TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA=
SALA PENAL
SEDE CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORP=
US
Medellín, veintiocho de julio de d=
os
mil nueve, 5:00 p.m.
Radicado : 2= 009-1530-4 (Hábeas Corpus).
Accionantes : Carlos A= rturo Celis Sánchez y
= Rafael Ángel Ramír= ez Restrepo.
Afectados : Sandro Arbey Franco Quintero y
= Alejandro Pérez Restrepo.=
Accionados: Juzgados 1° Promiscuo Municipal de Control de Garantías y Penal del Circuito de Bolívar (Ant.).
Decisión : Concede, ordena libertad inmediata.
______________________________
=
De conformidad =
con la
normativa establecida en torno de la acción constitucional de
hábeas corpus, por la Ley 1095 de 2006, mediante la cual se
reglamentó el artículo 30 de la Constitución
Política, procede esta Magistratura a resolver la presente acci&oacu=
te;n
promovida por los profesionales del derecho Carlos Arturo Celis Sánc=
hez
y Rafael Ángel Ramírez Restrepo, en favor de los ciudadanos <=
b>SANDRO
ARBEY FRANCO QUINTERO y ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO, contra =
los
Juzgados 1° Promiscuo Municipal con función de control de
garantías y Penal del Circuito de Bolívar (Ant.). =
;
ANTECEDENTES
= Acorde se despr= ende del libelo de la demanda y del acopio probatorio obrante en las presentes diligencias, tal como fuera allegado por la parte actora y por los entes accionados en ejercicio de su derecho de contradicción, los Doctores Celis Sánchez y Ramírez Restrepo, fungen respectivamente en calidad de defensores, de los acusados Franco Quintero y Pérez Restr= epo, dentro de la actuación penal que se les sigue, por la presunta comisión de la conducta punible de homicidio agravado, de conformidad con los cargos que les fueran endilgados por el ente instructor en escrito = de acusación y cuya actuación en sede de control de garant&iacut= e;as y posteriormente, en sede de conocimiento, correspondió a las funcionarias judiciales aquí accionadas, titulares de los Juzgados 1° Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías y P= enal del Circuito de Bolívar (Ant.).
= Se extrae además de las diligencias recaudadas, que el aludido escrito de acusación, fue presentado por el ente instructor ante el Juzgado de conocimiento, el día 12 de marzo de 2009.
= El día 9= de junio de 2009 y luego de superarse algunos percances en cuanto a la representación legal de las víctimas, se efectuó la audiencia preparatoria ante el Juzgado Penal del Circuito de Bolívar (Ant.), aquí accionado, en la cual se denegaron algunas probanzas que pretendió la defensa aducir al juicio oral, decisión apelada = por la defensa y al concederse el recurso, las diligencias fueron radicad= as en esta Corporación, el día 23 de junio de 2009. =
=
= Sin embargo, en= esa misma fecha, la defensa de los acusados promovió ante el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Bolívar (Ant.), con funciones de control de garantías, solicitud de libertad en favor de sus prohijad= os, por vencimiento de términos y bajo consideración del transcur= rir de los noventa (90) días calendario de que trata el artículo = 317 del estatuto procesal penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, solicitud que fue despachada de manera desfavorable a los intereses de los acusados y frente a la cual se hizo uso del recurso vertic= al, cuyo conocimiento correspondió al mismo Juzgado de conocimiento, Pen= al del Circuito de Bolívar.
= Fue así,= como la señora Juez de conocimiento emitió declaratoria de impedimento, misma que no fue avalada por esta Colegiatura y por lo cual hu= bo de decidir la aludida funcionaria, la solicitud de libertad en segunda instancia; así las cosas, la Juez Penal del Circuito de Bolív= ar, según decisión proferida el día 24 de los corrientes m= es y año, confirmó la providencia de instancia, en el sentido de d= enegar la libertad solicitada, pues a su modo de ver, no se configuraba el vencimi= ento de términos establecido en la norma penal, básicamente, en observancia de tres consideraciones:
= Primero, porque= la consecución de un apoderado para que representara las víctima= s en el proceso penal, constituía una causa razonable para dilatar los referidos términos de libertad; segundo, porque el recurso de apelación que se concediera en audiencia preparatoria, en relación con la solicitud de pruebas denegada a la defensa, por concederse en el efecto suspensivo, determinaba entonces la suspensió= ;n, no sólo de los términos procesales, sino de los términos de libertad. Y por último, que para el cómput= o de términos para efectos de establecer la procedencia o no de la libert= ad, se tenían en cuenta los días hábiles, que no los días calendario.
=
Por ende, al ha=
berse
confirmado en sede de segunda instancia, la negativa de libertad por
vencimiento de términos, los defensores de los acusados, acudieron al
presente mecanismo constitucional en favor de sus prohijados, con base en
sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Pen=
al,
radicada con el número 30.363 del 4 de febrero de 2009, que establec=
e en
días calendario el cómputo para efectos de determinar la libe=
rtad
por vencimiento de términos.
=
CONSIDERACIO
= Sea lo primero significar, que al titular de esta Magistratura le asiste la calidad de Juez unipersonal de hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 2, de la Ley 1095 de 2006.
= Para entrar en materia, se hace pertinente precisar, que la acción de hábeas corpus supone un mecanismo constitucional para la tutela del derecho fundame= ntal de la libertad= , frente a cual= quier acto u omisión de alguna autoridad, funcionario o persona, que pueda= vulnerar dicha garantía. Es así, como el artículo 1 de la Ley 1= 095 de 2006, prescribe que el Hábeas Corpus es un derecho fundamental y = a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal, cuan= do se es privado de la libertad con violación de las garantías legales o constitucionales, o tal privación se prolongue de manera ilegal.
= Deviene de la n= orma en cita que a esta acción puede acudirse en dos situaciones: 1) Cuan= do la persona ha sido privada de la libertad con detrimento de sus garantías legales o constitucionales, 2) Cuando la privación = de la libertad ordenada legalmente se prolonga en forma ilegal.
=
De manera
unánime, la línea jurisprudencial trazada por la H. Corte
Constitucional1, al igual que la H. Corte Suprema de Justicia
“El núcleo del
Hábeas Corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la
libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de qu=
ien
tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan por el legislador&nb=
sp;
diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda=
que
el Hábeas Corpus está por fuera de este ámbito y prete=
nder
aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su
perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o
especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el =
que
se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención<=
/i>”3. =
;
= Del mismo modo,= la H. Corte Constitucional ha avalado de manera reiterada este criterio, es así como en Sentencia T-260 de 1999, precisó:
“Por el contrario, según la doctrina constitucional, el mencionado artículo cons= agra una clara causal de improcedencia del Habeas Corpus en aquellos casos en los cuales la acción se interpone luego de haberse proferido una decisión judicial que ampara la captura, salvo cuando la mencionada decisión constituya una vía de hecho”. =
(…)
“En la correspondiente sen= tencia4, la Corte señaló que el Habeas Corpus opera, especialmente, cu= ando se trata de solicitar la libertad de una persona que ha sido capturada, de manera arbitraria, por orden de una autoridad no judicial. Adicionalmente, = la acción debe prosperar para garantizar la libertad de una persona que permanece detenida sin que exista orden judicial que ampare la retención. No obstante, en aquellos eventos regulados por el inciso segundo de la norma transcrita, en los cuales la privación de la libertad se encuentra fundada en una providencia judicial presuntamente válida, las solicitudes de libertad deben formularse dentro del proceso penal respectivo, mediante los recursos legales existentes. Para la Corte, en los casos descritos, sólo procedería el Hab= eas Corpus en dos eventos (1) cuando la decisión judicial constituya una auténtica actuación de hecho o, (2) cuando, contra la provide= ncia judicial que ordena la privación de la libertad, no exista un recurso ordinario que pueda ser resuelto por un funcionario judicial distin= to a aquel que la profirió”.
&=
nbsp; (Negrillas y subrayas fuera del =
texto
original).
= Así = ;las cosas, observa la Sala que en el evento sub exámine, la solicitud de libertad efectivamente fue ejercitada en la respectiva actuación procesal, en uso de los recursos de ley procedentes según la decisión adoptada, razón por la cual, sólo resulta factible acudir en consecución de la libertad que se pretende, media= nte la acción constitucional de hábeas Corpus, en cuanto la decisión o decisiones judiciales cuestionadas constituyan una auténtica vía de hecho, que es lo que en suma predican los actores, al centrar su solicitud en la lectura que del numeral 5, art&iacut= e;culo 317 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, efectuaran l= os titulares de los Juzgados 1º Promiscuo Municipal con función de garantías y Penal del Circuito de Bolívar (Ant.), al consider= ar que los términos allí previstos habían de contabilizar= se en días hábiles, para efectos de establecer la viabilidad de = la solicitud de libertad incoada, por vencimiento de términos.&n= bsp;
= Ahora, se advie= rte de manera palmaria en el presente evento, que la parte actora no estriba su argumentación, en torno de la incursión en vías de hec= ho por parte de los entes judiciales accionados y menos aún, indaga en = la configuración de alguna de las causales, en las cuales se puedan subsumir aquéllas, conforme el precedente jurisprudencial establecid= o en la materia por el máximo tribunal constitucional; no obstante, en razón a la primacía que reviste la garantía constituci= onal fundamental en juego, resulta imprescindible en el presente trámite, determinar la configuración, o no, de los aludidos pará= metros, veamos:
“Al respecto, esta
Corporación ha indicado que existe vía de hecho judicial cuan=
do
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberante=
s:
(1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvert=
ida
se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en=
el
que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procediment=
al
que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al
margen del procedimiento establecido. En criterio de la Corte "esta
sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley,
como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su
descalificación como acto judicial". El juez de tutela no puede
reemplazar al juez de la causa ni puede convertirse en una última
instancia de decisión. Para asegurar que ello no ocurra, la
jurisprudencia de está Corporación ha señalado que =
"sólo
hay lugar a la calificación del acto judicial como una autént=
ica
vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta
evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de
polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones
superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la
descalificación, por vía de tutela, de la sentencia
impugnada".5
= Así, en consideración a los presupuestos establecidos por el precedente jurisprudencial, en cuanto a la configuración de vías de hech= o, y examinados por parte de esta Magistratura los registros contentivos de las diligencias en las que se adoptaron las decisiones objeto de censura en la presente acción, se observa en primer lugar, que si bien el procedimiento establecido en el evento sub lite, se contrae a la preceptiva consagrada en el referido numeral 5, artículo 317 del estatuto proce= sal penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, que a la letra reza: “La libertad del imputado o acusado se cumplirá= de inmediato y sólo procederá en los siguientes eventos: (…= ;) 5. Cuando transcurridos noventa (90) días contados a partir de la fe= cha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral” y la normativa dispuesta en torno de los términos procesales, en el artículo 157, inciso 3 ibídem., “Las actuaciones que se surtan ante el juez = de conocimiento se adelantarán en día y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente”; no res= ulta menos cierto que la línea jurisprudencial establecida por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, ha presentado cie= rtas variaciones en cuanto al alcance de las regulaciones en cita, particularmen= te, en punto de la escisión que la norma prevé, entre las actuaci= ones surtidas en sede de función de garantías y de conocimiento.
= Es así, = como de manera reciente, en el último de los pronunciamientos emitidos so= bre el particular, la alta Corte, en procura de unificar su precedente jurisprudencial en la materia, conceptuó que la discriminación consagrada en la legislación procesal penal, en relación con = el cómputo de términos, según se surta la respectiva actuación ante el Juez con función de garantías o de conocimiento, resultaba odiosa, al tratarse en ambos eventos de térm= inos referentes a la privación de la libertad.
“Como la Sala vislumbra qu= e de la interpretación expuesta en precedencia podrían derivarse conclusiones equívocas en punto de la contabilización de los términos para acceder a la libertad provisional reglados en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, procede a dilucidar tal temática, también en procura de actuar teleológicamente en la unificación de la jurisprudencia nacio= nal.
(…)
Los términos dispuestos e= n esta norma son independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la duración de los procedimientos. En efecto, los lapsos en la preceptiva transcrita obviamente tienen como fin evitar la indefinición en la privación real de la libertad personal del incriminado, mientras que los tiempos señalados en el artículo 175 se ocupan de soslayar las dilaciones injustificadas en el trámit= e.
(…)
“Aclarado lo anterior, com= o en el numeral 4º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, el legislador dispuso que “Los términos previstos en este numeral se contabilizarán en forma ininterrumpida” (subrayas fuera de tex= to), encuentra la Sala que frente a dos situaciones similares de privación efectiva de la libertad, de una parte, desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusaci&oacut= e;n o solicitud de preclusión (numeral 4º), y de otra, a partir de = la presentación del escrito de acusación y hasta el inicio de la audiencia de juicio oral (numeral 5º), el legislador estableció diversas formas de contar los términos.
En el primer caso fue claro al señalar: “se contabilizarán de manera ininterrumpida”, pero en el segundo no dijo nada, de modo que se ha entendido su contabilización de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, al disponer que “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantará= n en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente”, como en efecto fue así expuesto en decisiones unipersonales de habeas corpus por un Magistrado de esta Colegia= tura6.
No obstante, se advierte que si = bien una tal interpretación responde a criterios lógico – formales y exegéticos en desarrollo del principio de legalidad, <= u>lo cierto es que crea una distinción odiosa entre quienes se encuentran efectivamente privados de su libertad estando en la fase anterior a la presentación del escrito acusatorio y aquellos cuyos diligenciamient= os ya han superado dicho estadio procesal, pues respecto de los primer= os el lapso para acceder a su libertad provisional incluye los sábados, domingos y festivos, mientras que para los segundos tales días no cuentan, porque sólo se contabilizan los hábiles, de manera q= ue, en primer lugar, se hace más gravosa de forma irrazonable la situación de éstos, y en segundo término, se quebranta= el postulado, según el cual, a idénticas circunstancias de hecho corresponden las mismas consecuencias de derecho.
Por tanto, si de conformidad con= el texto del artículo 13 de la Carta Política, quienes se encuen= tren en las mismas situaciones deben recibir idéntico tratami= ento por parte de las autoridades – incluido desde luego el legislador = 211; natural resulta que las diferencias de trato deben obedecer a criterios razonables a partir de un sustento objetivo.
(…)
En suma, advierte la Corte que la distinción realizada por el legislador en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 modificados por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 no responde a criterios razonable= s y objetivos y quebranta el derecho de igualdad de las personas, circunstancia= que impone en virtud del artículo 4º de la Carta Política dar prevalencia a su artículo 13 y por ello, entender que la contabilización “en forma ininterrumpida” de los términos previstos en el citado numeral 4º del artículo = 317, también se hace extensiva a los tiempos establecidos en el numeral 5º del mismo precepto.
&= nbsp; (Subrayas fuera del texto origin= al).
= &n= bsp;
= Así = ;las cosas, deviene evidente el alcance que el pronunciamiento jurisprudencial en cita, da a la normativa del estatuto procesal penal, en torno del cómputo de términos para efectos de libertad, en sede de función de garantías y de conocimiento, unificándolo en días calendario para evitar el menoscabo de la garantía a la = igualdad, de quienes se hallan privados de la libertad.
= En este orden de ideas, computar en días hábiles el vencimiento de térm= inos con base en el cual deprecaran los actores la libertad de sus prohijados en= la respectiva actuación procesal, en sede de primera instancia, ante el Juzgado 1° Promiscuo Municipal con función de control de garantías y en segundo grado, ante el Juzgado Penal del Circuito de Bolívar (Ant.), supone un extravío de orden procedimental, en cuanto a las decisiones adoptadas y atinentes a las referidas solicitudes de libertad, y en consecuencia el actuar de las funcionarias accionadas se enm= arca en el ámbito de las conocidas “vías de hecho”.
= Por maner= a, que presentado el correspondiente escrito de acusación en la actuación procesal que nos atañe, desde el día 12 de m= arzo de 2009, los noventa (90) días de que trata la norma antes referida = para dar inicio a la audiencia del juicio oral, computados en días calend= ario, se cumplieron el 9 de junio anterior, razón por la cual se ha superado con creces, el concepto de prolongación ilegal de la privación de la liberad de los acusados Sandro Arbey Franco Quintero= y Alejandro Pérez Restrepo, que plantea la defensa.
=
= Por lo dem&aacu= te;s, en lo que atañe a los restantes argumentos, sobre los cuales se edificaron las negativas adoptadas por los entes judiciales accionados, en relación con las solicitudes de libertad incoadas en favor de los acusados, como que el nombramiento oficioso de un apoderado para las víctimas generó dilaciones en el proceso, en modo alguno se constituye en una circunstancia imputable al actuar de la defensa o de los acusados, o se erige en una causa razonable que obstaculice la concesi&oacu= te;n del estatus de libertad que se depreca.
= Tampoco es de r= ecibo la tesis, en el sentido que la concesión en el efecto suspensivo del recurso de alzada interpuesto por la defensa frente a la decisión de negar las pruebas solicitadas, interrumpe los términos de libertad de que aquí se trata, pues es precisamente la H. Corte Suprema de Justi= cia, Sala de Casación Penal, en el plurimentado referente jurisprudencial= , la que demarcó la diferenciación existente entre los térm= inos procesales y los términos relativos a la solicitud de libertad.
=
Es
así como clarificó en punto de la preceptiva establecida=
en
los numerales 4 y 5, artículo 317 del Código de Procedimiento
Penal, que los términos de que allí se trata “son
independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la
duración de los procedimientos”, pues mientras dicha
consagración normativa fue concebida con miras a evitar que la
privación de la libertad se prolongue indefinidamente, la
regulación dispuesta en el artículo 175 ibídem., tiene=
por
objeto, precaver dilaciones injustificadas en el trámite; por ende, =
es
en los términos procesales de que trata la última norma
referenciada, en los que opera el fenómeno de la suspensión al
concederse, como en nuestro caso, el recurso de apelación en el efec=
to
suspensivo, pero ello no puede derivar en la indefinida prolongación=
de
los términos previstos en relación con la privación
libertad.
= De tal suerte, = que no otra, sino la decisión de acoger la pretensión de la parte ac= tora en el presente trámite constitucional, es por la que optará la Magistratura en este evento, al configurarse claramente la incursión= en una vía de hecho por parte de los entes judiciales accionados, tal c= omo ha quedado evidenciado en acápites anteriores.
=
=
En sínte=
sis,
se concederá entonces la presente acción constitucional de
hábeas corpus, en favor de los intereses de la parte actora y en tal
medida, se ordenará la libertad inmediata de los acusados SANDRO
ARBEY FRANCO QUINTERO y ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO, habida
cuenta de la prolongación ilegal de la privación de su libert=
ad,
según los fundamentos expuestos en precedencia. Por demás, se
procederá con la respectiva compulsación de copias, de que tr=
ata
el artículo 9 de la Ley 1095 de 2006, a fin de que la autoridad
competente de curso a las investigaciones que se estimen pertinentes, en ca=
so
de que a ello hubiere lugar; además, acorde a la regulación
dispuesta por el artículo 5, inciso 3 ibídem., en cuanto a la=
posibilidad
de prescindir de la entrevista a efectuar a los afectados, resulta imperioso
resaltar que al estribar el asunto sub lite, en cuestiones de puro derecho,
además, asistida la Magistratura del acopio probatorio suficiente pa=
ra
adoptar decisión de mérito, se estimó entonces inneces=
ario
proceder de conformidad, máxime, ante la perentoriedad de los
términos para decidir la presente acción constitucional.
= En mérit= o de lo expuesto, el titular de esta Magistratura del TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA PENAL, en Sede Constitucional de Hábeas Corpus y= en calidad de Juez unipersonal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS promovida por los profesiona= les del derecho Carlos Arturo Celis Sánchez y Rafael Ángel Ramírez Restrepo, en favor de los ciudadanos SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO y ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO, contra los Juzgados 1° Promiscuo Municipal con función de control de garantía= s y Penal del Circuito de Bolívar (Ant.); de conformidad con el canon 30= de la Constitución Política y la normativa establecida en la Ley 1095 de 2006.
= En consecuencia= , SE ORDENA de manera inmediata, la libertad de los acusados SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO y ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO, a cuyo efecto= SE DISPONE que por Secretaría de la Sala, se proceda con las gestio= nes pertinentes ante el respectivo centro penitenciario o carcelario, a fin de = que los señores Franco Quintero y Pérez Restrepo, recobren su est= atus de libertad con la inmediatez del caso.
= Así = ;mismo, SE DISPONE que por Secretaría de la Sala, se compulse copia d= e la totalidad de la actuación surtida en sede de la presente acció= ;n constitucional, ante las autoridades respectivas, de conformidad con lo preceptuado sobre el particular, en el artículo 9 de la Ley 1095 de = 2006 y acorde a lo expuesto en la parte motiva.
=
De igual forma,=
SE
SIGNIFICA que contra la presente decisión no procede recurso alg=
uno,
conforme lo dispuesto por el artículo 6 ibídem.
NOTIFÍQUESE
PLINIO MENDIETA PACHECO
Magistrado
(Fdo.)
JUAN CARLOS ARISTIZÁBAL TABARES
Secretario
(Fdo.)
Constancia. <= /b>La presente es fiel copia obteni= da del archivo tecnológico del despacho.
Medellín, 19 de =
agosto
de 2009.
JUAN DAVID PALACIO VÁSQUEZ
Auxiliar.=
Medell&i=
acute;n,
Julio 27 de 2009
H.
Magistrados
Sala de
Decisión Penal
Tribunal
Superior de Antioquia
E.S.D.
Referenc=
ia:
Habeas Corpus.
Solicita=
ntes
: Carlos Arturo Celis Sánchez y Rafael Ángel Ramírez c=
omo
apoderados de SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO Y ALEJANDRO PEREZ RESTREPO. por =
las
desiciones de Jueces 1 Penal Municipal de Garantías de Ciudad
Bolívar y la Juez Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar&nb=
sp;
de fechas del 23 de junio y 24 de julio de 2009 respectivamente.
Radicado=
de
ciudad Bolívar : 05101 61 00 142 2009 80 015
Asunto:
Prolongación ilícita de la libertad de los Señores SAN=
DRO
ARBEY FRANCO Y ALEJANDRO PEREZ RESTREPO
&n=
bsp;
CARLOS
ARTURO CELIS SANCHEZ Y RAFAEL ANGEL RAMIREZ RESTREPO , mayores de edad y
vecinos de Ciudad Bolívar y Medellín respectivamente, en forma
muy comedida me permito instaurar acción de HABEAS CORPUS en favor d=
el
señor SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO Y ALEJANDRO PEREZ RESTREPO, mayor=
es
de edad y vecinos del municipio de Ciudad Bolívar, actualmente reclu=
idos
en la cárcel del Distrito Judicial de CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA, &nbs=
p;
privados de su libertad desde el día 13 de de febrero de 2009, en vi=
rtud
de orden escrita de captura emitida por la Juez 2 Penal Municipal de
Garantías de Ciudad Bolívar, EL ESCRITO DE ACUSACION se prese=
nto
en el 11 de MARZO DE 2009, , en el proceso que Homicidio, donde se pidi&oac=
ute;
la LIBERTAD POR TERMINOS VENCIDOS el 23 de junio de 2009 ante el Juez=
2º
Penal municipal de Ciudad Bolívar , la cual fue NEGADA en primera
instancia y, en segunda instancia ANTE EL Juzgado promiscuo del Circuito de
Ciudad Bolívar que actuaba como de garantías, ya que este mis=
mo
Juez tiene a su vez el conocimiento del presente asunto, fue CONFIRMAD el 2=
4 de
julio de 2009, con ambas decisiones se prolongan la detención por un
lapso superior al permitido por la ley 906 de 2004 art. 317 numeral 5º
reformado por el art. 30 numeral 5 de la ley 1142 de 2007.
HECHOS
1. Hechos ocurridos en 10 de enero =
de
2009, lo factico no es tema de discusión.
.=
2. A éste el 13 de febrero de
2009 , se le legaliza la ordenes escritas de captura, se le formula
imputación por homicidio y se le impone medida de aseguramient=
o de
detención preventiva en establecimiento carcelario, esto es, la
cárcel de Ciudad Bolívar Antioquia.
3. El 11 de marzo de 2009 se pre=
senta
escrito de acusación frente a los dos imputados, por parte de la
Fiscalía,
4. El 5 de mayo de 2009 se da inici=
o a
la FORMULACION DE ACUSACION, la cual es SUSPENDIDA toda vez que LAS VICTIMA=
S no
tenían representación legal del mismo y se procedió a
nombrar un DEFENSOR DE OFICIO con fundamento en el articulo 137 numeral 7 d=
el
C.P.P. ley 906 de 2004.
5. Nos citan para el 10 DE JUNIO DE
2009 a la continuación de la AUDIENCIA PREPARATORIA y pedio la defen=
sa
que se hiciera antes , toda vez que no podía estar en la misma, se
realiza un día antes del señalado , es decir el 9 DE JUNIO DE
2009, donde la DEFENSA impugno una negativa de pruebas que esta resolver el=
19
DE AGOSTO DE 2009 en este mismo Tribunal
6. El 23 de junio de 2009, se pide =
la
LIBERTAD PROVISIONAL POR TERMINOS ( lleva 102 días ininterrump=
idos
de privación efectiva de la libertad – superando los 90
días para ello - ) , correspondiéndole al Juzgado Primero Pen=
al
Municipal de Granitas de Ciudad Bolívar, el cual fue NEGADO, se pres=
ento
recurso de REPOSICION y en Subsidio APELACION , el cual se CONCEDIO.=
7. El Juzgado Promiscuo del Circuit=
o de
Ciudad Bolívar que tiene el Conocimiento de este proceso, se DECLARO
IMPEDIDO PARA CONOCER y finalmente el TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUAI, dijo =
que
si podía resolver el asunto y actuar como juez de garant&iacut=
e;as
en segunda instancia.
8. El 24 de julio de 2009, el Juzga=
do
Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar, resolvió
CONFIRMAR LA DECISIÓN de fecha 23 de junio de 2009, considerando la =
no
aplicación de la Sentencia 30.363 del 4 de febrero de 2009 de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Medellín , de la M:P: Maria del Rosar=
io
González, además de interpretar en una forma diferente la CAU=
SA
RAZONABLE del parágrafo del articulo 3167 de la ley 906 de 2004, que=
fue
objeto de análisis en la C- 1198 del 4 de diciembre de 2008 M.P. Nil=
son Pinilla
Pinilla, desconociendo con ello los PRECEDENTES CONSTITUCIONALES.
9. A la fecha los señores FR=
ANCO
QUINTERO Y PEREZ RESTREPO llevan detenidos 138 días son haber obteni=
do
su libertad provisional por vencimiento del termino consagrado en el articu=
lo
317 numeral 5 y su parágrafo. Así :
Los
términos se cuentan en forma ininterrumpida para efectos de libertad
desde la PRESENTACION DEL ESCRITO DE ACUSACION y este fue el 11 de marzo de
2009 , así : :
· &n=
bsp;
11 de ma=
rzo
de 2009 :
· &n=
bsp;
11 de ab=
ril
de 2009 : 30 días mas 1
día de marzo &n=
bsp;
&n=
bsp;
31
· &n=
bsp;
11 de ma=
yo
de 2009 : 30
días &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
30
· &n=
bsp;
11 de ju=
nio
de 2009 : 30 dí=
;as
mas un día de
marzo &nbs=
p;
31
· &n=
bsp;
11 de ju=
lio
de 2009 : 30 d&=
iacute;as =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
30
· &n=
bsp;
24 de ju=
lio
de 2009 : 13&nb=
sp;
días &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
13 TOTAL 135 DIAS
&n=
bsp;
- Del 24 de julio a 27 de julio de 2009 : fecha en que se presenta es=
te
habeas corpus : 3
días TOTAL 138 DIAS.
10. Dado que las actuaciones, petici=
ones
y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencias de
juzgamiento se tramitarán en audiencia preliminar se presenta, por l=
os
respectivos apoderados judiciales, solicitud de libertad provisional para l=
os
señores FRANCO QUINTERO Y PEREZ RESTREPO, detenidos en la cár=
cel
de Ciudad Bolívar Antioquia. es así como el 23 de Junio de 20=
09
la Juez Primera Penal Municipal de Ciudad Bolívar , con funcio=
nes
de control de garantías, al decidir no reconoce los vencimientos de
términos de los 90 días ( llevando para esa fecha 102 d&iacut=
e;as
) , desde la presentación del escrito de acusación al momento=
de
decidir sobre la libertad provisional, como lo contempla la ley 1142 de 200=
7 en
su artículo 30 pero decide respecto de los detenidos, Con respecto a=
la
causa razonable para impedir la libertad provisional ( Ya que el apar=
te
¨ JUSTA O ¨ se había declarado inexequible por la&nbs=
p; C
– 1198 del 2008 ) , DANDO UN INTERPRETACION TOTALMENTE ERRADA DE
LOS QUE SIGNIFICA LA CAUSA RAZONABLE.
11. El artículo 29 de la
Constitución señala que hace parte de la garantía
fundamental en él plasmada el derecho de todo sindicado a un debido
proceso "sin dilaciones injustificadas” El contorno del
concepto de causa razonable ha sido delineado por la jurisprudencia, gracia=
s a
lo cual el juez penal tiene un referente teórico claro para adoptar =
la
medida respectiva. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia, la
ineficacia y la ineficiencia de la administración de justicia, la
incuria y la inoperancia del aparato jurisdiccional y la mora en fijar la f=
echa
para la audiencia preparatoria y luego la del juicio oral han sido excluida=
s expresamente
de la categoría de causas razonables. Cualquier suspensión qu=
e se
adopte con fundamento en un retardo procesal proveniente de la inercia esta=
tal
se considera ilegítima y, por tanto, inhabilita al juez penal para
prolongar la detención preventiva.
Hay que
entender que si la suspensión del proceso se da por causas atribuibl=
es
al sindicado o a su abogado defensor, la no fijación de la audiencia
oral se encontraría justificada y, por ende, la prolongación =
de
la detención preventiva. Y aquí no ha habido causas atribuibl=
es a
los defensores , ni tampoco por los acusados. . Que si las dilaciones
injustificadas se presentan por las partes o intervinientes, ellas no tienen
porque afectar a quien ninguna participación tiene en las mismas. Y =
que
aquí no ha habido por parte de ningún procesado o defensor
maniobras dilatorias.
Ha de
tenerse en cuenta que no es imputable ni a los acusados , ni a los defensor=
es,
los RECURSOS ORDINARIOS que se presentaron en el proceso y que, aún =
si
así fuera, “el principio de la doble instancia constituye
“una piedra angular dentro del Estado de derecho”, como quiera =
que
garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa al
permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tom=
ar
una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evalu=
ar
las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento =
de
que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes ba=
ses
fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció
pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un
razonamiento y un juicio diferente”.
De otra
parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la
cláusula contenida en el artículo 1 de la Ley 109=
5 de
2006 en la que se establece el principio pro hómine como
parámetro para la decisión del hábeas corpus. Este
principio, también denominado ‘cláusula de favorabilida=
d en
la interpretación de los derechos humanos’, exige que en la ap=
licación
de las normas de derechos humanos se privilegie la interpretación que
resulte menos restrictiva para el ejercicio de los mismos, tal y como ha si=
do
establecido en tratados internacionales de los cuales el Estado Colombiano =
hace
parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y=
la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Ello quiere decir que, por un lado, las normas de derecho interno deben ser
interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales =
del
Estado Colombiano y, entonces, entre dos interpretaciones posibles de una
disposición constitucional relativa a los derechos de la persona debe
preferirse aquella que armonice con los tratados de derechos humanos
ratificados por Colombia, tal como lo establece expresamente al artí=
culo
93 de la Constitución, cuestión desconocida por las pluricita=
das
Jueces 1 Penal Municipal de Garantías de Ciudad Bolívar y la =
Juez
promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar en sus decisiones del 23 de
junio y 24 de julio de 2009 respectivamente.
De otra parte, cuando las normas de la Constitución Política =
y de
las leyes colombianas ofrezcan una mayor protección al hábeas
corpus, éstas deben primar sobre el texto de los tratados
internacionales, pues de lo que se trata es de preferir la interpretaci&oac=
ute;n
que resulte menos restrictiva del derecho protegido, cuestión que
desconocieron las señoras Jueces 1 Penal Municipal de Garantí=
as
de Ciudad Bolívar y la Juez promiscuo del Circuito de Ciudad
Bolívar en sus decisiones del 23 de junio y 24 de julio de 2009 resp=
ectivamente.
Finalmente, dada la prevalecía de la garantía constitucional =
del
hábeas corpus, la Corte Constitucional consideró que es acorde
con la misma Constitución que el legislador disponga que la ausencia=
de
uno de los requisitos señalados en la ley Estatutaria, no impide que=
se
adelante el trámite del hábeas corpus, si la informació=
;n
que se suministra es suficiente para ello, por cuanto el carácter
sumario de la acción la hace ajena a ritualidades, formalismos, o
autenticaciones, resultando igualmente acorde con la norma superior la posi=
bilidad
de acudir verbalmente ante las autoridades judiciales y la inexistencia del
requisito del otorgamiento de poder o mandato alguno.
En cuant=
o al
trámite que debe dársele a la acción de habeas corpus
cuando se presenta ante una corporación está regulado
también en el artículo 2 de la Ley Estatutaria. Así, se
dispuso que en estos casos se tenga a cada uno de los integrantes de la
corporación como juez individual para resolver las acciones de
hábeas corpus. Para dicha Corte, esta forma de asignar la competenci=
a es
acorde con la naturaleza sumaria de la acción, más aún=
si
se considera que la petición debe ser resuelta en tan sólo
treinta y seis horas desde la presentación de la acción.
Por lo
expuesto, solicito se reconozca el habeas corpus a favor de los seño=
res
SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO Y ALEJANDRO PEREZ RESTREPO quienes
igualmente otorgaron poder a sus defensores para iniciar esta acción=
de
habeas corpus.
Los
peticionarios actúa bajo juramento y manifiesta que no conoce
ningún otro juez haya conocido o decidido sobre los mismos hechos en
ejercicio de la acción de habeas corpus que aquí se incoa.
PRUEBAS<=
/span>:
1.- Pode=
res
para actuar de FRANCO QUINTERO Y PEREZ RESTREPO a sus defensores CELIS SANC=
HEZ
Y RAMIREZ RESTREPO para presentar esta acción de habeas Corpus.
2.- C.D
contentivo de las diligencias del 24 de julio de 2009, donde el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar – quien actúa =
como
Juez de segunda instancia de control de garantías - , CONFIRMA la
decisión del Juzgado 1 Penal Municipal con Función de
Granitas de Ciudad Bolívar de fecha 23 de junio de 2009. El cu=
al
fue entregado por el Juzgado al terminar la anotada diligencia.
PETICION
ESPECIAL
En forma=
muy
comedida solicito oficiar al Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de Ciudad
Bolívar Antioquia ( TELEFONO 841 18 19 ) , para que remitan la
carpeta del proceso radicado 05101 61 00 142 2009 80015 con sus respectivos
soportes de audio y video, en especial de las audiencias realizadas el 23 de
Junio de 2009 y 24 de julio de 2009 , para corroborar lo dicho en el
presente escrito. Proceso que se tramita frente a las siguientes personas:
Sandro Arbey Franco Quintero y Alejandro Pérez Restrepo por homicidi=
o.
Nota : El
presente proceso se encuentra en este TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, donde=
se
tiene programada diligencia de DEBATE ORAL a la decisión de fe=
cha
9 de junio de 2009 donde se negó la practica de pruebas para el juic=
io
oral como son la intervención del INVESTIGADOR DE LA DEFENSA Y LA
INPECCION JUDICIAL AL LUGAR DE LOS HECHOS.
Derecho<=
/span>: artículo 30 de la
Constitución Política; Ley 1095 de 2006, art. 30 numeral 5&or=
dm;
; Ley 1142 de 2007, artículo 30 numeral 5º.
Direccio=
nes
y notificaciones: &nb=
sp;
Los acusados SANDRO ARBEY FRANCO QUINTERO Y ALEJANDO
PEREZ RESTREPO en la cárcel del Distrito Judicial de Ciud=
ad
Bolívar - Antioquia .
LOS PETE=
NTES
Residentes en ciudad Bolívar para el defens=
or
CARLOS ARTURO CELIS SANCHEZ, teléfono numero 312 827 5987 y el
defensor RAFAEL ANGEL RAMIREZ RESTREPO en Medellín en la carrera
52 # 44 – 04 oficina 508 . Celular 310 411 20 50 .
Agradeci=
endo
la atención prestada a la presente ,
CARLOS
ARTURO CELIS SANCHEZ
C.C.&nbs=
p;
70.412.921
T.P.&nbs=
p;
72.774
RAFAEL A=
NGEL
RAMIREZ RESTREPO
C.C.&nbs=
p;
11.792.283
T.P.&nbs=
p;
70.243
Medell&i=
acute;n,
Julio 27 de 2009
H.
Magistrados
Sala de
Decisión Penal
Tribunal
Superior de Antioquia
E.S.D.
Referenc=
ia:
Habeas Corpus.
Solicita=
ntes
: Rafael Ángel Ramírez como apoderado de ALEJANDRO PEREZ
RESTREPO. por las desiciones de la Juez 1 Penal Municipal de Garantí=
as
de Ciudad Bolívar y la Juez Promiscuo del Circuito de Ciudad
Bolívar de fechas del 23 de junio y 24 de julio de 2009
respectivamente.
Radicado=
de
ciudad Bolívar : 05101 61 00 142 2009 80 015
Asunto:
Prolongación ilícita de la libertad de ALEJANDRO PEREZ RESTRE=
PO
&n=
bsp;
RAFAEL A=
NGEL
RAMIREZ RESTREPO , mayor de edad y vecino de Medellín, en forma muy
comedida me permito instaurar acción de HABEAS CORPUS en favor del
señor ALEJANDRO PEREZ RESTREPO, mayores de edad y vecinos del munici=
pio
de Ciudad Bolívar, actualmente recluidos en la cárcel del
Distrito Judicial de CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA, privados de su l=
ibertad
desde el día 13 de de febrero de 2009, en virtud de orden escr=
ita
de captura emitida por la Juez 2 Penal Municipal de Garantías de Ciu=
dad
Bolívar, EL ESCRITO DE ACUSACION se presento en el 11 de MARZO DE 20=
09,
, en el proceso que Homicidio, donde se pidió la LIBERTAD POR TERMIN=
OS
VENCIDOS el 23 de junio de 2009 ante el Juez 2º Penal
municipal de Ciudad Bolívar , la cual fue NEGADA en primera instanci=
a y,
en segunda instancia ANTE EL Juzgado promiscuo del Circuito de Ciudad
Bolívar que actuaba como de garantías, ya que este mismo Juez
tiene a su vez el conocimiento del presente asunto, fue CONFIRMAD el 24 de
julio de 2009, con ambas decisiones se prolongan la detención por un
lapso superior al permitido por la ley 906 de 2004 art. 317 numeral 5º
reformado por el art. 30 numeral 5 de la ley 1142 de 2007.
HECHOS
12. Hechos ocurridos en 10 de enero =
de
2009, lo factico no es tema de discusión.
.=
13. A éste el 13 de febrero de
2009 , se le legaliza la ordenes escritas de captura, se le
formula imputación por homicidio y se le impone medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario, esto es, la cárcel de Ciudad Bolívar Antioquia.
14. El 11 de marzo de 2009 se pre=
senta
escrito de acusación frente a los dos imputados, por parte=
de
la Fiscalía,
15. El 5 de mayo de 2009 se da inici=
o a
la FORMULACION DE ACUSACION, la cual es SUSPENDIDA toda vez que LAS VICTIMA=
S no
tenían representación legal del mismo y se procedió a
nombrar un DEFENSOR DE OFICIO con fundamento en el articulo 137 numeral 7 d=
el
C.P.P. ley 906 de 2004.
16. Nos citan para el 10 DE JUNIO DE
2009 a la continuación de la AUDIENCIA y pedio la defensa que se hic=
iera
antes , toda vez que no podía estar en la misma, se realiza un
día antes del señalado , es decir el 9 DE JUNIO DE 2009, dond=
e la
DEFENSA impugno una negativa de pruebas que esta resolver el 19 DE AGOSTO DE
2009 en este mismo Tribunal
17. El 23 de junio de 2009, se pide =
la
LIBERTAD PROVISIONAL POR TERMINOS ( lleva 102 días ininterrump=
idos
de privación efectiva de la libertad – superando los 90
días para ello - ) , correspondiéndole al Juzgado Primero Pen=
al
Municipal de Granitas de Ciudad Bolívar, el cual fue NEGADO, se pres=
ento
recurso de REPOSICION y en Subsidio APELACION , el cual se CONCEDIO.=
18. El Juzgado Promiscuo del Circuit=
o de
Ciudad Bolívar que tiene el Conocimiento de este proceso, se DECLARO
IMPEDIDO PARA CONOCER y finalmente el TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUAI, dijo =
que
si podía resolver el asunto y actuar como juez de garant&iacut=
e;as
en segunda instancia.
19. El 24 de julio de 2009, el Juzga=
do
Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar, resolvió CONFIRMAR =
LA
DECISIÓN de fecha 23 de junio de 2009, considerando la no
aplicación de la Sentencia 30.363 del 4 de febrero de 2009 de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Medellín , de la M:P: Maria del Rosar=
io
González, además de interpretar en una forma diferente la CAU=
SA
RAZONABLE del parágrafo del articulo 3167 de la ley 906 de 2004, que=
fue
objeto de análisis en la C- 1198 del 4 de diciembre de 2008 M.P.&nbs=
p;
Nilson Pinilla Pinilla, desconociendo con ello los PRECEDENTES
CONSTITUCIONALES.
20. A la fecha los señores FR=
ANCO
QUINTERO Y PEREZ RESTREPO llevan detenidos 138 días son haber obteni=
do
su libertad provisional por vencimiento del termino consagrado en el articu=
lo
317 numeral 5 y su parágrafo. Así :
Los
términos se cuentan en forma ininterrumpida para efectos de libertad
desde la PRESENTACION DEL ESCRITO DE ACUSACION y este fue el 11 de marzo de
2009 , así : :
· &n=
bsp;
11 de ma=
rzo
de 2009 :
· &n=
bsp;
11 de ab=
ril de
2009 : 30 días mas 1
día de
marzo &nbs=
p; &=
nbsp;
31
· &n=
bsp;
11 de ma=
yo
de 2009 : 30
días &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
30
· &n=
bsp;
11 de ju=
nio
de 2009 : 30 dí=
;as
mas un día de
marzo &nbs=
p;
31
· &n=
bsp;
11 de ju=
lio
de 2009 : 30
días &nbs=
p; &=
nbsp;
&nb=
sp;
30
· &n=
bsp;
24 de ju=
lio
de 2009 : 13&nb=
sp;
días &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
13 TOTAL 135 DIAS
&n=
bsp;
- Del 24 de julio a 27 de julio de 2009 : fecha en que se presenta es=
te
habeas corpus : 3
días TOTAL 138 DIAS.
21. Dado que las actuaciones, petici=
ones
y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencias de
juzgamiento se tramitarán en audiencia preliminar se presenta, por l=
os
respectivos apoderados judiciales, solicitud de libertad provisional =
para
los señores FRANCO QUINTERO Y PEREZ RESTREPO, detenidos en la
cárcel de Ciudad Bolívar Antioquia. es así como el 23 =
de
Junio de 2009 la Juez Primera Penal Municipal de Ciudad Bolíva=
r ,
con funciones de control de garantías, al decidir no reconoce los
vencimientos de términos de los 90 días ( llevando para esa f=
echa
102 días ) , desde la presentación del escrito de
acusación al momento de decidir sobre la libertad provisional, como =
lo
contempla la ley 1142 de 2007 en su artículo 30 pero decide respecto
de los detenidos, Con respecto a la causa razonable para impedir la
libertad provisional ( Ya que el aparte ¨ JUSTA O &um=
l;
se había declarado inexequible por la C – 1198 del 2008
) , DANDO UN INTERPRETACION TOTALMENTE ERRADA DE LOS QUE SIGNIFICA LA
CAUSA RAZONABLE.
22. El artículo 29 de la
Constitución señala que hace parte de la garantía
fundamental en él plasmada el derecho de todo sindicado a un debido
proceso "sin dilaciones injustificadas” El contorno del
concepto de causa razonable ha sido delineado por la jurisprudencia, gracia=
s a
lo cual el juez penal tiene un referente teórico claro para adoptar =
la
medida respectiva. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia, la
ineficacia y la ineficiencia de la administración de justicia, la
incuria y la inoperancia del aparato jurisdiccional y la mora en fijar la f=
echa
para la audiencia preparatoria y luego la del juicio oral han sido excluidas
expresamente de la categoría de causas razonables. Cualquier
suspensión que se adopte con fundamento en un retardo procesal
proveniente de la inercia estatal se considera ilegítima y, por tant=
o,
inhabilita al juez penal para prolongar la detención preventiva.
Hay que
entender que si la suspensión del proceso se da por causas atribuibl=
es
al sindicado o a su abogado defensor, la no fijación de la audiencia
oral se encontraría justificada y, por ende, la
prolongación de la detención preventiva. Y aquí no ha
habido causas atribuibles a los defensores , ni tampoco por los acusados. .=
Que
si las dilaciones injustificadas se presentan por las partes o
intervinientes, ellas no tienen porque afectar a quien ninguna
participación tiene en las mismas. Y que aquí no ha habido por
parte de ningún procesado o defensor maniobras dilatorias.
Ha de
tenerse en cuenta que no es imputable ni a los acusados , ni a los defensor=
es,
los RECURSOS ORDINARIOS que se presentaron en el proceso y que,
aún si así fuera, “el principio de la doble instancia
constituye “una piedra angular dentro del Estado de derecho”, c=
omo
quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de
defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encar=
gado
de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudia=
r y
evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al
convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó=
en
suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario,
desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que
ameritaban un razonamiento y un juicio diferente”.
De otra
parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la
cláusula contenida en el artículo 1 de la Ley 109=
5 de
2006 en la que se establece el principio pro hómine como
parámetro para la decisión del hábeas corpus. Este
principio, también denominado ‘cláusula de favorabilida=
d en
la interpretación de los derechos humanos’, exige que en la
aplicación de las normas de derechos humanos se privilegie la
interpretación que resulte menos restrictiva para el ejercicio de los
mismos, tal y como ha sido establecido en tratados internacionales de los
cuales el Estado Colombiano hace parte, como el Pacto Internacional de Dere=
chos
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Ello quiere decir que, por un lado, las normas de derecho interno deben ser
interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales =
del
Estado Colombiano y, entonces, entre dos interpretaciones posibles de una
disposición constitucional relativa a los derechos de la persona debe
preferirse aquella que armonice con los tratados de derechos humanos
ratificados por Colombia, tal como lo establece expresamente al artí=
culo
93 de la Constitución, cuestión desconocida por las pluricita=
das
Jueces 1 Penal Municipal de Garantías de Ciudad Bolívar y la =
Juez
promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar en sus decisiones del 23 de
junio y 24 de julio de 2009 respectivamente.
De otra parte, cuando las normas de la Constitución Política =
y de
las leyes colombianas ofrezcan una mayor protección al hábeas
corpus, éstas deben primar sobre el texto de los tratados
internacionales, pues de lo que se trata es de preferir la
interpretación que resulte menos restrictiva del derecho protegido,
cuestión que desconocieron las señoras Jueces 1 Penal Municip=
al
de Garantías de Ciudad Bolívar y la Juez promiscuo del Circui=
to
de Ciudad Bolívar en sus decisiones del 23 de junio y 24 de julio de
2009 respectivamente.
&n=
bsp;
Finalmente, dada la prevalecía de la garantía constitucional =
del
hábeas corpus, la Corte Constitucional consideró que es
acorde con la misma Constitución que el legislador disponga que la
ausencia de uno de los requisitos señalados en la ley Estatutaria, no
impide que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la
información que se suministra es suficiente para ello, por cuanto el
carácter sumario de la acción la hace ajena a ritualidades,
formalismos, o autenticaciones, resultando igualmente acorde con la norma
superior la posibilidad de acudir verbalmente ante las autoridades judicial=
es y
la inexistencia del requisito del otorgamiento de poder o mandato alguno. <=
/span>
En cuant=
o al
trámite que debe dársele a la acción de habeas corpus
cuando se presenta ante una corporación está regulado
también en el artículo 2 de la Ley Estatutaria. Así, se
dispuso que en estos casos se tenga a cada uno de los integrantes de la
corporación como juez individual para resolver las acciones de
hábeas corpus. Para dicha Corte, esta forma de asignar la competenci=
a es
acorde con la naturaleza sumaria de la acción, más aún=
si
se considera que la petición debe ser resuelta en tan sólo
treinta y seis horas desde la presentación de la acción.
Por lo
expuesto, solicito se reconozca el habeas corpus a favor del se&ntild=
e;or
ALEJANDRO PEREZ RESTREPO quien igualmente otorgaron poder a sus defensores =
para
iniciar esta acción de habeas corpus.
Los
peticionarios actúa bajo juramento y manifiesta que no conoce
ningún otro juez haya conocido o decidido sobre los mismos hechos en
ejercicio de la acción de habeas corpus que aquí se inco=
a.
PRUEBAS<=
/span>:
1.- Poder
para actuar de ALEJANDRO PEREZ RESTREPO a su defensor RAFAEL ANGEL RAMIREZ
RESTREPO para presentar esta acción de habeas Corpus.
2.- C.D
contentivo de las diligencias del 24 de julio de 2009, donde el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar – quien actúa =
como
Juez de segunda instancia de control de garantías - , CONFIRMA la
decisión del Juzgado 1 Penal Municipal con Función de
Granitas de Ciudad Bolívar de fecha 23 de junio de 2009. El cu=
al
fue entregado por el Juzgado al terminar la anotada diligencia.
PETICION
ESPECIAL
En forma=
muy
comedida solicito oficiar al Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de
Ciudad Bolívar Antioquia ( TELEFONO 841 18 19 ) , para que rem=
itan
la carpeta del proceso radicado 05101 61 00 142 2009 80015 con sus respecti=
vos
soportes de audio y video, en especial de las audiencias realizadas e=
l 23
de Junio de 2009 y 24 de julio de 2009 , para corroborar lo dicho en =
el
presente escrito. Proceso que se tramita frente a las siguientes personas:
Sandro Arbey Franco Quintero y Alejandro Perez Restrepo por homicidio.
Nota : El
presente proceso se encuentra en este TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, donde=
se
tiene programada diligencia de DEBATE ORAL a la decisión de fe=
cha
9 de junio de 2009 donde se nego la practica de pruebas para el juicio oral
como son la intervención del INVESTIGADOR DE LA DEFENSA Y LA INPECCI=
ON
JUDICIAL AL LUGAR DE LOS HECHOS.
Derecho<=
/span>: artículo 30 de la
Constitución Política; Ley 1095 de 2006, art. 30 numeral
5º ; Ley 1142 de 2007, artículo 30 numeral 5º.
Direccio=
nes
y notificaciones: &nb=
sp;
El acusado ALEJANDO PEREZ RESTREPO en la cárcel del Distri=
to
Judicial de Ciudad Bolívar - Antioquia .
EL
PETENTE El defensor RAFAEL ANGEL RAMIREZ REST=
REPO
en Medellín en la carrera 52 # 44 – 04 oficina 508 . Cel=
ular
310 411 20 50 .
Agradeci=
endo
la atención prestada a la presente ,
RAFAEL A=
NGEL
RAMIREZ RESTREPO
C.C.&nbs=
p;
11.792.283
T.P.&nbs=
p;
70.243