
traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación=
o
de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado
podrá realizarse siempre que:
i) El detenido dé su libre
consentimiento; y
ii) El Estado requerido lo acepte, con
sujeción a las condiciones que hubiere acordado con la Corte;
b) La persona trasladada permanecer&aac=
ute;
detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la
devolverá sin dilación al Estado requerido.
8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios = para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud; <= o:p>
b) El Estado requerido podrá, cu=
ando
sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con
carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá
utilizarlos para reunir nuevas pruebas;
c) El Estado requerido podrá, de
oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de
estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse =
como
medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
9. a) i) El Estado Parte que reciba
solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una
obligación internacional y que no se refieran a la entrega o la
extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro
Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicion=
ando
una de ellas;
ii) Si esto no fuera posible, la
cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de
conformidad con los principios enunciados en el artículo 90; =
b) Sin embargo, cuando la solicitud de =
la
Corte se refiera a información, bienes o personas que estén
sometidos al control de un tercer Estado o de una organización
internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo
comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al ter=
cer
Estado o a la organización internacional.
10. a) A solicitud de un Estado Parte q=
ue
lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta
que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un
crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte
podrá cooperar con él y prestarle asistencia;
b) i) La asistencia prestada de conform=
idad
con el apartado a) podrá comprender, entre otras cosas:
1. La transmisión de declaracion=
es,
documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una
investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y
2. El interrogatorio de una persona det=
enida
por orden de la Corte;
ii) En el caso de la asistencia previst=
a en
el apartado b) i) a.:
1. Si los documentos u otros elementos =
de
prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su
transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Est=
ado;
2. Si las declaraciones, los documentos=
u
otros elementos de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un
perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el
artículo 68;
c) La Corte podrá, de conformida=
d con
el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él,
acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea p=
arte
en el presente Estatuto.
Artículo
94
Aplazamiento
de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto a una
investigación o un enjuiciamiento en curso
1. Si la ejecución inmediata de =
una
solicitud de asistencia interfiriere una investigación o enjuiciamie=
nto
en curso de un asunto distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el
Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que
acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo
necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que =
se
trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar =
la
ejecución de la solicitud, el Estado requerido debe considerar si se
podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a cie=
rtas
condiciones.
2. Si, de conformidad con el pár=
rafo
1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia,=
el
Fiscal podrá en todo caso pedir que se adopten las medidas necesarias
para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1 j) del
artículo 93.
Artículo
95
Aplazamiento
de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la admisibili=
dad
de la causa
Sin perjuicio de lo dispuesto en el p&a=
acute;rrafo
2 del artículo 53, cuando la Corte proceda a examinar una
impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los
artículos 18 ó 19, el Estado requerido podrá aplazar la
ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte hasta=
que
la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta =
haya
resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo prueb=
as
conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.
Artículo
96
Contenido
de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el
artículo 93
1. La solicitud relativa a otras formas=
de
asistencia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá
hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualqui=
er
otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que =
la
solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del
artículo 87.
2. La solicitud deberá contener =
los
siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda:
a) Una exposición concisa de su
propósito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos
jurídicos y los motivos de la solicitud;
b) La información más det=
allada
posible acerca del paradero o la identificación de la persona o el l=
ugar
objeto de la búsqueda o la identificación, de forma que se pu=
eda
prestar la asistencia solicitada;
c) Una exposición concisa de los
hechos esenciales que fundamentan la solicitud;
d) Las razones y la indicación
detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba
cumplirse; e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme=
al
derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y
f) Cualquier otra información
pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.
3. A solicitud de la Corte, todo Estado=
Parte
consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto,
sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de
conformidad con el párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Part=
es comunicarán
a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.
4. Las disposiciones del presente
artículo serán también aplicables, según proced=
a,
con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.
Artículo
97
Consultas
con la Corte
El Estado Parte que reciba una solicitu=
d de
conformidad con la presente parte celebrará sin dilación
consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas q=
ue
puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podrían
ser, entre otros:
a) Que la información fuese
insuficiente para cumplir la solicitud;
b) Que, en el caso de una solicitud de
entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizad=
os,
o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente
que la persona en el Estado de detención no es la indicada en la
solicitud; o
c) Que el cumplimiento de la solicitud =
en su
forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligación
preexistente en virtud de un tratado con otro Estado.
Artículo
98
Cooperación
con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega
1. La Corte podrá negarse a dar =
curso
a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado
requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imp=
onga
el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la
inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado,
salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para la renunc=
ia a
la inmunidad.
2. La Corte no dará curso a una
solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en
forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internaci=
onal
conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe =
para
entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese
Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del
Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega. =
Artículo
99
Cumplimiento
de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96=
1. Las solicitudes de asistencia se
cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho
interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en =
la
forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados =
en
ella y la autorización a las personas especificadas en ella para est=
ar
presentes y prestar asistencia en el trámite.
2. En el caso de una solicitud urgente y
cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta
serán transmitidos con urgencia.
3. Las respuestas del Estado requerido
serán transmitidas en su idioma y forma original.
4. Sin perjuicio de los demás
artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso =
de
una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en
particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de =
una
persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades=
del
Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la
solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entra&ntil=
de;e
un cambio en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la
solicitud en el territorio de un Estado según se indica a continuaci=
ón:
a) Cuando el Estado Parte requerido fue=
re un
Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y
hubiere habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los
artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamen=
te
la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte
requerido;
b) En los demás casos, el Fiscal
podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Pa=
rte
requerido y con sujeción a cualquier condición u
observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el
Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución=
de
una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrará
consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión. =
5. Las disposiciones en virtud de las c=
uales
una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al
artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para
impedir la divulgación de información confidencial relacionada
con la defensa o la seguridad nacionales serán igualmente aplicables=
al
cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el
presente artículo.
Artículo
100
Gastos
1. Los gastos ordinarios que se deriven=
del
cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido
correrán a cargo de éste, con excepción de los siguien=
tes,
que correrán a cargo de la Corte:
a) Gastos relacionados con el viaje y la
seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al
artículo 93, de personas detenidas;
b) Gastos de traducción, interpr=
etación
y transcripción;
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte; <= o:p>
d) Costo de los informes o dictá=
menes
periciales solicitados por la Corte;
e) Gastos relacionados con el transport=
e de
la persona que entregue a la Corte un Estado de detención; y =
f) Previa consulta, todos los gastos
extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud.=
2. Las disposiciones del párrafo=
1
serán aplicables, según proceda, a las solicitudes hechas por=
los
Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se derive=
n de
su cumplimiento correrán a cargo de la Corte.
Artículo
101
Principio
de la especialidad
1. Quien haya sido entregado a la Corte=
en
virtud del presente Estatuto no será procesado, castigado o detenido=
por
una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la b=
ase
del delito por el cual haya sido entregado.
2. La Corte podrá pedir al Estad=
o que
hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establec=
idos
en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará
información adicional de conformidad con el artículo 91. Los
Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y
procurarán hacerlo.
Artículo
102
Términos
empleados
A los efectos del presente Estatuto:
a) Por "entrega" se
entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte de
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto; b) Por
"extradición" se entenderá la entrega de una persona
por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o
convención o en el derecho interno.
PARTE
X. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Artículo
103
Función
de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad <=
/span>
1. a) La pena privativa de libertad se
cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una li=
sta
de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a
recibir condenados;
b) En el momento de declarar que est&aa=
cute;
dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a
reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad co=
n la
presente parte;
c) El Estado designado en un caso deter=
minado
indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
2. a) El Estado de ejecución de =
la
pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el
cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, =
que
pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la
privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles
deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación
mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de
ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio =
de
lo dispuesto en el artículo 110;
b) La Corte, si no puede aceptar las
circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificar&aac=
ute;
al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 104.
3. La Corte, al ejercer su facultad
discrecional de efectuar la designación prevista en el párraf=
o 1,
tendrá en cuenta:
a) El principio de que los Estados Part=
es
deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas pri=
vativas
de libertad de conformidad con los principios de distribución equita=
tiva
que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) La aplicación de normas de tr=
atados
internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos=
;
c) La opinión del condenado;
d) La nacionalidad del condenado; y
e) Otros factores relativos a las
circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz d=
e la
pena, según procedan en la designación del Estado de
ejecución. 4. De no designarse un Estado de conformidad con el
párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el
establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de
conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sed=
e a que
se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese cas=
o,
los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de
libertad serán sufragados por la Corte.
Artículo
104
Cambio
en la designación del Estado de ejecución
1. La Corte podrá en todo momento
decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto
del Estado de ejecución.
2. El condenado podrá en todo mo=
mento
solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecución.
Artículo
105
Ejecución
de la pena
1. Con sujeción a las condicione=
s que haya
establecido un Estado de conformidad con el párrafo 1 b) del
artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá
carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no
podrán modificarla en caso alguno.
2. La decisión relativa a cualqu= ier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivam= ente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole. <= o:p>
Artículo
106
Supervisión
de la ejecución de la pena
y condiciones de reclusión
1. La ejecución de una pena priv=
ativa
de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se
ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
2. Las condiciones de reclusión = se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los recl= usos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución. <= o:p>
3. La comunicación entre el cond=
enado
y la Corte será irrestricta y confidencial.
Artículo
107
Traslado
una vez cumplida la pena
1. Una vez cumplida la pena, quien no s=
ea
nacional del Estado de ejecución podrá, de conformidad con la
legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté
obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo,
teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el
Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.
2. Los gastos derivados del traslado de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados p=
or
un Estado, correrán por cuenta de la Corte.
3. Con sujeción a lo dispuesto e=
n el
artículo 108, el Estado de ejecución también podr&aacu=
te;,
de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier =
otra
vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o
entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.
Artículo
108
Limitaciones
al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos
1. El condenado que se halle bajo la cu=
stodia
del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento,
sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta
anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que, a
petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la
sanción o la extradición.
2. La Corte dirimirá la
cuestión tras haber oído al condenado.
3. El párrafo 1 del presente
artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera
voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Estado=
de
ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena
impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado despué=
;s
de haber salido de él.
Artículo
109
Ejecución
de multas y órdenes de decomiso
1. Los Estados Partes harán efec=
tivas
las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud d=
e la
Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de
conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno. =
2. El Estado Parte que no pueda hacer
efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor =
del
producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte,
sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
3. Los bienes, o el producto de la vent=
a de
bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el
Estado Parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte será=
;n
transferidos a la Corte.
Artículo
110
Examen
de una reducción de la pena
1. El Estado de ejecución no
pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena
impuesta por la Corte.
2. Sólo la Corte podrá de=
cidir
la reducción de la pena y se pronunciará al respecto
después de escuchar al recluso.
3. Cuando el recluso haya cumplido las =
dos
terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de ca=
dena
perpetua, la Corte revisará la pena para determinar si ésta p=
uede
reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos
esos plazos.
4. Al proceder a la revisión exa=
men
con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si
considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
a) Si el recluso ha manifestado desde el
principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus
investigaciones y enjuiciamientos;
b) Si el recluso ha facilitado de manera
espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de=
la
Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la
localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las
órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en
beneficio de las víctimas; o
c) Otros factores indicados en las Regl=
as de
Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstanc=
ias
suficientemente claro e importante como para justificar la reducción=
de
la pena.
5. La Corte, si en su revisión i= nicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arre= glo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba. <= o:p>
Artículo
111
Evasión
Si un condenado se evade y huye del Est=
ado de
ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedi=
r al
Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos
bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que
solicite la entrega de conformidad con la Parte IX. La Corte, si solicita la
entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en que
cumplía su pena o a otro Estado que indique.
PARTE
XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES
Artículo
112
Asamblea
de los Estados Partes
1. Se instituye una Asamblea de los Est=
ados
Partes en el presente Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un
representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de s=
uplentes
y asesores. Otros Estados signatarios del Estatuto o del Acta Final
podrán participar en la Asamblea a título de observadores.
2. La Asamblea:
a) Examinará y aprobará,
según proceda, las recomendaciones de la Comisión Preparatori=
a;
b) Ejercerá su supervisión
respecto de la Presidencia, el Fiscal y la Secretaría en las cuestio=
nes
relativas a la administración de la Corte;
c) Examinará los informes y las
actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará=
las
medidas que procedan a ese respecto;
d) Examinará y decidirá el
presupuesto de la Corte;
e) Decidirá si corresponde, de
conformidad con el artículo 36, modificar el número de
magistrados;
f) Examinará cuestiones relativa=
s a la
falta de cooperación de conformidad con los párrafos 5 y 7 del
artículo 87;
g) Desempeñará las dem&aa=
cute;s
funciones que procedan en virtud del presente Estatuto y las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
3. a) La Asamblea tendrá una Mes=
a, que
estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros
elegidos por la Asamblea por períodos de tres años;
b) La Mesa tendrá carácter
representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la
distribución geográfica equitativa y la representación
adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;
c) La Mesa se reunirá con la
periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y
prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus
funciones.
4. La Asamblea podrá establecer =
los
órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo=
de
supervisión independiente que se encargará de la
inspección, la evaluación y la investigación de la Cor=
te a
fin de mejorar su eficiencia y economía.
5. El Presidente de la Corte, el Fiscal=
y el
Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en
las sesiones de la Asamblea y de la Mesa. 6. La Asamblea se reunirá =
en
la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al añ=
;o
y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará períodos
extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente
Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones serán
convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los
Estados Partes.
7. Cada Estado Parte tendrá un v=
oto.
La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus decision=
es
por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el prese=
nte
Estatuto se disponga otra cosa:
a) Las decisiones sobre cuestiones de f=
ondo
serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los presentes y
votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Esta=
dos
Partes constituirá el quórum para la votación; =
b) Las decisiones sobre cuestiones de
procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados Pa=
rtes
presentes y votantes.
8. El Estado Parte que esté en m=
ora en
el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no
tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea
igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos
años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo,
permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la volun=
tad
del Estado Parte.
9. La Asamblea aprobará su propio
reglamento.
10. Los idiomas oficiales y de trabajo =
de la
Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PARTE
XII. DE LA FINANCIACIÓN
Artículo
113
Reglamento
Financiero
Salvo que se prevea expresamente otra c=
osa,
todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reunio=
nes
de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos
subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento
Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asam=
blea
de los Estados Partes.
Artículo
114
Pago
de los gastos
Los gastos de la Corte y de la Asamblea=
de
los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios,=
se
sufragarán con fondos de la Corte.
Artículo
115
Fondos
de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes
Los gastos de la Corte y de la Asamblea=
de
los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios,
previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes,=
se
sufragarán con cargo a:
a) Cuotas de los Estados Partes;
b) Fondos procedentes de las Naciones U=
nidas,
con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, en
particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestio=
nes
remitidas por el Consejo de Seguridad.
Artículo
116
Contribuciones
voluntarias
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de
fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad=
con
los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes. <=
/span>
Artículo
117
Prorrateo
de las cuotas
Las cuotas de los Estados Partes se
prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basad=
a en
la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y
ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.
Artículo
118
Comprobación
anual de cuentas
Los registros, los libros y las cuentas=
de la
Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados
anualmente por un auditor independiente.
PARTE
XIII. CLÁUSULAS FINALES
Artículo
119
Solución
de controversias
1. Las controversias relativas a las
funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.
2. Cualquier otra controversia que surja
entre dos o más Estados Partes respecto de la interpretación o
aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante
negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la
controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La
Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversi=
a o
recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la
Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de és=
ta.
Artículo
120
Reservas
No se admitirán reservas al pres=
ente
Estatuto.
Artículo
121
Enmiendas
1. Transcurridos siete años desd=
e la
entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá
proponer enmiendas a él. El texto de la enmienda propuesta ser&aacut=
e;
presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo
distribuirá sin dilación a los Estados Partes.
2. Transcurridos no menos de tres meses=
desde
la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados Partes decid=
irá,
por mayoría de los presentes y votantes, decidir si ha de examinar la
propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocaci&oacut=
e;n
de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica. <=
/span>
3. La aprobación de una enmienda=
en
una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferenci=
a de
Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerir&aacu=
te;
una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
4. Salvo lo dispuesto en el párr=
afo 5,
toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un
año después de que los siete octavos de éstos hayan
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus
instrumentos de ratificación o de adhesión.
5. Las enmiendas al artículo 5 d=
el
presente Estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los
Estados Partes que las hayan aceptado un año después del
depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptaci&oacut=
e;n.
La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendid=
o en
la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de =
un
Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.
6. Si una enmienda ha sido aceptada por=
los
siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el párrafo 4,=
el
Estado Parte que no la haya aceptado podrá denunciar el Estatuto con
efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho
artículo, mediante notificación hecha a más tardar un
año después de la entrada en vigor de la enmienda. 7. El
Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados
Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.
Artículo
122
Enmiendas
a disposiciones de carácter institucional
1. No obstante lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado Parte podr&aacut=
e;
proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente
Estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el
artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el
artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1 del
artículo 39 (dos primeras oraciones), los párrafos 4 a 9 del
artículo 42, los párrafos 2 y 4 del artículo 43 y los =
artículos
44, 46, 47 y 49. El texto de la enmienda propuesta será presentado al
Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la
Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los
Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.
2. Las enmiendas presentadas con arregl=
o al
presente artículo respecto de las cuales no sea posible llegar a un
consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por=
una
Conferencia de Revisión por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los Est=
ados
Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o,=
en
su caso, por la Conferencia.
Artículo
123
Revisión
del Estatuto
1. Siete años después de =
que
entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones
Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados
Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá
comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5
pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a =
los
participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condicio=
nes
que ésta.
2. Posteriormente, en cualquier momento=
, a
petición de un Estado Parte y a los efectos indicados en el
párrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la
aprobación de una mayoría de los Estados Partes, convocar&aac=
ute;
una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.
3. Las disposiciones de los párr=
afos 3
a 7 del artículo 121 serán aplicables a la aprobación y
entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una Conferencia=
de
Revisión.
Artículo
124
Disposición
de transición
No obstante lo dispuesto en el pá=
;rrafo
1 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el Estatuto,
podrá declarar que, durante un período de siete años
contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respec=
to,
no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de
crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se
denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacional=
es o
en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el
presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo
dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la
Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 123.
Artículo
125
Firma,
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión=
1. El presente Estatuto estará a=
bierto
a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede =
de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998,
seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará
abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta =
el
31 de diciembre del año 2000.
2. El presente Estatuto estará s=
ujeto
a la ratificación, aceptación o aprobación de los Esta=
dos
signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación serán depositados en poder del Secretario General =
de
las Naciones Unidas.
3. El presente Estatuto estará a=
bierto
a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesió=
;n
serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo
126
Entrada
en vigor
1. El presente Estatuto entrará =
en
vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo dí=
a a
partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifiqu=
e,
acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a él después de que=
sea
depositado el sexagésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto
entrará en vigor el primer día del mes siguiente al
sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
Artículo
127
Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denun=
ciar
el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efect=
o un
año después de la fecha en que se reciba la notificació=
;n,
a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
2. La denuncia no exonerará al E=
stado
de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estat=
uto
mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras=
que
hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperaci&oacu=
te;n
con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos pe=
nales
en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligad=
o a
cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta
efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan
examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la f=
echa
en que la denuncia surta efecto.
Artículo
128
Textos
auténticos
El original del presente Estatuto, cuyos
textos en árabe, chino, español, francés, inglé=
s y
ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certifi=
cada
a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascri=
tos,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el prese=
nte
Estatuto.
HECHO EN ROMA, el día diecisiete=
de
julio de mil novecientos noventa y ocho.