PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 07 DE 2009=
Por el cual se modifica el artículo 2=
9 y
se adiciona un nuevo capítulo a la Constitución Políti=
ca
de Colombia.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Art&iacu=
te;culo
1º. El
artículo de la Constitución Política de Colombia
quedará así:
“A=
rtículo
29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto q=
ue
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la pleni=
tud
de las formas propias de cada juicio. Toda ley en materia penal
deberá corresponder integralmente a la Política Criminal
previamente diseñada por el Estado.
En mater=
ia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda per=
sona
se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abog=
ado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificad=
as;
a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula,=
de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.”
Art&iacu=
te;culo
2º.
Adiciónase un nuevo capítulo al Título VIII de la
Constitución Política, con el siguiente tenor y contenidos:
CAPITULO VIII
DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA CRIMINAL Y
PENITENCIARA
Naturaleza y funciones
Art&iacu=
te;culo
257A.- Créase, como ente independiente, el Consejo Superior de
Política Criminal y Penitenciaria, que será el director de la
Política Criminal del Estado.
Art&iacu=
te;culo
257B.- El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, es =
un
cuerpo independiente, que tendrá a su cargo la ideación, estu=
dio,
planeación y fijación de la política criminal del Esta=
do;
será órgano consultivo de todas las ramas del poder
público en el ámbito de su competencia y tendrá inicia=
tiva
legislativa.
Todo
proyecto de ley que tienda a la modificación del sistemas penal y del
sistema penitenciario, será examinado y sometido a los estudios
académico-científicos a que haya lugar, para garantizar que
cumpla con los fines del Estado Social y Democrático de Derecho y que
los principios de racionalidad, igualdad, proporcionalidad y utilidad sean =
los
que gobiernen las políticas de prevención y sanción del
delito, de resocialización del delincuente, y que atendiendo al impa=
cto
social que el delito genera cuide del respeto por los principios de verdad,
justicia y reparación de las víctimas, así como de la
sociedad.
La ley
reglamentará su conformación y creará los
organismos de apoyo que requiera para su funcionamiento, siendo obligatoria=
la
participación de los más altos representantes de las tres ram=
as
del poder público y de los organismos de control, así como de=
la
Academia.
Par&aacu=
te;grafo
Transitorio.- Mientras el Congreso de la República legisla sobre este
tema, el Consejo Superior de Política Criminal seguirá siendo
gobernado por la Ley 888 de 2004.
Art&iacu=
te;culo
2º. El prese=
nte
Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
PARMENIO
CUELLAR BASTIDAS ______________________
Senador =
de
la República
________=
____________________ _______________________
________=
____________________ _______________________
________=
____________________ _______________________
________=
____________________ _______________________
________=
____________________ _______________________
________=
____________________ _______________________
EXPOSICION DE MOTIVOS
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No.________=
Por el cual se modifica el artículo 2=
9 y
se adiciona un nuevo capítulo a la Constitución Políti=
ca
de Colombia.
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
A finale=
s de
2008, la prensa nacional publicó la noticia de que la Sala Penal de =
la
Corte Suprema de Justicia, cuestionó al Congreso por estimar que
había desmesura legislativa en materia penal, generando, dijo, una
preocupante inflación legal que afecta la impartición de
justicia, desdibuja la naturaleza del sistema penal acusatorio implantado
recientemente y congestiona sin remedio las cárceles del país=
.1
Es inneg=
able
que incumbe al Congreso, recordando el Principio de Racionalidad que
gobierna al sistema penal en general, revisar sistemáticamente su
función, para constatar la eficiencia de la política
pública en el campo del delito, en el marco del respeto a las
garantías fundamentales; y, si la preocupación –m&aacut=
e;s
que crítica– se expresaba por la Corporación que m&aacu=
te;s
conoce del tema, lo menos que podía hacerse, más allá =
de
la defensa a ultranza, era someter sin soberbia la cuestión al neces=
ario
debate.
Revisand=
o la
sentencia que contiene tal pronunciamiento, se concluye que es inmensa la
responsabilidad social que la Corte carga sobre los hombros del Congreso, p=
ues
no solo lo alerta sobre la peligrosa tendencia de crear desaforadamente nor=
mas
penales, —con las consabidas consecuencias—, sino que cuestiona=
la
necesidad de tal postura. Si no, repárese en estos apartes:
“Frente a esta consideración, y sin
perjuicio de la competencia que le asiste a la Corte Constitucional para ju=
zgar
la constitucionalidad de las leyes, la Corte no podría culminar sin
dejar de expresar al Alto Gobierno y particularmente al Congreso de la
República, su creciente preocupación por la manifiesta
inflación legislativa que observa, específicamente en lo a=
tinente
al aumento indiscriminado y desmesurado =
de
penas y la supresión de benefi=
cios
de toda índole por la realización de
específicos tipos de conductas punibles, mediante la expedició=
;n de
un cúmulo de normas, las cuales, las más de las veces, no
obedecen a resultado de estudios políticos, criminológicos o
sociológicos serios, sino al mero capricho de quienes las proponen o=
la
aprueban, cuando no al interés de un sector de la economía o =
de
la política, en desmedro de caras garantías fundamentales y
principios inherentes al concepto de Estado social y democrático de
derecho, tales como los de igualdad, legalidad, favorabilidad y
proporcionalidad, para solo mencionar algunos de ellos”.
Y m&aacu=
te;s
adelante, advierte:
“La Corte hace saber que de continuar esa
tendencia, los procesos penales que en condiciones de normalidad
deberían terminar a la mayor brevedad posible a través de
sentencias anticipadas proferidas de conformidad con el imputado, por fuerz=
a de
una normativa expedida sin contar con estudios criminológicos,
sociológicos o estadísticos previos que le sirvan de fundamen=
to,
deben continuar su curso en etapa de juicio, surtir todas las fases ordinar=
ias
del trámite, y llegar incluso a casación, con el resultado de
generar mayores grados de congestión en los despachos judiciales,
incluyendo por supuesto la Corte, con evidente perjuicio para los derechos =
de
las víctimas, los acusados y el conglomerado en general, pues mientr=
as
la sentencia no se encuentre en firme, no resulta de obligatorio
cumplimiento”.
Para
concluir diciendo:
“A lo expuesto, limita por ahora el tratamie=
nto
del tema, sin perjuicio de que en un futuro no muy lejano la Sala vuelva so=
bre
lo mismo, seguramente con mayor extensión y profundidad, ahora limit=
adas
por la naturaleza del pronunciamiento que emite, o lo trate en un escenario
distinto al de dejar simplemente constancias escrita de haber advertido la
posible incursión por parte del órgano legislativo, en lo que=
en
principio podría ser catalogado como un desatino histórico,
posiblemente de incalculables consecuencias políticas, sociales,
económicas y jurídicas”.2
No es ta=
rde,
entonces, abordar el estudio y procurarle solución racional al probl=
ema,
reconociendo en primer lugar, la existencia real de una grave inflaci&oacut=
e;n
legislativa en materia penal y de procedimiento, que evidencia la tendencia=
a
pretender solucionar todos los conflictos sociales acudiendo a la
criminalización indiscriminada de conductas, al incremento de penas =
y al
recorte o eliminación de prerrogativas propias e indispensables para=
el
éxito del esquema procesal acusatorio.
Ese
reconocimiento debe partir de la evidencia de que en la relación de
proyectos en trámite en la Comisión Legislativa 2.008–2=
.009,
actualizada al 6 de febrero de 2009, el 28% son reformas al Código
Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenci=
ario.
La segun=
da y
talvez la más difícil reflexión, es la encaminada a
dilucidar si la función legislativa e=
n
materia penal, que ha llevado a <=
u>la
mentada inflación, se ha fundado =
en
estudios serios previos, encargados a
Para abo=
rdar
el ejercicio con la seriedad que corresponde, indefectiblemente debe avocar=
se
el tema de la Política Criminal, pues es éste el núcleo
central sobre el cual gravita el cuestionamiento, que es que el Congreso
legisla soslayando el derrotero que debe gobernar la política
pública encaminada a enfrentar aquello que turba profundamente el or=
den
social y que se conoce como delito.
=
=
=
&nb=
sp;
II. &n=
bsp;
POLÍTICA CRIMINAL.
1. Competencia
No
está en discusión que corresponde al legislador la facul=
tad
de regular y desarrollar la Política Criminal del Estado. De manera
categórica, así lo dejó sentado la Corte Constituciona=
l:
“C=
onforme
lo enseña la jurisprudencia de esta Corporación, el Estado,
como titular del ius puniendi, es el llamado a fijar los lineamientos de la
política que en materia criminal ha de aplicarse para posibilitar la
convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los
valores, derechos y garantías ciudadanas (….)”3=
Y, claro,
resulta natural y obvio que tal potestad se ejerza mediante la
expedición de leyes:
“De
acuerdo a la estructura de nuestro sistema jurídico, el desarrollo d=
e la
política criminal del Estado se lleva a cabo a través del
procedimiento democrático de adopción de leyes, por lo que de=
be
entenderse que su definición y regulación corresponde
exclusivamente al Congreso de la República quien, con la
colaboración del gobierno y de otras autoridades públicas, le
atribuye fuerza vinculante en atención a una filosofía puniti=
va
preestablecida”.4
Pero como
puede advertirse, esa facultad legislativa no puede ser ni ciega ni absolut=
a; por
el contrario, está sujeta a específicas condiciones, s=
in
cuya observancia se cae en el peligro de la abuso, la deslegitimació=
n y
se bordean los terrenos de la arbitrariedad, riesgos en los que no puede
caerse, merced a la naturaleza democrática y social del Estado
Colombiano.
Algunos =
de
esos límites han sido trazados por vía de la jurisprudencia
constitucional:
“Ahora bien, en la medida en que el propio
constituyente se ha ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional va=
lores,
principios, reglas, postulados y presupuestos –de contenido sustancia=
l y
procedimental- , que se proyectan sobre el conjunto de los derechos
fundamentales y comportan una garantía para el ejercicio legí=
timo
de los mismos, el margen de autonomía y discrecionalidad reconoci=
da
al legislador, en particular para ejercer el poder punitivo del Estado, no =
es
del todo absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los mandatos q=
ue
en esa materia emergen de la Carta Política, los cuales a su vez se =
convierten
en criterios de obligatoria observancia dentro del proceso de adopció=
;n
de la legislación penal” (Lo resaltado es ajeno al texto)5
Para los
efectos que conciernen al estudio que nos ocupa, resulta de singular
importancia destacar que en el examen de constitucionalidad que la Corte ha
hecho, precisamente en torno al tema de la actividad legislativa penal del
Congreso, la alta Corporación ha reivindicado y erigido como fronter=
a en
el ejercicio de tan relevante actividad pública, la aplicación
del derecho criminal como última ratio, lo que implica ver a =
esta
particular forma de control social como una herramienta rigurosamente
subsidiaria y residual, esto es, sólo aplicable como una instancia
extrema, luego de verificar el fracaso de opciones de menor contenido
represivo. De hecho, el derecho penal solamente debe actuar cuando todas las
formas de control social, formal e informal, fracasaron.
Esto ha
dicho la Corte al respecto:
“Ciertamente, en virtud de la cláusula
general de competencia consagrada en los numerales 1º y 2º del
artículo 150 de la Constitución Política, al Congreso =
se
le asigna la función específica de expedir códigos en
todos los ramos de la legislación y de regular en su totalidad los
trámites judiciales, de manera que, en ejercicio de tal
atribución, éste goza de un cierto margen de autonomía=
o
configuración política, tanto para definir cuáles son =
los
comportamientos humanos que merecen reproche penal –señalando =
la
respectiva sanción e intensidad de la misma–, como para
diseñar los procedimientos que conduzcan a establecer la veracidad de
los hechos y la responsabilidad penal de quienes resulten involucrados en la
comisión de una determinada conducta delictiva. Todo ello cuando =
se
llegue al convencimiento de que es imprescindible apelar al derecho penal c=
omo
ultima ratio para defender determinados intereses jurídicos”. =
(Las negrillas no pertenecen al
texto).6
Es lo
cierto, sin embargo, que aunque de igual manera resulte obvio y natural, de=
be
recalcarse que para lograr una tarea legislativa de la forma en que con tan=
to
énfasis se demanda y adquirir legitimación en la misma, se to=
rna
imperioso procurar una información seria, que sólo puede logr=
arse
con la inversión de connotados, serios y autorizados estudios previo=
s,
que en últimas develen la necesidad de expedir leyes en materia pena=
l.
No hacerlo así, se itera, permite caer en los terrenos movedizos de =
la
improvisación, generando de contera resultados diversos a los
perseguidos.
Só=
;lo
para abundar en razones, viene bien para respaldar el anterior aserto, traer
aquí los siguientes apartes de la sentencia de constitucionalidad que
con sobrados méritos ha servido de guía a esta ponencia:
“De este modo, respetando los límites
materiales a que se ha hecho expresa referencia, y en general aquellos pres=
upuestos
que para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales señala o
describe la Constitución política, el legislador, consulta=
ndo
la exigencia de tutelar bienes jurídicos superiores, la
fenomenología social y el perjuicio o daño que algunas conduc=
tas
humanas puedan ocasionar al interior de la comunidad, se encuentra plenamen=
te
habilitado para adoptar la política criminal del Estado y, por su
intermedio, para crear o suprimir figuras delictivas, introducir
clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las
penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a
criterios de agravación o atenuación de los compartimientos
penalizados, como también para modificar y complementar los procedim=
ientos
de juzgamiento preexistentes”. (Lo resaltado no pertenece al texto).
Desde lu=
ego
que tal propósito no se alcanza si no es, en suma, “tomado =
como
referente válido las circunstancias históricas del momento y =
las
diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la
comunidad, atribuirles a una dinámica social, política,
económica e incluso cultural de permanente cambio y
evolución”.7
2. Acercamiento al concepto de
Política Criminal.
Saber ha=
cer Política
Criminal implica, huelga decirlo, saber qué es Política
Criminal. A continuación se procede a realizar un enfoque muy genera=
l de
tan polémico concepto.
Bien lo =
dice
el eminente profesor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, que pocas
expresiones han dado lugar a mayores equívocos que la de
"política criminal"8. Y en ese propósito=
de
ensayar un acercamiento al significado del tema, comienza con esta
irónica definición:
"Por
política criminal puede entenderse una "escuela" que
aspiró a entender que la política criminal era la
acción del Estado contra el crimen, conforme a los resultados de la
investigación criminológica entendida como ciencia
empírica".9
La anter=
ior
definición, nutrida de la más encarnada influencia positivista
—que naturalmente el autor no reseña como fruto de sus propias
deducciones o experiencias, ni porque la cite, comparta— sirve para
nuestros fines, en la medida en que permite identificar aquellas disciplinas
que junto a la política criminal cumplen un papel específico =
en
el ámbito de lo que podría denominarse "sistema de justi=
cia
criminal" que se construye, según Zipf,10 sobre las =
tres
siguientes bases: la criminología, el derecho penal y la polí=
tica
criminal. Algunos autores incluyen también a la penología, en=
lo
que hace alusión al derecho penitenciario o de ejecución pena=
l, que
abarca el estudio de las sanciones penales, su aplicación,
ejecución y efectos post penitenciarios.11
El papel
específico que cumple la política criminal en el esquema de l=
as
ciencias penales, es entonces, recoger los resultados a los que
llegó la criminología luego de las necesarias
investigaciones adelantadas respecto de un tema específico, efectuar=
con
ellos un estudio crítico y prospectivo de la normatividad penal
existente, como también de las instituciones encargadas de regular
determinado fenómeno social, con miras a determinar los aspectos
perturbadores o ineficaces y plantear tras de ello reformas legislativas, e
incluso directrices de hermenéutica judicial, que propugnen por la
prevención y represión efectiva del "delito". Es una
disciplina del deber ser, con fundamento empírico y con
propensión a contar con herramientas aplicables a las necesidades del
momento.
El conce=
pto
que encierra el discurso precedente, parece no tener resistencia en el
pensamiento de una gran parte de autores, que de alguna manera se han refer=
ido
al tema, a juzgar por las definiciones que proponen. Por ejemplo, Von Liszt
haciendo expresa representación de su escuela, define la polí=
tica
criminal como el "Conjunto sistemático de principios
—garantizado por la investigación científica de las cau=
sas
del delito y de la eficacia de la pena—, según los cuales diri=
ge
el Estado la lucha contra el crimen por medio de las penas y de sus formas =
de
ejecución".12 Manzini, que prefiere utilizar el
término de "política penal" dice que es "el
estudio de las posibilidades y de las oportunidades legislativas presentes,
para promover la formación de normas penales adecuadas al fin".=
13
Zipf def=
ine
la política criminal como la "obtención y
realización de criterios directivos en el ámbito de la justic=
ia
criminal" y que la dogmática penal "será en =
el
futuro lo que lleve a cabo la política criminal".14
En nuestro ámbito nacional, el ex Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia y reconocido catedrático del derecho penal, Álvaro
Orlando Pérez Pinzón atina cuando dice que la polí=
tica
criminal es la "ciencia encargada de la creación, reforma,
modificación o supresión de las normas penales, sobre la base=
de
la investigación criminológica y penológica".=
15
Por su
parte, el catedrático Fernando Velásquez Velásquez<=
/b>
toma en consideración el concepto en dos sentidos: uno amplio y otro
estricto. Por el primero, dice que "Puede entenderse la polí=
tica
criminal como la política jurídica en el ámbito de la
justicia penal". Y por el segundo, "como la disciplina que=
se
ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma más efi=
caz
posible para que pueda cumplir con su tarea de protección a la
sociedad".16 En ese orden de ideas, se fija en la
efectividad de las normas existentes y la eficacia en general de la
sanción penal, para poder emprender los correctivos a que haya lugar=
o
mantener, de acuerdo a su operatividad práctica, los instrumentos
existentes.
Deviene
claro de lo anterior, que la política criminal guarda estrecha
relación e interdependencia tanto con la dogmática penal como=
con
la criminología, que se avizora en dos frentes: una crítica y
otra constructiva. Crítica, porque analiza con fundamento
cuestionador las bases legislativas existentes, la oportunidad de implement=
ar
normas incriminadoras, la adecuación e idoneidad de las medidas
vigentes, y tras de dicho estudio, indicar los cambios o
preservación de la legislación penal operante. El oficio c=
onstructivo
de la política criminal, se desarrolla básicamente en la
formulación de reformas legislativas, en la búsqueda e identi=
ficación
permanente y constante de las formas de lucha contra los brotes de
"delincuencia".
Con lo
anterior, el derecho penal no es sino el fruto material que emana de la
política criminal. Entre tanto, la criminología se constituye=
en
el fundamento orientador del que indefectiblemente se vale la políti=
ca
criminal en el proceso de revisión y construcción de la
dogmática penal y de las instituciones utilizadas para prevenir y
reprimir el "delito".
Empero,
forzoso resulta considerar que la política criminal, como una discip=
lina
de la que se vale un Estado para acomodar su legislación penal e
institucional penal, está cargada de una importante función
crítica, y como crítica que es, no puede estar marginada de l=
as
posiciones políticas generales que inspiran un específico mod=
elo
de Estado; es como lo deja notar con razón Velásquez
Velásquez,17 la política criminal no es sino u=
na
parcela de la política general desplegada por un Estado, y siendo de=
ese
modo, mal haría en negarse una estrecha y bien dependiente
relación entre ellas. Lo importante es saber que el ámbito de
aplicación de aquella, está supeditado por los lineamientos
esbozados por ésta, en lo que atañe específicamente al
espacio de la criminalidad, de cómo prevenirla, cómo reprimir=
la y
en general cómo combatirla. Es la política estatal misma,
circunscrita al tema del delito.
Saber de=
la
aludida relación, es conocer también que si la polític=
a es
como lo dice Zaffaroni,18 "el arte de materializar la
idea", la política criminal se encarga, a través de la n=
orma
penal, de materializar la idea que una organización social tiene
respecto al concepto del delito y su manera de enfrentarlo. No en vano suce=
de,
frente a una revolución política, el advenimiento inmediato de
una adecuación normativa penal, con lo que asegura el mantenimiento =
de
sus conquistas e imprime con carácter represivo el nuevo orden.
Quiz&aac=
ute; resulten
suficientes, por su innegable elocuencia, las palabras de Manzini al
prevenir que "la política, fundando sus directrices sobre un
conjunto de concepciones patrióticas, económicas, morales,
religiosas, estéticas, científicas, etc., es la más as=
idua
fuerza vivificadora del derecho y la más rápida y atenta
indicadora de los intereses merecedores de consideración
jurídica, es la única energía que impulsa a la
formación del derecho objetivo; y a veces interviene también =
en
la aplicación y en la interpretación del mismo".
Lo anter=
ior
conduce inexorablemente a buscar respuesta a interrogantes como éste=
: Si
la norma jurídica presupone una decisión política, si =
la
ley penal es hija de la decisión política, ¿cuá=
l es
entonces esa decisión política que se hace presente en el der=
echo
penal? Una respuesta crítica a la pregunta, conduce indispensablemen=
te a
explorar las bases ideológicas en las que se construye un sistema.
Debido a
que, según lo visto, la norma jurídico penal no puede estar
marginada del contexto jurídico general de un Estado, se impone la
inexcusable obligación legislativa de adecuar su ordenamiento a los
parámetros constitucionales ubicados en la parte dogmática, q=
ue
como se sabe, vienen siendo los principios políticos que sirven de n=
orte
para toda la gestión pública, incluida, desde luego, la activ=
idad
destinada a hacer leyes. Bien sabido es, que nuestro derecho penal encuentr=
a legitimación
sólo y en sí mismo, en tanto esté destinado a la
protección de esenciales bienes jurídicos.
El anter=
ior
llamado de atención, ubica a la criminología jugando un papel
preponderante en ese estado de cosas. Entendido que el Estado utiliza la ley
como un instrumento idóneo de control social formal,
debería esperarse una política criminal rígidamente
sustentada en una criminología pasiva, acrítica y sobre todo
complaciente con el régimen. Es el papel que ha jugado la
criminología positivista, a instancia de las clases poderosas en
aquellos estados que perciben la necesidad de perfeccionar los mecanismos de
control social.20
Sin emba=
rgo,
hoy por hoy tal situación no puede ser tomada con la pasividad
conceptual que en tal discurso se percibe. Con la aparición de los
estados modernos que pregonan matricularse en el modelo de Estado "Soc=
ial
de derecho", aflora el deber de romper el paradigma tradicional que ub=
ica
la criminología y por ende la política criminal, estrictament=
e y
tradicionalmente serviles del sistema, para observarlas dinámicas,
críticas y bebiendo por obligación de la misma fuente superior
que guía a dicho Estado social.
En el
contexto de esa nueva orientación y como ya no cabe sostener el sofi=
sma
de que un delito no admite cuestionamiento alguno, porque sea una entidad
ontológica inexpugnable, y que tanto el delito como el delincuente s=
on
construcciones artificiales del propio Estado, a éste le corresponde=
en
gran medida llevar la carga como corresponsable de lo que denominó
"delito" y de las consecuencias de haber rotulado al hombre
como delincuente. Ello es así, porque en el esquema de Estado
"Social de Derecho" surge imperativa la obligación estatal=
de
velar por las garantías de todo ciudadano, sin tomar en cuenta las
desigualdades propias del manejo económico, y si las considera, debe
hacerlo para reducir la brecha formada por el reparto injusto de la riqueza=
.
Dicha
obligación implica no sólo la potestad de castigar las conduc=
tas
que el ordenamiento las considera prohibidas, sino básicamente ofrec=
er
un ambiente refractario a dichos comportamientos. Es más,
quedaría francamente en entredicho la mencionada facultad, frente=
al
incumplimiento del susodicho deber.
Si las c=
osas
son de ese tenor, la existencia de la criminología tradicional, no s=
irve
sino como una triste referencia histórica. No cabe en el esquema del
Estado "Social de Derecho" la actitud de una criminología =
que
se dedique al estudio etiológico del delito, ignorando las razones
precedentes que inspiraron la necesidad de considerarlo como tal. Las
propuestas de hoy en día, demandan de una criminología con
visión crítica, que no se detenga en el análisis
causal-explicativo del hecho punible, sino que se interne en las propias en=
trañas
del proceso de criminalización, cuestionando con reciedumbre las
agencias estatales, si éstas están simplemente conformadas pa=
ra
reprimir a toda costa y por encima de todo, aquello considerado delictuoso.=
El servi=
cio
que la criminología debe prestar en un Estado Social de Derecho, que=
en
nuestro sentir debe ser eminentemente crítico —en el sentido
estricto de la palabra— es consolidar una política criminal qu=
e no
se observe como tributaria de un esquema de injusticia social, sino todo lo
contrario, dirigida a desmontar aquellos tópicos que traducen iniqui=
dad
y selectividad. Que en consecuencia, si una práctica penal, ya sea d=
ada
por el contenido intrínseco de la legislación, o debido a
instrucciones hermenéuticas, viaja en contravía del
catálogo internacional de derechos humanos, deberá ser recons=
iderada
en su aplicación, ya sea para plantearle los correctivos necesarios,=
ora
para propender por su derogación. Sólo así, puede habl=
arse
válidamente de una verdadera política criminal, que cumple el
papel esencial de ser garante de los postulados que inspiran un Estado Soci=
al
de Derecho.
La
criminología crítica, entonces, encuentra carta de naturaleza=
en
un Estado del corte estudiado, en donde no le puede estar vedado cuestionar
formas arbitrarias y desproporcionadas de control social formal; debe ser la
piedra en el zapato, la gestión que destina sus esfuerzos a desmonta=
r la
máscara de una sociedad desigual que utiliza el poder para mantener =
el
disfrute que nace de los privilegios hegemónicos. Para ello debe val=
erse
de determinadas propuestas, como la utilización del derecho penal co=
mo "ultima
ratio", solo y en la medida del fracaso de otras instancias; y en =
ese
orden de ideas, la masiva difusión del planteamiento del "Derec=
ho
Penal Mínimo", porque la denominada "huída al derec=
ho
penal"21 o "hipertrofia legislativa"22,
lejos de cumplir con los cometidos estatales en la búsqueda de
resultados en la lucha contra el delito, ha sido factor que extrañam=
ente
y como un bumerán, rebota en contra de su lanzador.
Si luego=
de
estas consideraciones, procuramos unas normas penales coherentes con la
realidad histórico-social y económica de nuestro Estado que s=
ean
respetuosas de los valores promovidos por la orientación social de
derecho, que no son otros que la dignidad humana, la justicia real, la
libertad, la autonomía, la igualdad, la racionalidad, etc., estaremos
cerca de lograr el cambio que la criminología crítica se
encargará de procurar.
Con los
esbozos últimos, estaría más a tono la definició=
;n
que de política criminal hace el profesor Álvaro Orlando
Pérez Pinzón, cuando señala que "es el conjunto de
medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la
criminalización. (Lo resaltado es ajeno al texto).23 =
Y es
importante esta definición, porque aún siendo elemental inclu=
ye
el concepto de "criminalización", para no descuidar=
la
realidad de que dicho proceso, que hoy por hoy se encuentra bajo la
responsabilidad del Estado, es y debe ser un objetivo diario de
revisión, en el marco de una organización social que se ufana=
de
seguir pautas sociales, democráticas y de derecho, como lo pregona la
Constitución Política de 1991.
3. El
derecho penal como expresión práctica de la política
criminal.
En todos=
los
tiempos, los teóricos se han ocupado de explicar cuál =
es
ese papel fundamental y genérico que cumple el derecho en un Estado.
Abolida toda forma de arbitrariedad en el manejo del poder y de la
utilización del mismo para implantar e impermeabilizar el disfrute de
beneficios individuales, el derecho se ofrece como el instrumento que permi=
te
mantener un orden social determinado. Es el arma jurídica que suple =
la
fuerza física, aunque ésta sea su garantía de efectivi=
dad.
No existe organización social que, salvo tristes excepciones, no uti=
lice
el derecho como base sobre la cual inspire su desarrollo en un ambiente de
cordialidad y disciplina.
El derec=
ho
penal, como parte integrante del derecho en general, no puede sustraerse de
concurrir al cumplimiento de esa función. A través de la
sanción, castigando a los díscolos e inconformes con el siste=
ma y
previniendo a los demás sobre las graves consecuencias del
desobedecimiento, mantiene el orden establecido. El sistema penal es el bra=
zo
fuerte del derecho, porque en su actividad lleva implícito el
poderío del que se ha hecho titular el Estado. Es lo que se conoce c=
omo
la violencia de la amenaza penal.
Pero si =
el
derecho busca en últimas lograr la convivencia pacífica de los
asociados, el sistema penal, como apéndice que de aquél es, no
obstante su potencial capacidad de causar daño y sufrimiento, delimi=
ta
su accionar al mandato de los postulados que gobiernan a un Estado, si es de
"Derecho", y mucho más, si es "Social de Derecho"=
;,
pues entonces no basta pregonar la consignación formal de
garantías a los ciudadanos, sino que debe constatar que dichas
garantías se lleven a cabo real y materialmente. Es la búsque=
da
del desarrollo humano, dentro de un ambiente de respeto a las condiciones
consustanciales del hombre, que el Estado debe procurar, bajo riesgo de cae=
r en
el despotismo y la arbitrariedad.
Siendo
así, resultaría simplemente contradictorio que mientras el Es=
tado
a través del derecho intenta el libre desenvolvimiento del ser human=
o,
por el mismo derecho (el penal), se encargue de desconocer sus potestades y
derechos fundamentales. Es por eso, que hoy se habla de que el derec=
ho
penal debe indefectiblemente circunscribir su actividad al marco de respeto=
y
consideración con los derechos humanos. Es la humanización del
brazo fuerte y violento del derecho.
Por las
mismas razones los estudiosos le atribuyen al derecho penal unas funciones,=
que
a pesar de su naturaleza intrínseca de lesividad, no desdibuja su
proveniencia y ubicación, como parte del derecho en general. Alf Ros=
s,
dice que "la técnica del derecho es empleada para la
solución de problemas sociales, cualquiera sea el objetivo de
estos...".24 En la misma línea Enrique Bacigalup=
o,
enseña que "la normatividad penal forma parte de los mecanis=
mos
sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos
individuales en la vida social".25 Muñoz Conde s=
ostiene
que "La norma jurídica penal pretende la regulación de
conductas humanas y tiene por base la conducta humana que pretende
regular..."26. Fernández Carrasquilla, por su pa=
rte,
sustenta que con el derecho penal detrás del castigo "...se
previenen los nuevos atentados, no solo por la intimidación que la p=
ena
genera en quien la sufre y en sus coasociados, sino también porque p=
or
medio de la conminación y ejecución de las penas preforma y
refuerza en la comunidad la conciencia de los fundamentales valores de la
convivencia".27
Empero, =
otra
cosa es lo que se evidencia en torno al tema de la criminalización
desmedida de comportamientos. La tendencia legislativa advertida en los
últimos tiempos, dirigida a la creación constante de delitos,=
al
aumento no meditado de penas y al recorte sistemático de beneficios
judiciales, no ha atajado el creciente estado de descomposición que
reina en Colombia. Quizás el ejemplo más elocuente esté
dado en el fenómeno del secuestro, delito atroz y abominable que no
para, pese a las altísimas penas contempladas para sus ejecutores.
4. El contexto social y las causas
particulares que generan el fenómeno criminal, como referente obliga=
do
para el ejercicio legislativo en materia penal.
Se sosti=
ene,
con toda razón, que las normas jurídicas van de la mano con el
desarrollo social. O mejor: que el derecho es reflejo de los sucesos social=
es,
en tanto que su encargo es el de regular las conductas en la sociedad, a ef=
ecto
de lograr la convivencia pacífica. La medida de la necesidad
jurídica, la impone la necesidad social. Si el derecho se queda cort=
o,
deviene el caos, el desorden y la anarquía; si hay desborde,
naturalmente existe uso arbitrario del poder de legislar y el Estado se
torna despótico.
Con lo
anterior, se deduce que el legislador de un Estado, para guardar el equilib=
rio
entre la necesidad social y la jurídica, no puede echar a un lado el
conocimiento de las particularidades sociales, pues que ellas determinan el
alcance de la potestad de legislar. Empero, ese conocimiento no puede queda=
rse
en el plano simplista de las suposiciones, en tanto que debe fundarse en las
conclusiones derivadas de estudios llevados a cabo con la mayor seriedad
científica.
Dada su
capacidad intrínseca de lesividad, el derecho penal, más que =
otros,
requiere del conocimiento científico de las circunstancias sociales =
en
que el suceso a reglamentar se desenvuelve. Convertir una conducta en delit=
o,
entonces, implica saber de su necesidad, concluir en que no existen mecanis=
mos
alternos y menos severos para resolver el conflicto, pero por sobre todo,
conocer los orígenes y ambiente en que se desarrolla, bajo riesgo de
implantar soluciones equivocadas. No olvidar que el Estado a través =
de
su normatividad legal, busca incesantemente el orden y la disciplina social=
.
Una de l=
as
grandes críticas que se han hecho a estados como Colombia, es su mar=
cada
tendencia a buscar el derecho penal, cada vez que se asoma un suceso social=
que
demande intervención oficial. Es el instrumento de control por
antonomasia. Previo al procedimiento de creación de normas penales, =
no
existen estudios serios que hablen sobre su necesidad o rechazo. Tal
circunstancia, sucedida de espaldas a la realidad social, fatalmente
muestra su fracaso. Es la consecuencia obvia de la improvisación.
El profe=
sor José
Francisco Martínez Rincones, toma una cruda radiografía d=
el
actuar legislativo en los países occidentales, cuestionando con
severidad la manera como se hacen las leyes penales, a despecho de los
requerimientos sociales, que claman por la mesura. El desconocimiento de la
realidad social, en la formación de las leyes penales, llevan a los
estados a olvidar también que hay otras formas de atacar los
fenómenos que atentan contra la sociedad establecida, dentro de las =
cuales
se erige como la más adecuada la política de prevenció=
n.
En alguno de sus apartes, Martínez así se manifiesta:<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast=
-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:ES'>
"En=
su
vieja contumaz lucha contra la delincuencia el Estado ha fracasado. El estu=
dio
científico de las particulares razones de esta derrota pudiera gener=
ar
un interminable documento; sin embargo, puede decirse en resumidas cuentas,=
que
este fracaso se debe a la ausencia de una científica y evidente
política criminal fundamentalmente preventiva".28
Para el =
caso
de Colombia, explícitamente Pastor Alberto Acevedo, culpa a l=
os
juristas de desconocer la realidad social, cuando de crear leyes de tipo
criminal se trata y por ende les atribuye responsabilidad en los fracasos de
las mismas. Estos son algunos de sus esbozos:
"Una
primera consecuencia es ya posible plantear: al encomendar el Estado a los
juristas y abogados la misión de hacer las leyes (códigos,
decretos, etc.), le ha entregado la elaboración de normas para aplic=
ar
en el país, a quienes no conocen la realidad de este país, a
quienes carecen de una mínima solvencia teóricas en otras
disciplinas, que de tenerla, les posibilitaría comprender la realidad
para la cual elaboran las normas. En este trabajo quiero afirmar que la
normatividad vigente en el país, está totalmente desfasada de=
la
realidad en la cual sirve, como mandato para la administración de
justicia penal".29
En el pl=
ano
de la violencia, que resulta ser una triste realidad en nuestra patria,
Acevedo hace esta consideración:
"No es de extrañar, entonces, que los
escenarios donde se discute hoy sobre la violencia, sus causas y soluciones,
los abogados y los juristas, cuando se presentan, lo hagan llevando
únicamente propuestas de expedición de leyes y decretos, y
fundamentos con una profunda elaboración teórica, para modifi=
car
códigos y reglamentos. Los abogados, en su formación y a
consecuencia de ella, han sido por completo enajenados de la realidad para =
la
cual legislan, o en la que ejercen la función de administrar justicia
penal".30
Adiciona=
lmente,
una concepción seria del problema, como presupuesto inexorable en la
búsqueda de soluciones, debe ser —sin olvidar otros
requisitos— la evaluación de las causas que lo generan. Si se
ignoran los motivos que causan el fenómeno, válidamente no se
pueden exponer respuestas. En ese orden de ideas, se toma indispensab=
le
explorar los terrenos interiores del hombre colombiano, sumido tradicionalm=
ente
en una violencia sin cuartel, que de alguna manera toca a todos. Por ese es=
tado
de cosas, no puede desprender el investigador de su agenda, la posibilidad =
de
deterioros psicológicos en las personas, que a costa de observar
violencia por doquier, adquieren una predisposición a desarrollarla =
en
su medio.
Si admit=
imos
esto como posible, de igual manera debemos aceptar que el tratamiento estat=
al
no puede ser exclusiva y excluyentemente punitivo. Mas, si acaso se impone =
al
fin la necesidad de acudir al expediente de hacer leyes penales, que ello s=
ea
el fruto de estudios realizados con la suficiente seriedad, que acons=
ejen
obrar de esa forma porque se concluye que no existen mecanismos alternos de
solución y que no implique improvisación o abuso de la
función legislativa.
a. El control social como objetivo =
de
mesura en la función legislativa penal.
"En=
tendemos
por CONTROL SOCIAL al conjunto de sistemas normativos e instituciones que
permiten, mediante estrategias de socialización y procesos selectivo=
s,
asegurar la fidelidad o el sometimiento de las personas a los valores del o=
rden
social preestablecido".31
Para log=
rar
tales cometidos, se acude fundamentalmente a dos formas de intervenci&oacut=
e;n:
una, la denominada primaria o de control informal, que está a cargo =
de
ciertas instituciones, no directamente vinculadas con la función ofi=
cial
del Estado y que tienen cobertura hacia toda la colectividad. Trabajan en e=
se
campo, la religión, la familia, el estamento educativo, el sistema
laboral, etc. Su rol se sintetiza en la invitación a la sociedad para
que ésta acoja ciertas normas de carácter abstracto, generalm=
ente
de índole moral, con la enunciación de recompensas, igualment=
e de
carácter abstracto e impersonal. El premio por el acato a esas
genéricas disposiciones, se visualiza en la conquista del cielo, los
ascensos, un status, etc.
Mientras=
la
colectividad se ciñe a los parámetros de conducta que fijan e=
stas
instituciones, existe paz y armonía, pero sobre todo, resulta
innecesario implantar instrumentos de otra especie, que pueden resultar, al
contrario, contraproducentes. Solo en la medida en que fallen estos inicial=
es
mecanismos de control social, se acude a la llamada "Socializaci&oacut=
e;n
Secundaria" o control formal, que ya no está dirigida a toda la
sociedad, solamente a los pequeños grupos disidentes, pero en lugar =
de
gratificaciones etéreas, se impone un castigo. Las leyes, la
prisión, el ejército, la policía, los manicomios, los
ancianatos, las instancias judiciales, etc., son ejemplos de esta forma de
socialización.
De lo di=
cho,
surge una conclusión natural: las formas de control social formal,
representan la actitud extrema del Estado, en tanto que no se justifica su
aplicación, sino en la medida en que la "Socialización
Primaria" resulte ineficaz. De este modo, frente a la aparición=
de
fenómenos sociales que ofrecen peligro a la estabilidad de un orden
establecido, habrá de verse al Estado, ante todo y sin apresuramient=
o,
imprimiendo énfasis a formas que regulen la situación, a
través de instancias diferentes a la leyes, porque éstas, com=
o ya
se dijo, forman parte de los instrumentos directos (formales) de control. La
utilización desmedida de estos mecanismos, llevan al desprestigio de=
los
mismos y revelan debilidad en el sistema establecido.
Siendo
reales, no se tiene datos que informen que a la penalización recurre=
nte
de conductas en Colombia, le haya precedido una actitud estatal dirigida a
controlar el fenómeno a través de otras vías. De
allí, que se quede sin conocer si mecanismos alternos pudieron servir
para atajar el problema.
5. La
función legislativa debe estar enmarcada dentro del concepto de
“derecho penal como última ratio”.
Desde ha=
ce
ya algún tiempo, los teóricos vienen cuestionando la manera
cómo algunos estados acuden desproporcionada e innecesariamente a la
creación de normas penales y al aumento inusitado de sanciones. Tras
develar los abusos, inconsistencias, causación de daños
irreparables tanto para la víctima como para el victimario y en gene=
ral
para todos los intervinientes y sobre todo la ineficacia en el propó=
sito
que inspiró la legislación, se han planteado teorías q=
ue
van desde la propuesta abolicionista, hasta otras menos radicales pero
sí más conciliadoras, como las del "Derecho Penal
Mínimo"; esta última, aún compartiendo los argume=
ntos
de los abolicionistas, proponen la existencia del derecho penal, pero lo
supeditan a extremas necesidades32. Hoy se habla de un derecho p=
enal
que sustenta su existencia en los derechos humanos".33
Al marge=
n,
parece tener mayor receptividad, al menos en el ámbito iberoamerican=
o,
la teoría que admite la existencia del derecho penal, pues que el
abolicionismo es propuesta inaplicable. En todo caso, en consideración
a los datos empíricos, nadie parecería que admitiera un
tratamiento punitivo a ultranza, de los fenómenos sociales a regular=
. La
despenalización, la descriminalización, el derecho penal como=
última
ratio, la conciliación, son entre otros, mecanismos que se
desprenden de la necesidad de evitar el tratamiento penal a los conflictos
sociales presentados.
Una fras=
e de
Foucault resume el porqué el sistema penal y la cárcel c=
omo
su presupuesto, resulta altamente inconveniente por ineficaz. Dice el maest=
ro: "Las
prisiones no disminuyen las tasas de criminalidad: se puede muy bien
extenderlas, multiplicarlas o transformarlas, y la cantidad de críme=
nes
y de criminales se mantiene estable o, lo que es peor, aumenta...".
Ya se hi=
zo
referencia supra, sobre la infortunada tendencia del Estado colombia=
no
de orientar su política criminal a la creación desmesurada de
delitos, el incremento desmedido de penas y el recorte inusitado de
prerrogativas procesales, aspectos que preocupan no solamente porque van en
contravía de orientaciones teóricas de la modernidad que
aconsejan el ensayo de alternativas menos severas que el derecho penal, sino
que atentan contra una filosofía de Estado plasmada en el Acto
Legislativo 03 de 2002, con la creación del nuevo sistema penal
acusatorio, cuya vigencia y eficacia están basadas en el denominado
“Derecho Premial”, que implica, indefectiblemente, la
concesión de beneficios para quienes son procesados a cambio de que =
su
asunto se termine por las vías abreviadas.
Por lo
demás, lejos de ser real que un Estado que acude con tanta recurrenc=
ia
al derecho y particularmente al derecho penal sea fuerte, lo que desnuda es=
una
fatal debilidad, merced a que sólo puede conjurar sus problemas echa=
ndo
mano a su sistema jurídico represivo.
6. HACIA LA
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL.
De lo
expuesto a lo largo de esta ponencia, pueden extraerse las siguientes
convicciones, surgidas solamente de un franco acto de contrición y d=
e la
verificación palmaria de una realidad vivida:
1. El Estado colombiano ha tenido u=
na
tradición legislativa dirigida a la huida al derecho penal; esto es,=
ha
adoptado una dirección inequívoca hacia la creación
sistemática e incontenible de delitos, al incremento de inusitado de
penas y a la supresión de beneficios judiciales.
2. Constituye una verdad incontrast=
able
que la sociedad ha incubado sin reticencia en su mente, la equivocada
idea de considerar al derecho penal – y a la cárcel como su
natural consecuencia – como la única herramienta estatal para
enfrentar las agudos y diversos problemas que azotan y de vieja data a la
patria.
3. Que por esa senda y debido a lo
antedicho, se ha convertido en una actitud recurrente en el Congreso, la
presentación, igualmente sistemática y recurrente, de proyect=
os
de leyes dirigidos a reformar el sistema penal.
4. Que tales proyectos se convierten
con relativa facilidad en leyes de la República, sin que les haya
precedido un estudio serio sobre las causas que generaron la
problemática puesta a consideración; cuando mas, todo queda en
una breve discusión en las Comisiones y en la Plenaria, donde
generalmente, con la sola base teórica, se magnifica el fenóm=
eno.
5. Hay que decirlo con contundencia:
dichas leyes no revelan un diagnóstico que haya surgido de una
investigación criminológica y no se ocupa, por ese mismo moti=
vo,
de hacer un pronóstico sobre su utilidad práctica.
6. Y, finalmente, que como consecue=
ncia
de esa actitud oficial, hoy por hoy contamos con unos códigos, ricos=
y
prolijos en normas – lo cual no deja de ser un inconveniente incluso =
para
los efectos de la aplicación judicial – pero que acusan carenc=
ia
de efectividad, a juzgar por la reiteración en la comisión de
delitos.
Ahora qu=
e,
si de buscar las causas generadoras de las mentadas situaciones se trata, no
vacilamos en decir que las mismas se ubican en la inexistencia de un
diseño de políticas públicas encaminadas a enfrentar l=
as
diversas expresiones delincuenciales; más claro: salvo que se consid=
ere
suficiente argumento mencionar que en Colombia sí se combate los del=
itos
y se hace a través de la criminalización constante de
comportamientos o el incremento de penas o, se itera, recortando
sistemáticamente privilegios judiciales, no resulta aventurado concl=
uir
que nuestro Estado carece de política criminal, lo que deviene no
solamente preocupante, sino ciertamente peligroso para los propósitos
del control social.
Conspira
para que ello se de, la manera cómo se encuentra establecida la
distribución funcional, respecto al tema de política criminal=
. Si
bien es verdad, como no puede desconocerse, que en la estructura de un Esta=
do
de derecho, corresponde al Congreso, mediante su rol de legislar, desarroll=
ar
las políticas necesarias para enfrentar el delito, también lo=
es
que resulta una imposibilidad física que se ocupe de hacerlo de la f=
orma
como se ha intentado explicar en esta ponencia. Las inmensas y variadas
responsabilidades que le asisten, impiden el cumplimiento de esas necesaria=
s demandas.
De allí que encuentre explicación el suceso de acuerdo con el
cual, los proyectos de ley en materia penal sean aprobados sin mayores
resistencias, echando de menos las indispensables discusiones en la profund=
idad
que ameritan.
Pero tal
entuerto puede ser superado: el sistema jurídico cuenta con la
estructura orgánica necesaria para aspirar no solamente a establecer=
un
diseño de una verdadera política criminal de estado, sino a
contribuir de manera determinante en el buen desarrollo práctico de =
la
misma.
Como se =
sabe,
existe el denominado Consejo Superior de Política Criminal y
Penitenciaria, el cual, según el querer de la Ley 888 de 2.004, que =
en
lo concerniente al tema modificó el Decreto 200 de 2.000, está
conformado por el Ministro del Interior y de Justicia; el Presidente de la =
Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente del Consejo Superior d=
e la
Judicatura; el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de=
la
Nación; el Defensor del Pueblo; El Director General de la Polic&iacu=
te;a;
el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; el Director =
del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC; el Director de Instit=
uto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; dos (2) Senadores y cuatro (4)
Representantes a la Cámara pertenecientes a las Comisiones Primera y
Segunda.
Como pue=
de
notarse, este grupo luce propicio para efectos de abordar la responsabilidad
que se le encarga, puesto que aunque representantes vivos de instituciones o
entidades con funciones rigurosamente diferentes, sin embargo los acoge la
comunidad de un fin: todos, de alguna manera y el ámbito de sus role=
s,
confluyen en el propósito de ejecutar las políticas destinada=
s a
enfrentar la delincuencia. Quizás, dicho de paso, pensamos que queda=
ría
faltando la presencia siempre dinámica, ilustrativa y trascendental =
de
la academia.
Empero, =
lo
que se cuestiona es que un grupo de semejante talante no esté ofreci=
endo
el aporte social que potencialmente está en capacidad de dar. Las
excelsas calidades de esa pléyade, están llamadas a
desempeñar un papel de mayor relevancia que el de simple
asesoría, nada vinculante en el ejercicio legislativo en materia pen=
al,
como está dispuesto en el ordenamiento actual.
En la ta=
rea
de lograr el mayor acierto posible en la construcción de esta propue=
sta,
hemos recabado la opinión de muchos sectores involucrados en el
tratamiento del problema, y hemos recibidos valiosísimos puntos de
vista, como el contenido en el aporte del Presidente de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, e integrante del =
Consejo
Superior de Política Criminal y Penitenciaria, quien ademá=
;s
de expresar preocupaciones en el mismo sentido de la presente iniciativa,
sugiere la necesidad de que el Consejo Superior de Política Criminal=
y
Penitenciaria, sea órgano consultivo necesario, en el tema de
política criminal del Estado.
Es
interesante destacar varios apartes que reflejan la confluencia de
preocupaciones entre la Sala de Casación Penal de la Corte, el actual
Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria y el suscrito
Senador, como el siguiente:
“P=
or
lo tanto, es en extremo conveniente que se incorporen previsiones
constitucionales que hagan obligatoria la opinión del órgano
especializado, a fin de evitar tramitaciones parlamentarias sobre temas pen=
ales
por vía de urgencia, o eludiendo trámites del procedimiento
legislativo normal, en especial cuando se evidencie una estrecha
relación temporal con sucesos aislados que hayan causado un fuerte
impacto o alarma social.
Ello, pa=
ra
erradicar esa especie de propuesta al mejor postor que incluso con fines
propagandísticos o claramente electorales, hoy en día pululan,
aprovechando el impacto inmediato de casos aislados y el natural escozor que
producen, y que facultan de cualquier ciudadano, informado o no, sin la
existencia de estudios previos o adecuados, postular incrementos
descontextualizados de penas o, incluso reformas constitucionales para
habilitar penas permanentes o la de muerte, afortunadamente proscritas de
nuestro ordenamiento penal e incluso, respecto a la máxima pena,
imposibilitadas de reimplantar ante las exigencias de instrumentos
internacionales ratificados por Colombia, en particular la Convención
Americana de Derechos Humanos.”
Proponem=
os,
entonces, como primera medida, el establecimiento como función del
Consejo, el de elaborar un diseño de política criminal, que d=
ebe
ser conocido por el Congreso de la República y que se constituya una
especie de carta de navegación sujeta a los postulados que emergen d=
e considerar
al derecho penal como última ratio y que incluya,
obligatoriamente, políticas públicas de prevención del
delito vía educación pública, y que sea objeto de
revisión constante por parte del mencionado organismo.
De otro
lado, para el desarrollo práctico de la política criminal, qu=
e se
supone ya diseñada por ese organismo superior, proponemos que todo
proyecto de ley que pretenda la creación de nuevos tipos penales, el
incremento de penas y el recorte o limitación de beneficios judicial=
es,
sea sometido de manera obligatoria al estudio del Consejo Superior de
Política Criminal, organismo que emitirá concepto lue=
go
de realizar, para el caso concreto, estudios relacionados con las causas
sociales, económicas, culturales y todas los factores incidentes en =
la
aparición del fenómeno, y de las secuelas que el delito deja =
a la
sociedad, comenzando por la situación de las víctimas directas
del acto delincuencial, de las propias familias del delincuente, —que
también son víctimas indirectas no solo del delito sino de la
represión del mismo—, y de la sociedad en su conjunto.<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast=
-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:ES'>
En todo
caso, la emisión de tales leyes deberá sujetarse a los
principios de racionalidad, igualdad, necesidad, proporcionalidad y util=
idad,
valga decir, de los principios orientadores de toda política criminal
estatal.
Resumien=
do:
Esta propuesta busca constitucionalizar la política criminal =
en
Colombia.
Para su
concreción, ponemos a consideración del Congreso de la
República esta reforma constitucional.
PARMENIO
CUELLAR BASTIDAS ______________________
Senador =
de
la República