DECRETO 4089 DE =
2007
(octubre 25)=
Diario Oficial No. =
46.792
de 25 de octubre de 2007
Ministerio del Inte=
rior y
de Justicia
Por el cual se a=
dopta
el marco que fija las tarifas para los centros de conciliación y/o
arbitraje, conciliadores y árbitros, y se dictan otras disposiciones=
para
regular el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Conciliaci&oacut=
e;n
y Arbitraje.
El Pres=
idente
de la República,
en ejer=
cicio
de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas po=
r el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Polític=
a y
los artículos 4°, 9° y 41 de la Ley 640 de 2001 y el
artículo 93 de la Ley 23 de 1991,
CONSIDERANDO: =
Que de
conformidad con el artículo 9° de la Ley 640 de 2001, el Gobierno
Nacional establecerá el marco dentro del cual los centros de
conciliación remunerados, los abogados inscritos en estos y los
notarios, fijarán las tarifas para la prestación del servicio=
de
conciliación. En todo caso, se podrán establecer límit=
es
máximos a las tarifas si se considera conveniente;
Que los
literales c) y d) del artículo 93 de la Ley 23 de 1991 establecen que
todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, el cual
deberá contener: c) Tarifas de honorarios para árbitros y
secretarios aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria
aplicación para el arbitraje institucional, y d) Tarifas para gastos
administrativos;
Que el
sistema de tarifas establecida en el Decreto 1000 de 2007 debe ser ajustado
para que se mejore el acceso a la conciliación y el arbitraje de los
ciudadanos y procure la sostenibilidad de los centros de conciliación
y/o arbitraje;
Que el
artículo 4° de la Ley 640 de 2001 establece que los trámi=
tes
de conciliación que se celebren ante funcionarios públicos
facultados para conciliar, ante centros de conciliación de consultor=
ios
jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas
serán gratuitos. Los notarios podrán cobrar por sus servicios=
de
conformidad con el marco tarifario que establezca el Gobierno Nacional;
Que el
artículo 41 de la Ley 640 de 2001 faculta al Gobierno Nacional para
reglamentar un porcentaje de conciliaciones que los centros de
conciliación y los notarios deberán atender gratuitamente cua=
ndo
se trate de audiencias sobre asuntos respecto de los cuales la Ley 640 de 2=
001
exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad y fijará las
condiciones que los solicitantes de la conciliación deberán
acreditar para que se les conceda este beneficio;
Que con=
el
fin de garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de
Conciliación y Arbitraje, el Gobierno Nacional debe regular las tari=
fas
que se pueden cobrar por la conciliación y el arbitraje y las
condiciones en que prestarán sus labores y funciones los operadores =
de
estos mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia,=
DECRETA:
Art&iac=
ute;culo
1°. Tarifas máximas. Adoptar como tarifas máximas =
que
podrán cobrar los centros de conciliación remunerados, los
notarios y los conciliadores por la prestación del servicio de
conciliación, tomando como base el valor de las diferencias objeto d=
el
conflicto las siguientes:
|
Tarifa |
|
|
Desde 0
y hasta $5.000.000 |
9 smdlv |
|
De
$5.000.001 hasta $7.500.000 |
13
smdlv |
|
De $
7.500.001 hasta $10.000.000 |
16
smdlv |
|
De $
10.000.001 hasta $20.000.000 |
21
smdlv |
|
De $
20.000.001 hasta $30.000.000 |
25
smdlv |
|
De $
30.000.001 en adelante |
3,5% |
De las
anteriores tarifas el sesenta por ciento (60%) corresponde al conciliador y=
el
cuarenta por ciento (40%) corresponde al centro.
Par&aac=
ute;grafo.
La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de
conciliación será de treinta salarios mínimos mensuales
vigentes (30 smmlv) en donde el sesenta por ciento (60%) corresponder&aacut=
e;
al conciliador y el cuarenta por ciento (40%) corresponderá al centr=
o.
Art&iac=
ute;culo
2°. Reliquidación de la tarifa de conciliación. En=
los
casos donde la cuantía de la pretensión del conflicto sea
aumentada en el desarrollo de la conciliación, se podrá liqui=
dar
la tarifa sobre el monto ajustado conforme a lo establecido en el
artículo 1° del presente decreto.
Art&iac=
ute;culo
3°. Asuntos cuantía indeterminada. Cuando se trate de asu=
ntos
de cuantía indeterminada el valor será máximo de 14 sm=
dlv.
Así mismo, si en el desarrollo de la conciliación la
cuantía de las pretensiones es determinada, se deberá liquida=
r la
tarifa conforme a lo establecido en el artículo 1° del presente
decreto.
Art&iac=
ute;culo
4°. Encuentros adicionales de la audiencia de conciliación.
Si las partes en conflicto y el conciliador de mutuo acuerdo realizan
más de tres encuentros de la audiencia de conciliación, por c=
ada
encuentro adicional se podrá cobrar como máximo hasta un vein=
te
por ciento (20%) liquidado sobre la tarifa inicialmente señalada,
conforme a lo establecido en el artículo 1° del presente decreto=
.
Art&iac=
ute;culo
5°. Aplicación del marco tarifario para conciliadores de cent=
ros
de conciliación y notarios. Las tarifas establecidas en el prese=
nte
decreto son de obligatorio cumplimiento para los conciliadores de los centr=
os
de conciliación. Los notarios cobrarán las tarifas
correspondientes a los conciliadores de los centros de conciliación.=
Art&iac=
ute;culo
6°. Tarifas de conciliaciones de mutuo acuerdo. Si las partes en
conflicto solicitan la conciliación de mutuo acuerdo, para liquidar =
la
tarifa aplicable a los centros de conciliación y conciliadores inclu=
idos
los notarios, se sumarán las pretensiones de las partes y el pago
será proporcional a la cuantía de las pretensiones. En los ca=
sos
de cuantía indeterminada, las partes pagarán las tarifas por
igual.
Para es=
tos
casos, la estimación de la cuantía para la liquidación=
de
la tarifa de la conciliación será la sumatoria de todas las
pretensiones.
Art&iac=
ute;culo
7°. Gratuidad de la conciliación por centros de
conciliación y conciliadores. Los centros de conciliación=
de
entidades públicas y consultorios jurídicos de las facultades=
de
derecho, así como sus conciliadores abogados, estudiantes y judicant=
es,
realizarán sus labores y funciones de manera gratuita. En ning&uacut=
e;n
caso se les podrán trasladar cargas o costos a los usuarios en los
trámites de conciliación.
Par&aac=
ute;grafo.
Los centros de conciliación de las entidades públicas y los
consultorios jurídicos de las facultades de derecho, así como=
sus
conciliadores abogados, estudiantes y judicantes, deberán atender co=
n prioridad
a las personas a las que se refiere el parágrafo 1° del
artículo 22 del presente decreto.
Art&iac=
ute;culo
8°. Conciliaciones ante funcionarios públicos que la ley habi=
lita
y autoriza para conciliar. Los funcionarios públicos que la ley
habilita y autoriza para ser conciliadores en derecho deberán atender
con prioridad y gratuitamente a los solicitantes de escasos recursos. En
ningún caso se les podrán trasladar cargas o costos a los
usuarios en los trámites de conciliación.
Par&aac=
ute;grafo.
Los funcionarios públicos que la ley habilita y autoriza para ser
conciliadores en derecho, deberán atender con prioridad a las person=
as a
las que se refiere el parágrafo 1° del artículo 22 del
presente decreto.
Art&iac=
ute;culo
9°. Registro de actas, control de constancias y archivo de los
antecedentes de conciliación. Los centros de conciliación=
de
las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán cobrar
como máximo a los usuarios por el registro que realizan a las actas =
de
conciliación, el control a las constancias que expida el conciliador=
y
por el archivo y custodia de los antecedentes de las conciliaciones hasta el
diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal vigente (sm=
mlv)
solamente en las conciliaciones que realicen los conciliadores a prevenci&o=
acute;n.
Art&iac=
ute;culo
10. Aplicación de las tarifas para conciliación. Las
tarifas reglamentadas en el presente decreto para la conciliación
deberán ser cobradas al presentar la solicitud de conciliació=
n, y
salvo que los reglamentos internos de los centros de conciliación es=
tablezcan
lo contrario, no son reembolsables para el solicitante. Las tarifas de
conciliación no dependen del resultado de la misma.
CAPITULO II<= o:p>
Arbitraje=
Art&iac=
ute;culo
11. Gastos iniciales. Con la presentación de cualquier
convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá
cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:
Si es un
trámite de menor cuantía el equivalente a un salario
mínimo mensual vigente (1 smmv).
Si es un
trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el
equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 smmlv).
Estos v=
alores
se imputarán a los gastos administrativos que decrete el Tribunal. En
los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se
reembolsarán dichos recursos.
Art&iac=
ute;culo
12. Marco tarifario para centros de arbitraje, árbitros y Secreta=
rio
de Tribunal de Arbitramento. La tarifa máxima que pueden cobrar =
los
centros de arbitraje de las personas jurídicas sin ánimo de
lucro, los árbitros y el secretario del tribunal de arbitramento por=
sus
funciones, será como se establece a continuación:
|
Cuantía del proceso=
no
superior a $6.000.000.0=
0: |
40 SMDLV. |
|
Cuantía de $6.000.001 a $100.000.000.00: |
13% |
|
Cuantía de $100.000.001 a $300.000.000.00: |
9% |
|
Cuantía de $300.000.001 a $500.000.000.00: |
8% |
|
Cuantía de $500.000.001 a $1.000.000.000.00: |
7% |
|
Mayor a $1.000.000.001.00 |
6% |
Par&aac=
ute;grafo
1°. La anterior tarifa se distribuirá de la siguiente manera:
El 25% =
por
concepto de honorarios por árbitro, cuando el tribunal esté
constituido por tres (3) árbitros.
El 12.5=
% por
concepto de honorarios para el Secretario del Tribunal.
El 12.5=
% por
concepto de gastos administrativos del Centro de Arbitraje.
Par&aac=
ute;grafo
2°. La anterior liquidación se efectuará sin perjuicio de=
las
sumas adicionales que decrete el tribunal por protocolización y otros
gastos que serán de cargo de las partes en la forma que determine el
tribunal.
Art&iac=
ute;culo
13. Tarifas máximas para centros de arbitraje, árbitros y
Secretarios de Tribunal de Arbitramento. En ningún caso la tarifa
por un arbitraje a que se refiere el artículo 12 del presente decreto
podrá ser superior a los máximos establecidos a
continuación:
Un
árbitro: Mil ochocientos salarios mensuales legales vigentes (1.800
smmlv).
El cent=
ro de
arbitraje: Quinientos cincuenta salarios mínimos mensuales legales
vigentes (550 smmlv).
El Secr=
etario
del Tribunal de Arbitramento: Novecientos salarios mínimos mensuales
legales vigentes (900 smmlv).
El Secr=
etario
del Tribunal de Arbitramento no podrá exceder en sus honorarios del
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa que resulte para un árbitro.=
Art&iac=
ute;culo
14. Liquidación de las tarifas de arbitraje. Respecto de los
trámites arbitrales de carácter legal e institucional, para
efectos de la liquidación de la tarifa de arbitraje a que se refiere=
el
artículo 12 del presente decreto, el tribunal de arbitramento se
fundamentará para la liquidación de las tarifas en la
cuantía de las pretensiones del conflicto, es decir, después =
de
establecida la relación jurídica procesal, de admitida la dem=
anda
y materializada su contestación, y si fuere el caso, después =
de
aceptada la demanda de reconvención y de contestada la misma.=
Para la
liquidación de la tarifa de arbitraje se tendrá en cuenta el
mayor valor de la sumatoria de las pretensiones de la solicitud de convocat=
oria
del tribunal de arbitramento o la sumatoria del valor de las pretensiones d=
e la
reconvención; no se sumarán los valores de las pretensiones d=
e la
solicitud de convocatoria y reconvención.
Art&iac=
ute;culo
15. Asuntos de cuantía indeterminada. Los arbitrajes donde la
cuantía de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se
asimilarán a los de mayor cuantía conforme a la ley y la
distribución de la tarifa se efectuará de conformidad a lo
establecido en los artículos 12 y 17 del presente decreto.
Si en el
desarrollo del arbitraje la cuantía de las pretensiones es determina=
da,
se deberá ajustar la tarifa conforme a lo establecido en los
artículos 12 y 17 del presente decreto teniendo en cuenta la
cuantía señalada.
Art&iac=
ute;culo
16. Reliquidación de la tarifa de arbitraje. En los casos don=
de
la cuantía de las pretensiones del conflicto sea aumentada en el
desarrollo del arbitraje, se podrá liquidar la tarifa conforme a lo
establecido en los artículos 12 y 17 del presente decreto.
Art&iac=
ute;culo
17. Tarifa de honorarios del árbitro único. En los cas=
os
donde el arbitraje se lleve a cabo con un solo árbitro, las tarifas
aplicables serán las establecidas en los artículos 12 y 15 del
presente decreto para el árbitro, la cual podrá aumentarse ha=
sta
en un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa liquidada.
Art&iac=
ute;culo
18. Aplicación del marco tarifario de arbitraje. Las tarifas
establecidas en el artículo 12 del presente decreto son de obligator=
io
cumplimiento para los arbitrajes legales e institucionales.
Art&iac=
ute;culo
19. Aplicación de las tarifas para centros de arbitraje. Las
tarifas para centros de arbitraje a que se refiere el presente decreto
comprenden la utilización de toda la ayuda logística,
técnica y física que ofrezca el centro en días
hábiles y hasta por seis (6) meses, contados a partir de la
instalación del Tribunal de Arbitramento. Si el funcionamiento del
Tribunal de Arbitramento excede del término mencionado o requiere
sesionar en días no hábiles, el centro de arbitraje podr&aacu=
te;
cobrar adicionalmente el reajuste que corresponda.
Art&iac=
ute;culo
20. Protocolización de expedientes de Tribunales de Arbitramento.=
En
lo que respecta a bienes sujetos a registro, el tribunal de arbitramento
ordenará la protocolización del expediente en la notarí=
;a
del círculo que corresponda al lugar donde funcionó el tribun=
al,
y la tarifa aplicable para los notarios será la de las normas vigent=
es
para protocolización.
CAPITULO III=
Disposiciones fi=
nales
Art&iac=
ute;culo
21. Régimen Tributario de la Conciliación y el Arbitraje. =
Las
funciones que desarrollan los centros de conciliación y/o arbitraje,
conciliadores, árbitros y secretarios de tribunales de arbitramento =
se
sujetarán a las normas legales vigentes en materia tributaria.
Art&iac=
ute;culo
22. Función social de los Centros de Conciliación y Notari=
os. Los
centros de conciliación de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro, sus conciliadores y notarios, deberán adelant=
ar
semestralmente en forma gratuita, cuando se trate de audiencias sobre asunt=
os
respecto de los cuales la ley exija el cumplimiento del requisito de proced=
ibilidad,
un número mínimo de trámites conciliatorios equivalent=
es
al cinco por ciento (5%) del total de conciliaciones que tramitaron
onerosamente realizadas durante el semestre inmediatamente anterior, siempr=
e y
cuando el interesado acredite los requisitos contemplados en el
parágrafo 1° del presente artículo.
Atender=
estas
audiencias de conciliación será de forzosa aceptación =
para
los conciliadores de los centros de conciliación de las personas
jurídicas sin ánimo de lucro y notarios.
Par&aac=
ute;grafo
1°. Requisitos para acceder a las conciliaciones gratuitas de los
centros de conciliación, sus conciliadores y notarios.
Tendrán prelación para acceder de forma gratuita al
trámite conciliatorio a que se refiere el presente artículo, =
los
interesados que residan en áreas definidas oficialmente como de estr=
atos
1, 2 y 3 o en la zona rural, siempre que su capacidad económica no l=
es
permita acceder a los servicios de estos centros, conciliadores o notarios,=
o
cumplir con cualquiera de las siguientes características:
–=
Ser
persona en condición de desplazamiento.
–=
Ser
madre comunitaria activa.
–
Pertenecer al Sisbén.
–=
Ser
discapacitado, siempre y cuando su capacidad económica no le permita
acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les auto=
riza
una tarifa.
–=
Ser
padre o madre cabeza de familia, siempre y cuando su capacidad econó=
mica
no le permita acceder a los operadores de la conciliación a los cual=
es
se les autoriza una tarifa.
–=
Ser
adulto mayor, siempre y cuando su capacidad económica no le permita
acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les auto=
riza
una tarifa.
–
Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su capacidad
económica no le permita acceder a los operadores de la
conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa.
Par&aac=
ute;grafo
2°. Con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el prese=
nte
artículo, el Ministerio del Interior y de Justicia implementar&aacut=
e; a
través del Sistema de Información de la Conciliación e=
l seguimiento
necesario.
Art&iac=
ute;culo
23. Sanciones por violación de las tarifas de conciliación=
y
arbitraje. Los centros de conciliación y/o arbitraje y
notarías, que violen el marco tarifario que reglamenta el presente
decreto serán investigados y sancionados con multa de hasta doscient=
os
salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv) por el
Ministerio del Interior y de Justicia.
Los
conciliadores, árbitros y secretarios del tribunal de arbitramento y
notarios, que violen el marco tarifario que reglamenta el presente decreto
serán investigados por los centros de conciliación y/o arbitr=
aje
a los cuales pertenezcan y serán sancionados de acuerdo a lo estable=
cido
en su reglamento interno.
Sin per=
juicio
de lo anterior, los conciliadores, árbitros y secretarios de tribuna=
les
de arbitramento podrán ser investigados y sancionados por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria.
Art&iac=
ute;culo
24. Todos los centros de conciliación y/o arbitraje que hasta la fec=
ha
se encuentren autorizados para su funcionamiento por el Ministerio del Inte=
rior
y de Justicia deberán adecuar las tarifas de sus reglamentos interno=
s a
lo establecido en el presente decreto para aprobación del Ministerio=
del
Interior y de Justicia, sin perjuicio de la aplicación inmediata del
presente decreto.
Estas t=
arifas
se aplicarán a las solicitudes que sean radicadas con posterioridad =
a la
entrada en vigencia del presente decreto.
Art&iac=
ute;culo
25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga el Decreto 1000 de 2007 y dem&aacut=
e;s
normas que le sean contrarias.
Publ&ia=
cute;quese
y cúmplase.
Dado en
Bogota, D. C., a 25 de octubre de 2007.
ÁLVARO URIBE
VÉLEZ
El Mini=
stro
del Interior y de Justicia,
Carlos Holgu&iac=
ute;n
Sardi.